En cumplimiento de los Acuerdos suscritos el pasado 24 de noviembre entre el Gobierno y las FARC-EP se instaló una Misión Electoral Especial que en cumplimiento de sus funciones entregó el pasado 24 de marzo en la ciudad de Cartagena una primera propuesta para el debate con los partidos políticos y el Gobierno Nacional además de invitados internacionales sobre lo que considera deberían ser las reformas políticas necesarias para ampliar y profundizar la democracia.

Los problemas del sistema electoral colombiano han estado desde hace muchos años en el centro del debate. Los principales tienen que ver con la corrupción que proviene del financiamiento de la actividad política de manera ilegal o bien porque son recursos que provienen de organizaciones criminales como el financiamiento de la campaña electoral en el año de 1994 que comprometió la campaña del presidente Ernesto Samper Pizano; luego en al año 2002 el financiamiento y apoyo de los grupos paramilitares tanto a la campaña del presidente Álvaro Uribe que la organización electoral y la Fiscalía General de la Nación nunca asumieron y que se centró en el financiamiento y apoyo de dichos grupos a distintas campañas al Congreso de la República que dio como resultado el proceso comúnmente llamado de la parapolítica que terminó con la pérdida de la investidura y la condena a 63 parlamentarios y más recientemente la captación de dineros provenientes de la multinacional brasilera Odebrecht de forma ilegal a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010 y a las campañas del propio Juan Manuel Santos en el año 2014 como también a la campaña del candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga en el mismo año. Hay también una crisis en la representación de los territorios periféricos que ha llevado a que unos 13 departamentos del país carezcan de representación en el Senado de la República.

Un tercer problema tiene que ver con la lentitud y la impunidad que caracteriza el sistema electoral colombiano y sus diversos organismos. Esta lentitud esta atribuida a un sistema electoral disperso en que un Consejo Nacional Electoral elegido por el Congreso se muestra totalmente incompetente para resolver las denuncias dada su composición y una lentitud que rayana con la impunidad de la sección quinta del Consejo de Estado amen de las denuncias por parcialidad en el organismo técnico que es la Registraduría Nacional del estado civil que además de la organización de los comicios electorales tiene la función de garantizar la identidad de los colombianos. A pesar de una sentencia de la Corte Constitucional que en el año 2009 ordenó el desmonte del bipartidismo en la Registraduría este fallo apenas se ha cumplido a medias y se siguen presentando denuncias por hechos de corrupción en los certámenes electorales.

Pero también se ha estimado que la introducción en el año 2003 de las listas abiertas con voto preferente que debilitó aún más a partidos políticos aquejados de una crisis de legitimidad creciente que se profundizó con esta reforma. De contera la introducción de esta reforma profundizó la crisis en el financiamiento de las campañas toda vez que cada candidato al Senado de la República debe organizar una campaña nacional para que el elector lo identifique y pueda sufragar por él, lo que aunado a la privatización de la radio y la televisión llevó los costos de las campañas a limites realmente inmanejables. Se habla por ejemplo que una campaña electoral para el senado de la República en un departamento como Córdoba puede llegar a valer hasta 10 mil millones de pesos. Con este sistema los partidos se convirtieron en rehenes de los parlamentarios y los militantes cada vez más escasos cuentan con muy pocos derechos lo cual aleja a los ciudadanos de la militancia partidista.

Las propuestas               

La propuesta de la Misión Electoral Especial se concentra en tres ejes centrales: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral. En su informe la Misión Electoral Especial señala que su propuesta busca: construir organismos electorales sólidos, legítimos y profesionales; mejorar la calidad de la representación política, con énfasis en las oportunidades para jóvenes, grupos étnicos y mujeres; impulsar un sistema de organizaciones políticas fuertes, menos personalista y clientelista, y abierto a nuevas expresiones políticas; promover un sistema de financiamiento que reduzca los costos de la actividad política, genere transparencia, controles, y aumente la proporción de la contribución del Estado; establecer un sistema electoral más sencillo para la ciudadanía, los candidatos, y los organismos electorales, que incentive la participación.

En materia de autoridades electorales la propuesta de la Misión propone la creación de dos instituciones electorales una administrativa que en la propuesta se llama Consejo Electoral Colombiano que asume funciones técnicas, logísticas y administrativas de planificación, organización y ejecución del proceso electoral con presencia territorial permanente, departamental y municipal: administra el Registro Civil, el padrón electoral y el padrón de militantes; que se encargue además de educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados; controle el financiamiento de la política y estaría conformado por una directiva de cinco miembros de origen no partidista (8 años, ternas y cooptación, equilibrio de género).

Un segundo organismo propuesto es de carácter judicial, la Corte Electoral encargada de la totalidad de la jurisdicción electoral, integrada en la rama del poder público, judicial y con plena autonomía. Resolvería el contencioso electoral según las exigencias de la justicia electoral: especialización, plazos cortos, doble instancia en los casos que así lo requieran. Sería el árbitro en las disputas partidistas, define la separación definitiva del cargo, pérdida de la investidura, pérdida del cargo de los elegidos por voto popular. Estaría compuesta por 6 tribunales regionales con 3 magistrados de carrera y en la cúspide nacional por cinco magistrados de origen no partidista (8 años, ternas y cooptación, equilibrio de género). Las ternas serían enviadas el Senado de la República una por el Presidente de la República y dos por la Corte Constitucional. Los tres magistrados así elegidos nombrarían  a los dos restantes.

