Los homicidios dolosos en marzo del presente año sumaron 2 020 casos, episodios que cobraron 2 256 vidas humanas, de acuerdo con las cifras emitidas el viernes pasado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con lo que marzo de 2017 es el más violento en los casi 52 meses del gobierno que publicitaba en demasía Mover a México, pero optó por un eslogan menos pretencioso en vista de los resultados en materia de seguridad pública, rubro en el que hasta septiembre de 2016 obtenía mucho mejores saldos.

Desde 1997 en que se hacen estas mediciones con Ernesto Zedillo como presidente, mayo de 2011 con Felipe Calderón fue el mes fue más crítico con 2 131 muertes, sangrienta cifra ya superada el mes pasado. Eran tiempos en que el esposo de Margarita Zavala hacía la guerra al narcotráfico para legitimarse en la Presidencia –los intelectuales a sueldo del oligopolio como Leo Zuckermann insisten que ganó en las urnas–, hacerle el trabajo sucio a George W. Bush y Barack Obama, así como responder a la exigencia ciudadana de más seguridad pública, pero a costa de un baño de sangre, muerte, desapariciones forzadas y desplazados como acaso no conocía el México independiente.

Los lapsos que ocupan los primeros lugares en homicidios dolosos –el principal indicador de los delitos de alto impacto, relacionados con acciones de la delincuencia organizada–, ocurrieron en el último tramo del sanguinario gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, pero el nivel que alcanzó en marzo pasado está prácticamente en la línea.

El Pacífico mexicano continúa como el más violento “debido a la pugna de bandas por el control de plazas, principalmente para el trasiego de drogas y armas”, admitieron integrantes del gabinete de seguridad ante la reportera Fabiola Martínez (La Jornada, 21-IV).

Omitieron los funcionarios cualquier referencia a la estrategia de privilegiar la detención e incluso asesinato de los capos del crimen organizado y esto es precisamente lo que desata las guerras intestinas de los cárteles, pero con la población civil en medio e inerme. “Daños colaterales” los denominan en los manuales del Pentágono.

Marzo pasado también fue de repunte en robos, en particular a transeúntes y de vehículos, extorsiones y secuestros, al pasar éstos de 110 plagios en enero a 119 en el tercer mes de 2017. La mayoría de los casos se concentran en Tamaulipas, Veracruz y el estado de México. El Secretariado Ejecutivo del SNSP usa el mismo método de medición que el rentable grupo de Isabel Miranda Torres, el de hacer la medición en números absolutos y no correlacionados con cada 100 000 habitantes.

Para fortuna de los gobernados, los funcionarios consultados por la periodista dijeron que abril ya muestra bajas significativas en algunas entidades, como Baja California Sur, pero es un hecho que el primer trimestre de 2017 resultó el más violento del gobierno de Enrique Peña Nieto, además de los más convulsionados inicios de año.

Sin embargo, mientras no se revise la estrategia anticrimen del sexenio, básicamente la misma del anterior, excepto en que ahora existe mayor coordinación institucional, más trabajo de inteligencia y “ventanilla única” para los innumerables agentes gringos que trabajan en México incluso armados, difícilmente habrá resultados mejores y estables. Y persistirá el “efecto cucaracha”, hoy es Colima y Baja California Sur y antes Guerrero y Michoacán.

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