“Que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería”.

Papa Francisco

Honduras es un país donde se ha vendido la minería como alternativa a la crisis de empleo, bajos ingresos fiscales de las municipalidades, crisis de divisas, salud y vivienda de los pobladores. En el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2001) se aprobó una ley minera dañina para el país y población. Se contaminaron fuentes de agua y suelos agrícolas y forestales, además del daño a la salud humana que todavía persiste. Esta Ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero de nuevo el espejismo minero caló fuerte y el gobierno de “Pepe” Lobo aprobó una nueva legislación en abril de 2013. Hay evidencia que esta ley fue aprobada como resultado de negociaciones entre el gobierno y representantes de los países a los cuales pertenecen las Compañías Mineras.

A partir de 2014, con el ascenso al poder de Juan Orlando Hernández (JOH), se profundiza el modelo de corte neoliberal en el país, generalizando las explotaciones mineras y la ejecución de proyectos energéticos, turísticos y agroindustriales con impactos negativos en el ambiente y condiciones de vida de la población rural, desplazada de su hábitat natural y social (Trucchi, 2017). Es un tipo de industria extractiva por despojo, donde los pueblos y comunidades son desalojados de sus tierras, bosques y ríos, sin que exista un mecanismo efectivo de consulta y participación para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo del proyecto minero o energético.

En este marco, dado el clamor de las comunidades porque se denuncie y rechace esta práctica de explotación de los recursos naturales y mineros por empresas extranjeras y socios locales, ha ganado terreno las iniciativas para reformar o derogar la nueva ley de minería, ya que además sus beneficios económicos publicitados no son tan evidentes. Esta lucha contra la minería extractiva se fortalece al sumarse más organizaciones sociales, pero también por las disposiciones tomadas en países como el Salvador y Costa Rica, de prohibir la minería extractiva, especialmente aquella de cielo abierto y uso indiscriminado (no controlado) de cianuro. En el caso particular de El Salvador, esta conquista no fue fácil, pero contó con la decisión favorable del gobierno al analizar sus impactos negativos para la economía y población.

La Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Occidente (ASONOG) con apoyo de Pan para el Mundo (Brot Fur, die Welt), y la Fundación Ebert, acompañaron la realización del Foro “Análisis de los Impactos de la Minería en Honduras y Propuestas desde la Sociedad Civil”, el 19 de abril de 2017, que contó con la participación de organizaciones sociales, alcaldías, gobierno, academia y gremios. Uno de los objetivos del evento fue generar espacios de diálogo y discusión sobre los impactos de la minería en Honduras y las acciones a ejecutarse por los actores involucrados, incluyendo propuestas de reforma y derogación de las leyes vigentes.

Las cifras presentadas en el evento son alarmantes, más aun si se comparan con las existentes antes del golpe de Estado. En junio de 2006, los datos arrojaban un total de 372 concesiones mineras autorizadas, con una extensión de cerca de 35,000 km, o sea el 31% del territorio nacional (Foro: junio, 2006). A partir de allí, en el gobierno de Manuel Zelaya, las concesiones metálicas desaparecen y la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN), una especie de agencia de apuestas, reporte la existencia de 240 expedientes para concesiones no metálicas (DEFOMIN: 2009). Las cifras presentadas por el Observatorio de Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), muestran que existen 593 concesiones mineras, de las cuales un 37% son metálicas, y el resto (63%) no metálicas. En este corto periodo, desde la aprobación de la nueva ley de minería (abril, 2013), ha habido un aumento de las concesiones, donde destaca el otorgamiento de permisos para el desarrollo de minería no metálica. Preocupa, además, que de seguir esta tendencia de concesionamiento, cerca de 50% del territorio nacional se encuentre en poder de empresas privadas (transnacionales) en un plazo relativamente corto.

La minería es un bien natural que no es producto del trabajo humano, monopolizable y maldita. Genera muy pocos beneficios en relación con los costos, destrucción y muerte que provoca. La contribución al PIB es menor del 1%, se generan un poco más de 11,600 empleos totales (Fosdeh: 2017), o sea empleos en su mayor parte no sostenibles en tanto la explotación minera está sujeta a cambios en los precios de los metales en los mercados internacionales, y en tiempos de bajas- la actividad extractiva- entra en recesión. A ello se suman las condiciones de trabajo que enfrentan los obreros, con escaso acceso a protección y aseguramiento social del Estado. Esto fue evidente en la explosión de una mina en el Sur del país, donde varias de las mujeres de familias que perdieron esposos e hijos, denunciaron la sobreexplotación del trabajo, baja remuneración salarial y no garantía de reproducción de las condiciones materiales de vida de los trabajadores a falta de atención médica oportuna, protección social y manejo de riesgos por desastres.

Aunque la situación económica y social de los trabajadores mineros es precaria, especialmente por las condiciones de trabajo y violación sistemática de los derechos adquiridos, las centrales obreras todavía siguen dando palos de ciego y no han podido integrar o sumarse a un frente amplio en contra de la minería maldita. El gobierno habla de trabajo decente, y ciertos dirigentes obreros de cúpula se suman a esta cruzada cuando se sabe por definición que el trabajo minero es indecente y espurio.

Otro indicador de minería maligna, es que la inversión extranjera directa (IED) representa menos del 3% de la IED total (Fosdeh: 2017), muy raquítica si se considera el abanico de beneficios otorgados por el Estado, y la baja generación de divisas que equivale a menos de 5% de las divisas totales de las remesas familiares, que hoy están bajo amenaza por el impuesto Trump.

La institucionalidad también deja mucho que desear. La DEFOMIN estaba politizada y altamente penetrada por la corrupción e incluso por el narcotráfico, por lo que la nueva institución debería ser todo lo contrario. Se esperaba una institución independiente y altamente técnica, con intervenciones transparentes en cuanto al otorgamiento de los permisos de explotación, pero también integrada con la participación de organizaciones sociales y ambientales defensoras de los recursos naturales, las fuentes de agua y el territorio.

El nuevo ente, denominado Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), ha recibido el reconocimiento por ser más transparente en los procesos de otorgamiento de los contratos de concesión, pero las denuncias es que su grado de autonomía es relativo ya que depende de las orientaciones políticas emanadas de la Secretaria Sectorial Mi Ambiente y la Presidencia de la Republica. Aspira a ser en el año 2020, una institución líder en la promoción de la inversión extranjera en el sector minero, aunque dice muy poco de los impactos negativos de esta inversión raquítica. Es una institución poco integrada a las estructuras institucionales locales, y no articula las instancias de participación social-comunitarias en su estructura como mecanismo interno de búsqueda de solución de conflictos. Utiliza más bien otras instituciones y personas, caso de la Designada Presidencial, el Comisionado de los Derechos Humanos, representantes de la Secretaria del Trabajo y del Comité de Emergencias y Contingencias (COPECO).

En la coyuntura actual, donde la agitación política y propuestas de plan de gobierno por los partidos de oposición serán más visibles antes de las elecciones generales de noviembre, es importante profundizar en el debate acerca de seguir promocionando en el país una industria extractiva de este tipo, analizando sus impactos negativos para la economía y sociedad en su conjunto. A la cruzada liderada por ASONOG y demás organizaciones sociales y ambientalistas para reformar o derogar la ley de minería, se suma la propuesta de la candidata a la presidencia de la Republica por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro de Zelaya, de prohibir dicha práctica y derogar la ley de minería actual, lo que es compartido por los demás candidatos de la gran alianza opositora al continuismo y reelección presidencial. Existe coincidencia en las propuestas de los candidatos de la Alianza Opositora, lo cual facilita la integración de estas en un plan de gobierno conjunto y compartido con las bases de los movimientos políticos y sociales.

El candidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, propone una reforma del Estado utilizando la descentralización como una de las estrategias principales, pero también la conformación de una nueva institucionalidad del agua. No se ha pronunciado aún sobre los problemas que generan la industria extractiva minera en el país, y la necesidad de un cambio de rumbo, reglas del juego y funciones públicas. Lo cierto es que la problemática del agua está muy ligada al problema minero, no solo por la destrucción del bosque y fuentes de agua, sino por el uso excesivo de esta por dichas industrias.

Hay que reconocer que detrás de las empresas mineras existen gobiernos (EEUU, Canadá e incluso China) que seguirán ejerciendo presión para que se acelere el otorgamiento de concesiones mineras en el país. Aunque no se demostró públicamente, estos gobiernos ejercieron presión al gobierno de Pepe Lobo (2010-2013) para que se aprobara la nueva ley de minería a cambio del reconocimiento como gobierno electo democráticamente después del golpe de Estado en junio de 2009, y la entrega de recursos financieros.

De allí la urgencia por exigir a los candidatos de oposición al gobierno y presidente Hernández, hagan públicas y socialicen sus propuestas en el tema minero, ya que seguir con lo que tenemos nos llevará, tal como denunciaron organizaciones sociales, gremiales e incluso funcionarios públicos en El Salvador, al infierno.

Tegucigalpa, 1 de mayo de 2017