El Gobierno inicia un contraataque ante una oposición políticamente derrotada y con escasa capacidad de movilización. Sale fortalecido de la OEA y desenmascara el plan golpista y a sus protagonistas.

“Como Jefe de Estado en uso de mis atribuciones exclusivas de acuerdo con la Constitución he ordenado el inmediato retiro de la OEA. Pido la unión cívico-militar del pueblo en esta batalla por la independencia y la paz de nuestra Patria”. La comunicación oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para abandonar la Organización de Estados Americanos fue, como él mismo la definió, “un paso gigante para romper con el intervencionismo Imperial”.

Ocurrió en la noche del 26 de abril apenas tres días después de que el propio Maduro anunciara la puesta en marcha de “un nuevo desencadenante histórico, democrático, revolucionario y popular”. Las calles de Caracas aún ardían y la derecha cargaba sobre sus espaldas alrededor de treinta muertos pero ya no habría retorno: el contragolpe revolucionario había comenzado.

La estrategia fue develada progresivamente por el presidente Maduro a partir de la edición número 85 del programa “Los Domingos con Maduro”, el 23 de abril. Allí anunció la puesta en marcha de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana para la que demandó especial atención a todas las fuerzas políticas y sociales. “Necesito que maduremos colectivamente”, pidió. “Hoy no vine a hacer un programa más. Vine a dar el primer paso del nuevo desencadenante histórico del Poder Popular venezolano, para la nueva etapa que voy a llevar”, señaló.

“Estoy totalmente decidido a hacerlo, pero necesito que el pueblo esté preparado como nunca antes”, insistió. Pidió especial colaboración al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello; a la conducción nacional del Psuv; a las UBCh (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, estructura de base del Partido Socialista); a los barrios; al Gran Polo Patriótico y a todas las fuerzas revolucionarias. “Vamos a dar pasos firmes que nos permitan recuperar la paz, la estabilidad y tomar con la misma fuerza de siempre el camino original de esta Patria”, dijo.

“La derecha nos ha retado. La derecha quemó todas sus naves y no tiene regreso. No vamos a caer en su provocación, no vamos a ir a una guerra civil, no. Vamos a ir un gran proceso popular, democrático y revolucionario en un nuevo desencadenante histórico que amerita mucha conciencia”, anticipó Maduro. Reafirmó que “si algún día en la historia de estos 200 años nuestro pueblo necesitó la mayor suma de conciencia y de firmeza moral es en este momento”.

En su programa dominical confesó que durante el punto máximo de la ofensiva golpista de abril repasó los hechos más importantes de la vida de Hugo Chávez, de la misma manera que lo hizo el día de su muerte el 15 de marzo de 2013, “para comprender la proyección de la fuerza y el camino que el comandante trazó hacia el siglo XXI”.

Señaló que aquella secuencia de hechos históricos en la vida de Chávez fue nuevamente recordada el 19 de abril (19A) cuando casi dos millones de revolucionarios salían a las calles de Caracas mientras grupos financiados por dirigentes de la derecha rompían, saqueaban y quemabas edificios públicos y privados. “Hay gente que no entiende cómo después de todo lo que nos han hecho yo estoy aquí, mandando… Es que no soy yo el que manda; es Chávez, es el proyecto revolucionario, es el pueblo”, reflexionó.

Advirtió a la oligarquía venezolana: “No saben lo que somos capaces de hacer para la defensa de la dignidad revolucionaria; no saben hasta dónde llegará esta generación de chavistas”. Ese mismo día 23 cientos de militantes limpiaban calles y edificios violentados y quemados durante los días previos en Caracas y otras ciudades. El mayor engranaje golpista quedaba inmovilizado y se anunciaba una nueva etapa de la revolución.

La ofensiva chavista incluyó la firme decisión de renunciar a la OEA, ámbito donde descasó un punto de apoyo esencial del fracasado golpismo. La canciller Delcy Rodríguez anunció el 26 de abril que “presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA) e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”. Recordó que el día anterior “habíamos anunciado que de persistir las acciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas y groseras contra la soberanía de nuestra Patria, procederíamos de inmediato a denunciar la Carta de la OEA e iniciar el procedimiento para el retiro definitivo de Venezuela de esta organización regional”.

