Algunos piensan que lo más difícil en la terminación de un conflicto interno armado es llegar a unos acuerdos entre las partes enfrentadas. Lo que muestra la experiencia internacional y también la colombiana, es que lo más complejo es la implementación de los acuerdos una vez firmados por las partes en conflicto. Y como lo ha dicho el jefe negociador Humberto de la Calle, no sería ético firmar un acuerdo con una guerrilla para desarmarla y luego incumplirle los acuerdos.

Para coordinar esto se conformó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). El balance es de este tipo: 1) en el Congreso avanza, con dificultades hay que reconocerlo, la implementación jurídica de los Acuerdos –traducirlos en leyes y reformas constitucionales en lo pertinente-, la Justicia especial para la Paz le falta una última aprobación en Cámara; está comenzando su trámite el Estatuto de Oposición; todavía no se inicia el debate de las Circunscripciones Territoriales Especiales para Cámara de Representantes y se estaría pendiente de las reformas que recomiende la Misión Especial Electoral.

2) Respecto a la concentración de los miembros de las FARC y el proceso de dejación de armas, el calendario, a pesar de los retrasos en la adecuación de las Zonas Veredales de Transición hacia la Normalización, anda en los tiempos establecidos. Ya lo relacionado con el proceso de reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil va a depender en buena medida del Censo socio-económico que está establecido y que hará la Universidad Nacional en las próximas semanas.

3) Sobre los programas de sustitución de cultivos ilícitos y de desarrollo alternativo, así como  los programas de desarrollo rural con enfoque territorial -que van a beneficiar a los pobladores de los territorios-, todo indica que el tema está crudo –hay unos documentos de compromiso con familias campesinas en los territorios para erradicación voluntaria de cultivos de coca, pero no está claro la disponibilidad de los recursos para los mismos-, y los programas de desarrollo rural con enfoque territorial están difusos o solo en el papel. Igual parece suceder con el desminado humanitario.

La esperanza es que se posesione el General® Oscar Naranjo como nuevo Vicepresidente de la República y él, por delegación del Presidente, asuma la dirección de estos programas y le dé una conducción adecuada a los mismos, con un renovado compromiso y voluntad política de cumplimiento.

Un factor muy importante es el apoyo de la sociedad a los mismos. En sociedades polarizadas, como la colombiana, es fundamental continuar con la tarea de apoyo a los acuerdos y de pedagogía de los mismos, actividad a cargo de las dos partes, Gobierno y FARC, no solo haciendo labor educativa, sino con su actitud y comportamiento, pero también de los sectores sociales que consideran que dichos acuerdos es lo que más le conviene a la sociedad; al respecto, continuamos con una situación similar a la que existía previo al plebiscito del año anterior: los adversarios de los acuerdos siguen con un campaña clara y contundente en contra -aun acudiendo a información no verdadera-, mientras que los sectores que los apoyan siguen teniendo comportamientos y actitudes vacilantes, a veces contradictorios y por consiguiente eso se le trasmiten al ciudadano del común.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia.