El sistema penitenciario es la máxima expresión del darwinismo social, un régimen de sobrevivencia de los más fuertes. Aunque el Estado de derecho siga predicando sobre la rehabilitación, lo cierto es que las cárceles forman parte de los dispositivos de “vigilar y castigar” propios de la sociedad de control. La función de vigilancia está exacerbada mediante la injerencia en los datos personales desencriptados. 78 por ciento del tiempo de los individuos está controlado por aparatos de inteligencia, redes sociales, telefónicas, grandes tiendas y bancos, mientras la función de castigo sigue siendo totalmente pública, ejercida mediante la represión física y la justicia penal.

Pensado y diseñado como sistema de castigo, la violación de los derechos humanos es un componente esencial y normal, no desviado, del régimen carcelario vigente, una correlación política y social subyacente que el sistema de justicia penal exhibe en todo su dramatismo. La cárcel es el corolario final de una política económica que produce desigualdad y una política criminal que castiga las consecuencias. Los sectores sociales con necesidades básicas insatisfechas son los destinatarios de la detallada y abundante tipología del Código Penal, que no encarcela culpables sino pobres.

Cuatro elementos describen esta situación:

• Inequidad en el ejercicio de los derechos individuales

• Desigualdad de ingresos al interior de cada país

• Tasas crecientes de homicidio y delitos contra la propiedad

• Políticas criminológicas con énfasis en la justicia penal y la prisión

La suma de factores produce diversos efectos en el sistema penitenciario: altas tasas de criminalidad, incremento de la población carcelaria (mass incarceration), hacinamiento y violación sistemática de los derechos humanos.

Los enfrentamientos entre bandas rivales en cárceles de Brasil han evidenciado un perfil problemático del sistema carcelario latinoamericano, en convivencia con sectores políticos y penitenciarios, donde han muerto más de un centenar de presos en distintos enfrentamientos entre carteles del narcotráfico y donde varias pandillas dirigen el crimen organizado desde el propio interior de las cárceles (el PCC y el CV).

Por otro lado es sabido que las prisiones con menores índices de violencia entre los presos y con menor maltrato por parte de las autoridades son las que están controladas por los internos.

La cárcel no rehabilita y la post prisión carece de políticas de reinserción social, en un medio donde el desempleo y la precariedad no permiten sostener siquiera a sus propios miembros. Aunque el sistema post-penitenciario tiene la misión del cuidado de los liberados condicionados fracasa porque los Patronatos de Liberados tienen escaso personal, no está especializado y suelen estar a cargo de los propios agentes de policía.

El territorio carcelario es un espacio y un tiempo de reorganización y formación, como enseñaron los viejos presos políticos de la izquierda mundial en el siglo XX. Si el sistema social envía a prisión a los más débiles de sus miembros, de allí salen miembros organizados, y por lo tanto fuertes. Se trata un territorio en el que una reacción proactiva impulsa el surgimiento de nuevas formas y organizaciones delictivas y una reacción pasiva impulsa el aislamiento y la derrota darwiniana.

Frente a este muy efectivo modelo de estatalización criminal de la ocupación territorial existe el modelo americano de privatización de la gestión territorial, con gerenciamiento empresario y proletarización forzosa que Loic Wacquant describe en “Las cárceles de la miseria”.

Estos sistemas penitenciarios privados son adoptados en muchos países a partir del sistema promovido por Estados Unidos, iniciativa que produce debates a favor y en contra. El modelo se ofrece como garante de la mejor gestión, pero los críticos acusan a las compañías de ofrecer un servicio de peores condiciones que el Estado.

Las empresas justifican sus operaciones en términos de mayor eficiencia del servicio, al estilo técnico profesional. La Corporación de Correccionales de América fue la pionera de esta tendencia a principios de los años 80s del siglo pasado y actualmente es la mayor compañía penitenciaria de Estados Unidos.

Estas compañías privadas se convierten en poderosos lobbies político-empresariales y recorren América Latina y otras regiones ofreciéndose como alternativa al hacinamiento, los servicios estándares y el aumento del costo de las cárceles. Las cárceles privadas llegaron a América Latina en el 2011, primero a Brasil y luego a Chile.

En la lógica empresarial, todo aumento de la población y el delito es conveniente para las cárceles privadas, porque su empresa es exitosa en torno al crecimiento del delito.

La política criminal latinoamericana expresa debilidades en tres ámbitos de la jurisdicción intramuros: la prisión, el prisionero y el guardián armado.

Para la geopolítica de la seguridad la prisión ya no puede considerarse un lugar de paso hacia la supuesta promesa siempre incumplida del Estado de derecho de reinserción-liberación del recluso. La prisión es un territorio en sí mismo, que históricamente ha convocado mayor atención del sistema penal sobre la variable temporal (tiempos de condena) que sobre la espacial (lugar de la condena, siempre un ingrediente secundario de la sentencia). Su territorialidad está definida por la reorganización y la formación en términos de estatalización del Estado, privilegiando la capacidad de cooptación y no de castigo, ya que la reinserción se hace dentro de la prisión, no fuera ni después de ella.

La territorialidad de la prisión se construye desde la misma sentencia del tribunal, por el destino físico establecido por el juez; siempre la estatalidad del Estado antecede a la estatalidad del crimen, que es reactiva. La sentencia es el primer momento de construcción de la estatalidad.

Los Servicios Penitenciarios deben constituir una variante de formación y capacitación, contención y superación, no una estancia de “tiempo muerto” improductivo, sino una organización constructora de integración, una alternativa psicosocial que ofrece propuestas de trabajo y asegura la elevación personal, una pedagogía diferencial y una socialización creadora de capital social.

Los formatos arquitectónicos y de responsabilidad social de las prisiones deben responder a un proyecto penitenciario de reorganización, formación y trabajo. Los indicadores de estatalidad se medirán en función de las opciones, oportunidades y alternativas aprehendidas en el espacio y el tiempo de prisión, de tal modo de acercarse a funciones de reorganización y formación y entregar a la sociedad miembros fuertes y “organizados”.

Por su parte el guardián armado desincentiva gradualmente su rol pretoriano y los factores de riesgo físico para convertirse en un agente capacitado de disuasión, mediación, pacificación y liderazgo organizacional.

Un cambio de formación profesional, una rotación de jerarquías en el propio diseño institucional y un paulatino redireccionamiento de los objetivos a medida que se puedan estandarizar tratamientos validados, son parte de los procesos de actualización y profesionalización que reclaman una adopción programada por parte de los decisores políticos.

Algunos mecanismos de control que transicionalmente pueden adoptarse, en virtud de la situación terminal del sistema penitenciario latinoamericano, son:

• canales de denuncias anónimas

• asistencia a las víctimas

• buzones para quejas en los penales

• mecanismos de control disciplinario

• evaluación externa

• sistema de estímulos e incentivos

• participación y monitoreo ciudadano

• rol de los medios de comunicación

La problemática penitenciaria es un desafío todavía insoluble para las democracias latinoamericanas, que no han podido transformar en hechos los discursos políticamente correctos que pueblan sus plataformas electorales.

Miguel Ángel Barrios

Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política.

Ha escrito obras de investigación entre las que se destacan "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica" (Director), "Consejo Suramericano de Defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas continentales" y "Seguridad Ciudadana: de lo municipal a lo continental"

Profesor de Geoestrategia en la Licenciatura en Seguridad de la Universidad de Morón y creador de la Cátedra en Seguridad Ciudadana en la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Dicta seminarios y cursos en Academias Policiales de América Latina y es Consultor en Políticas Públicas de Seguridad.

Coautor con Norberto Emmerich de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina", que publicará la Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.

Norberto Emmerich

Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.

Ha escrito "Una teoría política para el narcotráfico", "Geopolítica del Narcotráfico en América Latina" y "Narcos en Buenos Aires: el caso de la Villa 31".

Profesor de "Seguridad Ciudadana" y "Política Criminal" en la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

Fue Decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador y Coordinador General de Investigaciones de la misma Universidad.

Coautor con Miguel Angel Barrios de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina", que publicará la Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.