Desde el Puesto de Comando Presidencial en el Palacio de Miraflores, la canciller explicó que “Venezuela responde así al cónclave de la coalición de grupos de gobierno constituidos en una facción dentro de la OEA, que tiene la mirada puesta sobre la soberanía e independencia de la República Bolivariana con el propósito de intervenir y tutelar a los venezolanos, pretensión que nunca ocurrirá porque fracasarán en sus planes”.

Aclaró que aunque el proceso de desvinculación demorará hasta dos años “Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad o evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo busca perturbar la estabilidad la paz de nuestra Patria”.

El diputado Diosdado Cabello respaldó: “queremos acompañar al presidente Nicolás Maduro en la decisión que ha tomado de ordenar el retiro de Venezuela de ese organismo que se llama la OEA, instrumento del imperialismo”.

Sobre la noche de aquel 26 de abril Maduro se pronunció a través de las redes sociales: “Pido la comprensión y solidaridad de los Pueblos de Nuestra América y el Mundo para derrotar el plan intervencionista contra Venezuela (…) La Venezuela Bolivariana Revolucionaria y Chavista seguirá su marcha hacia nuestra verdadera independencia y nada ni nadie nos detendrá”.

19A: más rojos que blancos

La posibilidad y necesidad de lanzar un contraataque había quedado en evidencia una semana antes, cuando la oposición pretendió rodear Caracas con concentraciones desde 26 puntos geográficos distintos y desembocar en el centro de la capital desbordando a los defensores de la Revolución. Convocada como “la madre de todas las marchas”, días después que Estados Unidos lanzara la “madre de todas las bombas” sobre Afganistán, la movilización de la coalición opositora MUD anunció numerosos puntos de salida desde barrios del oeste de Caracas, zona tradicionalmente chavista. Quería dar la impresión de existía un oposición con base popular contra el gobierno de Nicolás Maduro, en la Capital y el resto del país.

Pero el resultado fue inverso. Una verdadera marea roja llegó desde distintos puntos de la ciudad a la Avenida Bolívar. Desde el escenario donde tomaron la palabra distintos dirigentes de la Revolución y el presidente Maduro, la movilización de masas lucía infinita y hacía recordar a otras enormes movilizaciones realizadas durante la época de Chávez. A simple vista, comparando las fotografías tomadas durante la jornada, la manifestación en apoyo al Gobierno y en defensa de la democracia y la paz superó ampliamente la convocatoria opositora. Cientos de miles salieron a las calles ante el intento golpista denunciado por el Presidente.

“Si algún día ha tenido un sentido histórico decir ‘gloria al bravo pueblo’ es hoy, 19 de abril de 2017. Hemos triunfado nuevamente”, celebró Maduro ante la multitud durante el acto que dio cierre a la jornada de movilización. Y envió un mensaje de fuerte resonancia nacional e internacional: “Quiero ganar esta batalla y quiero que el pueblo se prepare para ganarla en paz y con votos, que nos preparemos para tener una victoria electoral pronta y total”, manifestó en referencia a las próximas elecciones regionales y municipales previstas para este año.

Derrotada, la oposición intentó los días siguientes sostener movilizaciones permanentes, de escasa participación y protagonizadas por pequeños grupos. Los grandes anuncios acompañados por una campaña de mentiras de prensa como no se vio en las peores épocas (ver recuadro), terminaron en enormes fiascos y sólo lograron trascender los hechos de violencia y saqueos organizados. Ante esta debilidad, dirigentes opositores interpretan que sólo el caos favorece sus posibilidades e intentan por todos los medios mostrar que los días en Venezuela no transcurren en paz y la población no realiza normalmente sus actividades.

Reaccionarios desenmascarados

A comienzos de abril, cuando se intensificaba la violencia golpista, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó audios y videos de conversaciones de agentes encubiertos con varias personas que, luego se sabría, estaban implicadas en hechos desestabilizadores.

Los informes señalaron que la mayor ofensiva comenzaba por esas jornadas y continuaría durante los días siguientes en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos, que fomentaría el envío de “ayuda humanitaria” a través de la Base Aérea La Carlota.

