San Juan, 28 de abril de 2017 (NCM) – La concentración de todo el poder en una junta de control que intenta reprimir derechos humanos básicos –como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo- enfrenta el doble asedio del reclamo de Wall Street de que ha hecho muy poco en ocho meses y de la resistencia de grupos sociales que llaman al paro nacional.

Tampoco ha resultado muy productiva la maniobra de haber traído desde Ucrania a Natalie Jaresko, quien fue designada hace un mes como directora ejecutiva de la junta y que llegó con la carga del fracaso político en su intento de montar un gobierno de tecnócratas.

La situación ha llegado muy cerca del punto de ebullición con los conatos violentos en la Plaza de la Democracia, en el distrito financiero conocido como la Milla de Oro y en la Universidad de Puerto Rico. Ante ellos, proliferan los llamados oficialistas a destituir por incompetente a la jefa de la Policía nacional, Michelle Hernández, coronel retirada del Ejército de Estados Unidos.

En el otro lado de la historia, la junta ha logrado que el Ejecutivo y el Legislativo se sometan voluntariamente y ejerzan funciones de colaboración y consulta para aprobar e implantar leyes que eliminan derechos laborales y sociales, aumentan la carga de impuestos y preparan para la venta los patrimonios inmuebles del Estado. La junta también ha logrado mantener un nivel de prestigio en sectores conservadores y medios periodísticos, que evitan usar el término de “dictadura” al que se refiere para este tipo de gobierno el diccionario de la Real Academia Española y prefieren usar palabras como “federal”, “supervisión” y “propuestas”.

La creencia de que el propio pueblo de Puerto Rico es culpable de la insolvencia y la deuda impagable domina la discusión pública, mientras se ha extendido el temor de que esta sea la víspera de un período muy tenso e incierto tan pronto como el Primero de Mayo, para cuando están convocadas múltiples marchas que convergerán en la Milla de Oro.

Aspectos del historial, tanto de Jaresko como de Hernández, sirven para aclarar aspectos de importancia sobre el drama.

Jaresko, quien puso como condición para aceptar el contrato en Puerto Rico poder seguir activa tratando de influenciar en Ucrania –la tierra de sus padres- y dirige allá la filial del Aspen Institute, estuvo por años administrando el flujo de fondos de la Agencia Internacional del Desarrollo (USAID), que ayudó a sustentar el derrocamiento del gobierno. Luego, de 2014 a abril de 2016, fue ministro de finanzas y bajo su incumbencia la economía se descalabró, la corrupción era cada vez más agobiante y se produjo una crisis política que hundió la popularidad del gobierno de Petro Poroshenko, lo que ella trató de subsanar postulándose para primer ministro, pero fue rechazada por la legislatura.

Pero durante ese tiempo, se ganó la confianza de los inversores occidentales y de la embajada de EEUU, que la veían como la alternativa para sustituir los políticos por tecnócratas para la conducción de Ucrania. Su prestigio, sin embargo, ha hecho poco por mejorar la situación de Puerto Rico ante Wall Street, que ahora no es su aliado.

Hernández, por su parte, fue reclutada para venir a Puerto Rico en momentos en que la jefatura de la Policía nacional comenzaba a restablecer el sistema de agentes encubiertos para infiltrar grupos estudiantiles, laborales y sociales, tenidos por subversivos. Su bagaje, como jefa militar de comandos informáticos secretos de las fuerzas armadas y hasta de la propia Casa Blanca, se unía a su estilo disciplinado y sosegado, que ha intentado imprimir a las divisiones de la policía puertorriqueña, en particular de precisión quirúrgica para las operaciones de la unidad antimotines.

Sin embargo, las derrotas de la fuerza de choque en enfrentamientos menores con manifestantes y el desastre mediático del uso de encubiertos para arrestar estudiantes, no le han logrado muchos adeptos, ni siquiera en el propio gobierno. El jueves de esta semana, la toma a la fuerza del edificio de la Administración Central de la UPR, donde los estudiantes forzaron a la presidenta Nivia Fernández a firmar un acuerdo simbólico, a la vez que en el Capitolio los sindicatos lograron dejar encerrados dentro del edificio a legisladores y policías durante varias horas fueron eventos por los que legisladores oficialistas la responsabilizaron.

El otro aspecto es que la autoridad concedida por EEUU a la junta de control es exclusiva sobre Puerto Rico y no se extiende a Wall Street, donde grupos de inversores reclaman que el Congreso obligue a que se enmiende el plan fiscal para que se destine mucho más dinero al pago del servicio de la deuda. Ese reclamo constituye un peligro claro e inminente de que Wall Street no conceda un período de gracia a la junta y, precisamente a partir del Primero de Mayo, desate una lluvia de demandas judiciales contra Puerto Rico.

Tampoco ayuda mucho a la causa de la junta el que el presidente Donald Trump, en una de sus pocas alusiones a Puerto Rico, dejara saber en su cuenta de twitter que está opuesto a que se use dinero federal para aumentar los recursos del sistema de salud de este país isleño.

Todo eso ocurre en momentos en que el índice de actividad económica ha seguido bajando, hasta el nivel de 23 sobre 100, cuando en 2005 había ascendido hasta 60 sobre 100, en tanto que las estadísticas de empleo registraron en marzo una pérdida marcada de puestos de trabajo en el comercio, las finanzas, la construcción, la agricultura y el transporte.

Queda por saberse si el momento al que se encamina Puerto Rico será fundamentalmente pacífico o violento.

Esta semana, al salir del tribunal donde se aprobó un interdicto provisional contra el movimiento estudiantil, la líder estudiantil Mariana del Alba López Rosado, le regaló un clavel al abogado de los empresarios y dijo que era para simbolizar que una revolución también podía ser pacífica.