No se trata de una discusión simplemente semántica ni solamente conceptual, es un asunto urgente, de vida o muerte y de logro o no de las condiciones requeridas para el logro y la consolidación de la paz. Es la alarma que se produce cuando corresponde cerrar el ciclo histórico de la violencia política y de la guerra, para dar lugar a una paz que implica como uno de sus pilares la superación de crisis en materia de derechos humanos. Así, ante resistencias gubernamentales y estatales de reconocer que existen ataques sistemáticos contra líderes sociales y defensores de derechos en zonas históricas del conflicto que ahora deben convertirse en escenarios de construcción de paz, la ONU y otras voces han expresado que sí son ataques graves y generalizados y ahora lo hace un informe de la Defensoría del Pueblo[1].

En términos cualitativos al hacer referencia a este fenómeno de ataques masivos, graves y sistemáticos el informe reciente de la Defensoría del Pueblo hace referencia a los siguientes elementos: Existencia de contextos ante todo rurales de violencia dirigida contra un sector poblacional de características específicas, de reacción a la vez contra organizaciones sociales y poblacionales que adelantan procesos de exigibilidad de derechos y en unas condiciones críticas ante el vacío de poder dejado por la concentración de las estructuras guerrilleras y milicianas de las FARC, de forma que se desata una intensa disputa entre el Estado que no logra conseguir de manera clara el control de tales territorios en medio de las pugnas por hacerlo tras determinados intereses desde los grupos armados herederos del paramilitarismo, redes mafiosas y delincuenciales que se les asocian y desde otras expresiones guerrilleras incluidas las disidencias al pacto de paz con las FARC.

En términos cualitativos se hace referencia para el último año de lo ocurrencia al menos de 111 homicidios y 431 amenazas mortales contra líderes sociales que son a la vez defensores de derechos, del medio ambiente y con frecuencia se relacionan con proyectos alternativos desde la izquierda. Así mismo, a 310 organizaciones sociales en alto riesgo. Con la identificación del 69% de las víctimas como dedicadas a las labores comunitarias, reivindicativas de derechos y del medio ambiente en zonas rurales, incluidos pueblos afros y comunidades indígenas. Con el alto nivel de afectación con tales violaciones a los procesos de convergencia entre organizaciones sociales y de ellas con procesos políticos sociales como los que lideran la Mesa Agraria Étnica y Popular, la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.

Complementa con acierto estas consideraciones sobre ataques generalizados y sistemáticos con la observancia de que están ocurriendo contra determinados actores sociales y poblacionales, bajo determinados intereses, en determinadas zonas y en un marco político y temporal determinado que los explica.

“Aseguramos que es un fenómeno generalizado porque los atentados han sido contra un grupo que tiene en común liderar procesos comunitarios similares y porque estas violaciones se han presentado en una zona geográfica y un espacio temporal semejante, con un mismo propósito”[2].

A la vez, advierte que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los actores y elementos que configuran la sistematicidad para los diversos casos de ataques, como es también necesario que establezca si existe un plan centralizado, las formas de operación y los responsables. Propone en consecuencia que éste organismo acumule todos los expedientes en la Unidad Especializada de Investigación, creada por el Acuerdo de Paz, y el que se mantenga el seguimiento a tales investigaciones, desde la también creada por el mismo acuerdo Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Razón también le asiste al Defensor del Pueblo Carlos Negret cuando dadas estas circunstancias afirma que éste fenómeno de ataques generalizados contra líderes comunitarios y sociales defensores de derechos, constituye a la vez un atentado contra la paz. Por lo cual también llama a que las necesarias acciones de prevención y protección de la población en el contexto de la implementación del acuerdo de paz, se relacione con la defensa de la paz, sus posibilidades y sus diversos actores.

Este informe de la Defensoría del Pueblo que se antecedió de 22 documentos del Sistema de Alertas Tempranas, unas atendidas otras tardíamente consideradas y otras no consideradas, según reporte del propio Defensor nacional, los que destaca como los principales cuatro hallazgos:

1. Un escenario de violaciones a los derechos humanos generalizado contra los sectores poblacionales y sociales que se movilizan por la exigencia de derechos y que se ven representados por importantes medidas consignadas al respecto en el acuerdo de paz.

2. Una de las principales causas es la pretensión de grupos armados ilegales de copar espacios territoriales dejados por las FARC, para controlar economías ilegales. Sin embargo, comentamos que se mantiene la duda sobre otras causas importantes que no explora la Defensoría que pueden estar detrás de este fenómeno. Entre ellas la posible persistencia de sectores ligados desde el Estado y desde ciertas instituciones como fuerza pública y organismos de seguridad, como otros del ámbito social, cuando hechos tan reiterativos como las amenazas masivas y acciones a nombre de las “Águilas Negras” en todo el país, se registran sin que en la mayoría de los casos se asocien a grupos armados ilegales.

3. El riesgo para los líderes sociales “se debe en gran medida a la estigmatización que sufren por cuenta de su defensa de la paz, el territorio y el medio ambiente, entre otras causas”[3].

4. La superación de esta grave situación solo puede ser conjurada con articulación entre el Estado y la ciudadanía. Pero ante esta consideración, también vale discutir con la Defensoría que este presupuesto es válido sin desconocer el papel central del Estado, desde su deber de protección y garantía frente al conjunto de la población, de manera que no se puede diluir ni equiparar su responsabilidad central con estrategias y medidas adecuadas y eficientes de actuación.