El diputado del Psuv mostró en su programa televisivo la grabación de conversaciones entre un agente encubierto y varios implicados que fueron detenidos por esos días. Eduardo Vetencourt, dirigente de Copei (Partido Socialcristiano), detalla la planificación para que 98 mercenarios inicien acciones terroristas durante manifestaciones públicas convocadas por la oposición, así como coordinaciones con dirigentes de los partidos Acción Democrática y Copei.

Vetencourt revela a su interlocutor, un agente encubierto bajo el nombre de “Jorge”, detalles del financiamiento de los mercenarios, materiales explosivos a usar, actores civiles políticos designados para un “gobierno de transición” y contactos con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos para la intervención.

Habla de la necesidad de no “quemar” en esta etapa de acciones callejeras a los “muchachos” de los nuevos partidos de derecha, para que sean ellos los que puedan formar un nuevo gobierno en Venezuela. Vetencourt fue detenido, acusado de “traición a la Patria”, un par de días antes de que estos videos tomaran estado público.

Posteriormente se difundió la grabación del mismo agente encubierto Jorge con Ricardo Zomacal Longo, un coronel retirado del Ejército que confiesa estar involucrado con otros militares que en el pasado reciente cayeron presos tras revelarse su participación en planes golpistas.

En este video el militar confirma la posesión de 32 kilos de explosivos plásticos C-4, aunque considera que “falta más”. También habla de la captación de expertos en explosivos a su mando, funcionarios policiales reclutados y algunas de las acciones a realizar en cuarteles en Caracas, inclusive con cuatro altos oficiales involucrados.

En esta etapa de investigación gubernamental para neutralizar el nuevo intento de golpe, denominada Operación Escudo Zamorano, aparece un grupo de políticos opositores denominado “los próceres” que integran Roberto Enríquez (líder del ala más derechista de Copei, que luego quedó en la embajada de Chile en Caracas en carácter de “protegido” del gobierno chileno, según el mismo lo definió), Julio Borges (presidente de la Asamblea Nacional, fundador de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles, y denunciado por su participación en un intento de golpe en 2015) y Oswaldo Álvarez Paz (de Copei, militante destituyente de fuerte presencia en medios de comunicación en los que pide echar al presidente Maduro).

Acuerdo en el sótano

El 16 de abril, noche de domingo de Pascuas, el presidente Nicolás Maduro mostró más pruebas y evidencias recogidas por los organismos de seguridad. Esta vez vinculaban a diputados y dirigentes opositores con la violencia en las calles. La derecha guardó silencio frente a las pruebas autorizadas por la Fiscalía y el Ministerio Público. No las descalificó ni las señaló como falsas.

Maduro mostró varios videos con testimonios recogidos de jóvenes que tras ser detenidos en hechos violentos en Caracas aceptaron el proceso de delación y aportaron pruebas a la investigación. Los detenidos confesaron que fueron pagados por dirigentes de Primero Justicia.

Guido Rodríguez, uno de los apresados, confesó que recibió dinero para destruir la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), institución del Tribunal Supremo de Justicia en Chacao, Estado Miranda, el 8 de abril. Declaró que los hermanos morochos (mellizos), José y Alejandro Sánchez (dirigentes de Primero Justicia en el municipio Libertador), le pagaron 300 mil bolívares para causar violencia.

Las personas detenidas –entre ellos los hermanos morochos– declararon que los hechos se prepararon a principios de marzo en la sede de Primero Justicia. Por el ataque a la DEM fue capturado un oficial de la policía de Chacao, Omar López Martínez, que se movía en vehículo particular para aportar la logística. También hubo ataques a sedes de la red de Mercados de Alimentos (Mercal), una clínica móvil de la Misión Nevado (programa público dedicado a la atención a mascotas), vehículos de aseo urbano, instituciones educativas y unidades de transporte público.

En otros de los videos se observa que uno de los morochos identifica y certifica las declaraciones de las personas detenidas unas horas antes. Todos dejan en evidencia a sus financistas, que hicieron correr el dinero a través de Carmelo Enrique Zambrano, secretario de organización de la juventud de Primero Justicia en Caracas. Las imágenes y el sonido muestran a uno de los morochos afirmando que Zambrano tiene contacto con diputados con los que se reunió tres semanas antes en la sede de Chacaíto, en un sótano. Menciona a los diputados de Primero Justicia Marialbert Barrios, Tomas Guanipa y José Guerra. Las instrucciones –dicen los delatores– fueron “prender Caracas”. Según la investigación oficial, Zambrano recibió instrucciones y dinero de estos tres diputados. Luego se encargó de repartirlo entre los reclutados por otros integrantes de la juventud de Primero Justicia. Todo se hacía en Chacaíto.

Escalinatas y pasquines

El 18 de abril, día previo a la marcha que la derecha imaginó definitiva, se registraron públicamente en simultáneo al menos tres sucesos del plan golpista: violencia en las calles; emisión de un documento del Departamento de Estado y una proclama golpista del diputado Julio Borges.

El presidente Maduro denunció esa misma noche que Borges, presidente de la Asamblea Nacional, “asumió la responsabilidad de liderar el golpe de Estado a partir de hoy” y que esa acción “configura un delito contra la Constitución y así debe ser procesado por la Justicia nacional (porque) llama abiertamente a un golpe de Estado, a la división de las Fuerzas Armadas, al desconocimiento de sus autoridades legítimas”.

Más temprano Borges leyó desde la Asamblea Nacional un comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el que pedía a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que desconociera las autoridades venezolanas legítimamente constituidas. “La orden de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad y, lo más importante, de su propia conciencia”, dijo.

Maduro recordó que el diputado derechista es investigado por la justicia por su responsabilidad en el intento de golpe de 2014, “en el que involucró a un grupo de militares activos y les dio órdenes de bombardear Telesur, el Ministerio de la Defensa, el Palacio de la Presidencia y el Consejo Electoral”.

Aquella misma noche del 18 de abril, el jefe del Estado informó que fueron arrestados varios civiles y militares que dirigían una acción golpista y que progresivamente caerían “los operadores logísticos y financistas de este plan para generar violencia y muertos en el país”.

El mandatario también denunció públicamente la existencia de un comunicado de Estados Unidos en el que “anuncia un golpe de Estado en Venezuela”. Afirmó que “se trata del guion que sigue la derecha local” para generar un golpe en el país.

“Enfrentamos una arremetida internacional encabezada por el Departamento de Estado de Estados Unidos”, dijo Maduro tras encabezar una reunión con los principales integrantes de su gobierno. Describió que se trata de “un guion escrito para generar violencia, muerte, caos, que hemos logrado neutralizar y derrotar hasta ahora de manera brillante”.

Unos días antes el almirante Kurt Tidd, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, declaró ante el Senado de su país que: “…la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría acabar exigiendo una respuesta a nivel regional”. Y agregó: “Venezuela se enfrenta a una inestabilidad significativa en el próximo año debido a la amplia escasez de alimentos y medicamentos; incertidumbre política continua y un deterioro de la situación económica”.

Desertores en Colombia

El Gobierno solicitó a las autoridades colombianas la entrega de tres militares que desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano (Fanb) y que huyeron al país vecino luego de difundir un video en el que llamaban a una ruptura institucional.

La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, señaló que específicamente el 31 de marzo de este año se hizo la solicitud formal ante su par colombiana, María Ángela Holguín, así como ante el ministro de Defensa de ese país, Luis Carlos Villegas. Ese día las autoridades tomaron conocimiento de la filmación de un video que se difundió públicamente unos días más tarde, cuando la ofensiva golpista generaba focos de violencia en Caracas y otras ciudades del país.

En las imágenes aparecen tres militares en actividad que, según la información gubernamental, integraban un grupo de militares activos y retirados junto a civiles que intentaron rebelarse contra las instituciones y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese video los tres uniformados se presentan con grado y nombre y leen un comunicado en el que se declaran en rebeldía y desconocen la autoridad del presidente Nicolás Maduro. Se identificaron como Primer Teniente José Alejandro Michael Sánchez; Primer Teniente Ángel David Mogollón Medina y Teniente Alfredo José Rodríguez Contreras.

“Hemos definido nuestra posición absoluta e irrevocable: desconocemos categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. De igual manera desconocemos la autoridad ejercida por el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas”, señala ante la cámara el militar que lee la proclama flanqueado por los otros dos.

La canciller Rodríguez afirmó en declaraciones a Venezolana de Televisión que el 10 de abril los tres militares solicitaron al gobierno de Colombia asilo político, una figura que –recordó– no aplica en militares y mucho menos cuando se trata de desertores que llaman abiertamente a un golpe de Estado. Estimó que desde antes de la solicitud de asilo, las autoridades colombianas estaban en conocimiento de esta situación.

Durante esos días intensos el ministro del Poder Popular para la Defensa, general Vladimir Padrino López, aprovechó cada aparición pública para ratificar el apoyo cerrado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) al gobierno de Nicolás Maduro. Reafirmó que con la unión cívico-militar el Poder Popular dará respuesta y hará frente a las amenazas de la derecha venezolana que atentan contra la paz del país. Y detalló: “la Milicia Nacional Bolivariana tiene siete años construyendo un modelo inédito que se ha convertido en un concepto y arma estratégica, que no sólo representa la unión del pueblo, sino también el pueblo en armas”.

Abril de 2017 desenmascaró la estrategia golpista: asesinatos en las calles; saqueos pagados por la oposición; violencia y provocación a fuerzas de seguridad; diputados llamando a la sublevación de las Fuerzas Armadas; Washington respaldando el golpe y propaganda internacional intensa.

Así como la derecha manipula a las víctimas de su propia violencia, el contragolpe chavista se asienta en su fortaleza: fuerzas revolucionarias unidas; alto nivel de disciplina de las Fanb para evitar caer en provocaciones; capacidad de movilización popular intacta; liderazgo del Psuv; política exterior constante y sin fisuras.

Abril materializó el legado de Chávez. Al decir de Maduro, cobró fuerza “la proyección del camino que el comandante trazó hacia el siglo XXI”. El Presidente exigió madurez y conciencia para lo que vendrá: “O hay paz con Revolución o no habrá paz ni en Venezuela ni en América Latina”.

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Medios y muertes: campaña de desinformación contra Venezuela

“Marcha opositora: ya son dos los muertos”, titula La Nación de Argentina en su portal web el 19 de abril, al igual que numerosos medios de comunicación privados de toda le región y el mundo. Dos días después otros portales anuncian “12 muertos en protestas” y en sus balances al 25 de abril presentan de 26 a 29 muertes –cada medio elige la cifra en base a criterios desconocidos– “en las marchas” iniciadas al comienzo de abril. La causa de tal tragedia, enuncian los medios, es “la represión” del Gobierno contra las manifestaciones en su contra.

Las víctimas fatales existen. Sus nombres y apellidos llegan a los medios internacionales y en algunos casos también las fotos de sus cuerpos sin vida, difundidas con particular interés. Sin embargo, en la mayoría de los casos los artículos no dan la información más elemental sobre los hechos concretos: dónde ocurrió la muerte, cómo, en qué circunstancias…

Pero en Venezuela la realidad es otra. A medida que pasan las horas posteriores a cada muerte anunciada en la prensa comienzan a conocerse los datos sobre los hechos: quién es la víctima, dónde murió, en qué circunstancias, familiares dan declaraciones a la prensa, investigaciones policiales y judiciales precisan informaciones. Sin embargo, llamativamente los mismos medios que llevan en sus principales títulos los sucesos en Venezuela y especialmente las muertes, omiten la información que va surgiendo e incluso las declaraciones de los propios familiares.

19 de abril

Lo ocurrido el día de las grandes movilizaciones convocadas por el Gobierno y la oposición es paradigmático en cuanto a la cobertura. Rápidamente los medios se hicieron eco de dos muertes, ocurridas en Caracas y San Cristóbal en la mañana del 19 de abril, y presentaron inmediatamente a las víctimas como manifestantes asesinados. Sin embargo, con el paso de las horas y la declaración de los propios familiares, se supo que ninguno de los dos jóvenes baleados en la cabeza participaba de alguna protesta. Pero los títulos de los portales no cambiaron.

Carlos José Moreno, adolescente de 17 años, murió en el barrio San Bernardino de Caracas. Su familia confirmó que había salido a jugar un partido de fútbol con amigos y no participaba de ninguna manifestación cuando fue alcanzado por un disparo en la cabeza. El caso está bajo investigación.

La segunda víctima fatal de la que se hicieron eco los medios es Paola Ramírez, de 23 años, que cayó por un disparo en las cercanías de la plaza San Carlos de San Cristóbal. De inmediato, la muerte se atribuyó a “colectivos chavistas” en las redes sociales. Pero la investigación confirmó que el asesino de Ramírez fue un comerciante y militante activo del partido opositor Vente Venezuela, que dirige María Corina Machado, una de las referentes de la MUD. El hombre –que según la Defensoría del Pueblo confesó el crimen– hizo más de 20 disparos desde la azotea de su casa contra un grupo de motorizados por motivos que se desconocen. Una de esas balas dio en la cabeza de Paola Ramírez mientras caminaba por la vereda. Durante un allanamiento en su domicilio se le incautó al asesino una pistola Glock y 442 cartuchos.

Otros dos asesinatos se produjeron durante la jornada del 19 de abril, y sí estuvieron vinculados a las manifestaciones. Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana de 28 años fue asesinado tras recibir una ráfaga de disparos en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, mientras intervenía un foco de manifestaciones violentas. En el hecho también recibió disparos otro agente de seguridad, que salvó su vida en el hospital. Se investiga si el ataque provino de francotiradores.

El segundo caso es de Almelina Carrillo, que falleció en el hospital cuatro días después de haber recibido en su cabeza el impacto de una botella con agua congelada lanzada desde lo alto un edificio contra un grupo de manifestantes chavistas. Carrillo no participaba de la movilización que se dirigía hacia la avenida Bolívar de Caracas y pasaba por el barrio La Calendaria, pero justo caminaba por esa zona cuando recibió el golpe fatal. Por las redes sociales circularon varios videos de personas que arrojaban elementos contundentes desde lo alto de edificios contra movilizaciones chavistas pacíficas.

En resumen, la jornada del 19 de abril registró dos muertes producto de dos intentos de ataque contra grupos identificadas con el chavismo y el asesinato de un policía con arma de fuego. Ningún manifestante opositor murió asesinado. Sin embargo, los medios transmitieron todo al revés y no modificaron sus noticias pese a las evidencias.

Información sobre cada caso

La última muerte conocida al 25 de abril fue la de Efrain Sierra Quintero, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en el estado Táchira, de un tiro en el estómago. El gobernador del distrito aseguró que el hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía a trabajar e intentaba pasar con su motocicleta una barricada instalada por manifestantes y sufrió un intento de robo.

En la noche del 24 de abril, dos trabajadores de la gobernación del Estado Mérida, que recibieron disparos en el cuello y la cabeza respectivamente, murieron tras una emboscada en la que otros tres empleados públicos fueron baleados. El gobernador de Mérida denunció la presencia de “francotiradores” y acusó de la emboscada contra los manifestantes chavistas a “la derecha terrorista”.

Ese mismo lunes fue asesinado durante una manifestación en Valencia, estado Carabobo, Christian Ochoa, de 22 años, por heridas de bala. Aparentemente recibió varios disparos al salir de su hogar en la parroquia Miguel Peña, donde había un foco de protestas. Otra víctima fue Johán Medina, de 23 años, asesinado durante una manifestación en el estado Lara. Recibió un disparo de escopeta en el rostro en la localidad de Morán.

Dieciocho días antes llegaba a los medios la primera muerte “en las protestas”: Jairo Johan Ortiz Bustamante, asesinado el 6 de abril en el municipio Carrizal, Estado de Miranda. Pero apenas fue difundida por la prensa como víctima de la represión de manifestaciones, el padre aclaró que su hijo no se encontraba en ninguna protesta y no militaba para ningún partido. Pidió justicia y reclamó que no se use el caso para convocar a más violencia.

Daniel Queliz, de 20 años, fue asesinado el 10 de abril en Los Parques, Estado Carabobo. Murió de un disparo en el cuello durante una manifestación opositora que se enfrentaba a la policía de estado venezolano. Por el caso fueron detenidos un oficial y un el supervisor en jefe de la fuerza, luego que se comprobara que el tiro provino de un arma policial. También se registraron disparos de armas de fuego contra el módulo policial de la zona.

Este caso y el de Gruseny Canelón, asesinado el 11 de abril durante una manifestación en el Estado Lara, son hasta ahora los únicos dos donde fue confirmada la responsabilidad de las fuerzas de seguridad estatales. Según el Defensor del Pueblo, Canelón “recibió dos impactos durante manifestaciones violentas”. Por el caso fueron detenidos 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que confirma que no hay impunidad ni orden del Gobierno para atacar violentamente las manifestaciones, como se pretende imponer desde la prensa.

También el 11 de abril se difundieron por distintos medios otras cinco muertes, que pretendieron atribuirse a la represión de las manifestaciones. Una fue un accidente de tránsito, en el que murió un policía de Lara atropellado por un automóvil mientras conducía una moto. Un diputado opositor había asegurado que había sido arrollado “por colectivos (chavistas) mientras intentaba mediar” entre dos grupos. Pero el propio gobernador del Estado Lara, el opositor Henry Falcón, confirmó que “no tenía nada que ver con las manifestaciones”.

Otro caso similar fue el de Ricarda de Lourdes González, de 87 años, que falleció en Belo Monte de un accidente cerebro vascular. Medios de comunicación difundieron que había muerto asfixiado por las bombas lacrimógenas arrojadas por la Guardia Nacional, pero su hija desmintió esa información y agregó: “Si quieren culpar alguien por su muerte, fue culpa de los guarimberos (manifestantes violentos), que no nos dejaron salir cuando íbamos a llevarla a una clínica en las Mercedes”. Ningún medio de los que atacan a Venezuela tomó las declaraciones.

El comerciante Oliver Villa Camargo, otro de los “muertos por represión”, fue asesinado de un disparo en la cara desde una motocicleta, mientras conducía su camioneta y luego de pasar una barricada en la urbanización El Paraíso, Caracas. El acompañante de la víctima fatal relató que los asesinas dispararon sin mediar palabra y el comerciante falleció minutos después mientras conducía rumbo a un hospital.

Miguel Ángel Colmenares recibió 11 disparos en Barquisimeto, en una zona donde se realizaban manifestaciones violentas. Según el Defensor del Pueblo “fue emboscado por numerosos sujetos (aún por identificar), quienes lo despojaron de sus pertenencias antes de asesinarlo”. Estaba a una cuadra de su vivienda. Sin tener ninguna evidencia, algunos medios lo presentaron como víctima de “colectivos chavistas”.

Por último, Brayan Principal, de 14 años, fue asesinado en la Ciudad Socialista Alí Primera, un urbanismo construido por el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Vecinos de la zona aseguraron que ese día el urbanismo sufrió el asedio de pistoleros encapuchados cerca de las 9 de la noche, momento en el que el adolescente recibió dos impactos de bala. La investigación del caso apunta a algunos habitantes de una urbanización cercana, llamada “Hacienda Yucatán”, donde se realizaban manifestaciones violentas. Un grupo de vecinos de Alí Primera había salido a recoger escombros para liberar las calles en el momento que se produjeron los disparos. La madre de la víctima declaró: “Envié a mi hijo anoche a la entrada de (la urbanización) Alí Primera a comprarme unas empanadas. De repente empezaron a echar tiros. Mi hijo recibió una bala perdida que le traspasó la espalda hacia al estómago, dañándole todos los intestinos y una vena arterial”. El ataque se produjo desde un automóvil.

Jornada de saqueos

En la noche del 20 una serie de saqueos violentos se produjeron en la parroquia El Valle, de Caracas y otras zonas de la ciudad. Según investigaciones preliminares, en una panadería murieron electrocutadas ocho personas, aparentemente por el desprendimiento de un cable de alta tensión, mientras se realizaban saqueos. El Gobierno denunció que los actos fueron financiados por dirigentes opositores tras el fracaso de la movilización del 19 de abril. Otras tres personas, una de ellas un comerciante, murieron por heridas de bala durante los saqueos, y seis resultaron heridas por disparos, entre ellos cuatro policías.

La misma noche, en Petare, municipio del estado Miranda, un joven murió baleado en las cercanías de un foco de protesta violenta, en circunstancias que están bajo investigación.

01 mayo, 2017

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