En materia del sistema de elección la Misión propone que se mantenga la circunscripción nacional con 100 senadores, elegidos en lista cerrada y bloqueada, mediante el método de representación proporcional. El financiamiento y las campañas estarían de esta forma centradas en los partidos y no en los candidatos y contaría con un fuerte financiamiento estatal. La novedad aquí es la introducción de la lista cerrada y la consiguiente eliminación de las listas abiertas con voto preferente.

En la Cámara de representantes se propone elevar de los 168 que actualmente la componen a 200 diputados elegidos departamentalmente (mínimo 4 representantes) con la introducción de un sistema mixto y de representación proporcional, que combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, con base en los parámetros definidos en la ley. Aumento de la representación femenina mediante un incremento de la cuota de género que tienda hacia la paridad, alternancia y universalidad y mayor apoyo financiero y de formación política en los partidos.

La propuesta de crear un Consejo Colombiano Electoral que asuma las labores y los asuntos administrativos de los procesos electorales me parece que elude el problema principal que es el del establecimiento de mecanismos efectivos de control y sanción para aquellos partidos que violen las reglas electorales. En este sentido me parece que tiene razón  el presidente de la República cuando ha llamado a que la Misión proponga la integración de un organismo administrativo con dientes para controlar el financiamiento ilegal de las campañas políticas en todos los niveles y también por supuesto que controle los topes electorales que deben ser revisados para que sean realmente adecuados a los costos de las campañas. Hoy esos topes están subvaluados. Tampoco ha sido de buen recibo que este Consejo Electoral sea la junta directiva de la Registraduría Nacional lo cual le restaría agilidad al momento de organizar los comicios electorales. La Registraduría podría estar adscrita a este Consejo Electoral pero debería contar con un Registrador que mantenga las funciones ejecutivas que hoy tiene. Lo que se precisa son mecanismos para que haya más transparencia en la contratación pública que dicho organismo desarrolla y la profesionalización de carrera en todos los niveles de dicho organismo. Hay que terminar de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional del año 2009.

En cambio me parece totalmente pertinente la conformación de una Corte Electoral que debería formar parte de la rama judicial del poder público. También encuentro pertinente la conformación de los seis tribunales electorales regionales. La propuesta encontrará múltiples obstáculos sobre  todo en el Congreso que está muy satisfecho con que en la práctica no haya justicia electoral y también la férrea oposición del Consejo de Estado que no quiere perder estas atribuciones. Si algo hay de valioso y pertinente en las propuestas de la Misión Electoral Especial es esta propuesta de conformar una Corte Electoral.

También es pertinente la propuesta de mantener la circunscripción  nacional para la elección del  Senado de la República y la propuesta de listas cerradas y bloqueadas con mecanismos internos democráticos en los partidos para la conformación de las listas. Esto llevaría a una disminución significativa de los costos de las campañas políticas al tiempo que fortalece la organización de los partidos políticos y el papel de los militantes en los mismos. Sin embargo y como hemos propuesto en otras ocasiones si se quiere una disminución significativa de los costos de las campañas se hace necesario que se preserven espacios en la franja prime time en los canales de televisión y en las frecuencias de radio. Esta medida es urgente y necesaria como lo hizo México. Sobre esto nada dice la Misión y a mi juicio es un vacío muy significativo en su propuesta.

No veo afortunada la propuesta de aumentar el número de representantes a la Cámara no solo por lo impopular de la propuesta sino porque quiere aumentar la representación de los departamentos de la periferia del país que contarían con un mínimo de cuatro representantes. Esto es importante pero debería hacerse restando la representación de los departamentos y del Distrito capital que son los que mayor representación tienen. Tampoco encuentro afortunada la  propuesta de conformar circunscripciones electorales uninominales que fortalecen las representaciones individuales y debilitan a los partidos políticos.

El financiamiento de la política          

En esta materia la Misión no arriesga ni aporta mucho a lo que ya existe y que no funciona bien. Hoy el financiamiento es preponderantemente estatal con un aporte del 90% mientras que los aportes individuales privados a las campañas electorales pueden sumar el 10% restante. Dos problemas se han anotado. El primero que no existen reales controles al financiamiento privado y el segundo que los topes son demasiado bajos para los reales costos de las campañas. Sobre estos aspectos el informe de la Misión no dice nada. He sido partidario del financiamiento público total de las campañas que podría ser establecido para un período de ocho años que permita ser evaluado. En esta fórmula también ha insistido recientemente el presidente de la República.

En cambio me parece acertado que se aumente el financiamiento a los partidos políticos y que se eleve a un 25% el financiamiento que distribuya de manera equitativa entre todos los partidos como también me parece acertado que la Misión proponga el incremento del aporte estatal directo a los partidos y no a los candidatos y además que se aumente hasta un 40% el anticipo para los gastos de las campañas electorales de acuerdo con los últimos resultados electorales y que un 10% se haga de manera equitativa para todos los partidos. Esto marcha a mi juicio en la dirección correcta que es la de fortalecer la estructura de los partidos para que sean realmente agrupamientos democráticos que luchan por el poder del Estado.

En resumen estas son las principales propuestas. El debate esta propuesto y esperemos que se publique el informe final.

Bogotá 30 de marzo de 2017

Pedro Santana Rodríguez

 Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/la-reforma-politica-vuelve-y-juega/