Igualmente, el informe referido considera la existencia actual de los siguientes escenarios de particular riesgo para la población de amplias regiones:

1. Ante la concentración de las FARC EP los territorios de su anterior presencia no logran ser recuperados por el control estatal, de manera que se consiga la positiva implementación del acuerdo de paz, sino que persisten en ellos confrontaciones armadas y violencia desde distintos actores ilegales y delincuenciales.

2. En tal contexto, irrupción de expresiones disidentes del acuerdo de paz con las FARC que registran presencia en Amazonas, Guaviare, Vaupés, Meta, Caquetá, Nariño y Putumayo.

3. Expansión en zonas de impacto del proceso de paz de estructuras asociadas y provenientes del narco-paramilitarismo como las AGC y otras similares, a la vez ligadas mediante alianzas con sectores diversos y de economías legales e ilegales, , con particular énfasis en la región Caribe, el Magdalena Medio, Casanare, Nariño, Cauca y Valle.

4. La expansión y asocio a estas dinámicas en Catatumbo de la disidencia del EPL, involucrada desde hace dos décadas con las dinámicas del narcotráfico y sus actores.

5. La expansión en varias regiones del ELN en territorios de anterior presencia de las FARC, con casos referidos en Chocó, Cauca, Nariño, Catatumbo. Aunque es de advertir que muchos ahora expresamos ante Gobierno-ELN sentados en la mesa de Quito, que se debe evitar que desde los actores de tal proceso se presenten factores de riesgo y violencia contra la población, en tanto deben lograr el des-escalamiento militar, el cese al fuego, la observancia de compromisos humanitarios como se ha anunciado y el ofrecimiento de garantías en los territorios para proyectar la participación de la sociedad en este proceso de paz como esta previsto.

6. El surgimiento de emergencias humanitarias en estas zonas, asociadas al fenómeno referido de ataques contra dirigentes sociales y defensores de derechos así como a escenarios de desplazamiento forzado y nuevas expresiones de coerción y control por parte de actores armados ilegales.

En una mirada más allá de la coyuntura, es preciso reconocer en la historia colombiana reciente que ante todos los acuerdos de paz que se han logrado, han existido resistencias y oposiciones con expresiones violentas que han producido víctimas de manera masiva, grave y sistemática. Desde los años 80 con la UP y otros sectores victimizados, con las víctimas de los pactos de paz del 90 del M19, el EPL y otras expresiones insurgentes y ahora en cierto grado la tendencia tiende a repetirse con el pacto de paz con las FARC, por lo cual se requiere la firme acción Estatal y el soporte para evitarlo en la aplicación cabal de todos los compromisos de este pacto de paz.

De otra parte, si bien como lo constatan entre otras fuentes los informes anuales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, existe una tendencia al mejoramiento de la situación, en términos del descenso de los niveles de existencia de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, pero esto no significa que hayan contra-tendencias, como la que expresa el coletazo de grave violencia referido contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el contexto del avance, logro y aplicación del pacto de paz con las FARC EP.

Y en términos de los derechos humanos, la aplicación de los compromisos de la paz debe llevar a la superación de la crisis en derechos humanos y en derecho humanitario que ha persistido durante las décadas recientes. De manera que lamentablemente el fenómeno analizado por el informe referido y que ha estado al centro del debate reciente, más allá que una especie de resurgimiento de una ola de violencia coyuntural, sigue expresando también una forma que lleva distintos elementos que dan base para interpretarla como la existencia aún de formas de victimización asociadas a crímenes de lesa humanidad. Esto es claro, por cuanto por acción u omisión, se pueden inferir responsabilidades estatales en estos casos y a tono con las consideraciones del tratado de la Corte Penal Internacional.

En efecto, la Corte Penal Internacional entiende por “crimen de lesa humanidad” los actos de asesinato, la tortura, el exterminio y otros de similar carácter inhumano, “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Así mismo, asocia a esta categoría de “crimen de lesa humanidad” el que tales actos “causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Y explica que el concepto “ataque contra una población civil” hace referencia a una conducta que implica la comisión múltiple de tales actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometerlos o para promover esa política[4].

Álvaro Villarraga Sarmiento

Directivo del CNMH, integrante de la Fundación Cultura Democrática, catedrático.

Bogotá, DC. 5 de abril de 2017.

NOTAS

[1] Informe sobre atentados contra líderes sociales y defensores de derechos, entre enero de 2016 y marzo de 2017, Defensoría del Pueblo.

[2] “Hay un fenómeno criminal contra la paz, advierte el Defensor”, Semana.com, 1 de abril de 2017. http://www.semana.com/nacion/articulo/carlos-negret-sobre-lideres-social...

[3] “Hay un fenómeno criminal contra la paz, advierte el Defensor”, Semana.com, 1 de abril de 2017. http://www.semana.com/nacion/articulo/carlos-negret-sobre-lideres-social...

[4] Estatuto de la Corte Penal Internacional, Artículo 7. En: Compilación de Derecho Penal Internacional, El Estatuto de Roma y otros instrumentos de la Corte Penal Internacional, Oficina en Colombia del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá, abril de 2003, página 14.

Fuente: https://www.sur.org.co/si-son-ataques-generalizados-sistematicos-los-sucedidos-contra-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos/