El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reiteró su petición de sancionar a Venezuela. En un nuevo informe presentado la semana pasada, el funcionario del organismo hemisférico pide que se aplique al país sudamericano el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que suspendería la participación venezolana en las actividades de la OEA.

El referido artículo establece suspender como miembro de la OEA a cualquier país donde haya habido algún “rompimiento del orden democrático”.

Para Almagro, la polarización política y las dificultades para realizar un referendo revocatoria son motivos suficientes para expulsar a Venezuela de la OEA. En su informe, el funcionario de origen uruguayo exige que el país bolivariano realice elecciones generales en un plazo de 30 días.

Se entiende que hay un “rompimiento del orden constitucional o democrático” cuando se da un golpe de Estado, al margen de si éste es duro, suave, militar, civil, parlamentario, judicial o mediático. Pero esto no ha sucedido recientemente en Venezuela, por tanto, son cuestionables los argumentos del secretario de la OEA para querer intervenir en la política interna de la nación sudamericana.

Con toda razón, el gobierno venezolano y diferentes sectores de la izquierda latinoamericana consideran “injerencistas e intervencionistas” las pretensiones de Almagro.

Pero además de “injerencista e intervencionista”, la moción del secretario general de la OEA es hipócrita y de doble moral: hay países donde sí es evidente la ruptura del orden democrático, pero en estos casos Almagro no ha pedido que se aplique la Carta Democrática Interamericana.

Uno reciente es Brasil: el senado brasileño, en confabulación con el poder judicial, le dio golpe de Estado a la presidenta constitucional Dilma Rousseff. En agosto de 2016 la mandataria electa democráticamente por 54 millones de votos fue destituida por un pandilla de vándalos políticos que ahora cínicamente reconocen que no había razón legal; pero Almagro y la OEA lo avalaron.

Y un caso actual es Honduras: el presidente del país centroamericano Juan Orlando Hernández logró reformar la Constitución para reelegirse en el cargo, gracias a que controla el Congreso, la Corte Suprema de Judicial, la Fiscalía y demás instituciones estatales. Sin embargo, el flamante secretario general de la OEA no dice nada al respecto.

Así que a Almagro le preocupa la democracia en Venezuela, pero no en Brasil ni en Honduras. Por eso, su posición política contra el país bolivariano es hipócrita y de doble moral.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)