Mirtha Vásquez habló con Gran Angular, abogada cajamarquina y directora de Grufides, quien desde el 2012 asumió la defensa de la campesina Máxima Acuña de Chaupe contra la mina más poderosa del Perú, Minera Yanacocha. En diciembre de 2014, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca le dio la razón a Máxima  sobre la posesión de las 25 hectáreas de terrenos que mantenía en litigio con la minera, fue el primer triunfo de esta abogada, quien no pudo evitar las lágrimas ante la emoción de ganarle a la mayor mina aurífera de Sudamérica y la segunda más grande a nivel mundial. Hace una semana se puso punto final a este caso, la Corte Suprema confirmó la absolución definitiva  de la campesina, el fallo  declara infundado el recurso de casación presentado por la mina. Frente a la lucha de Máxima ha estado esta mujer de mucha valentía y coraje.

P.- ¿Cómo llegas a asumir la defensa de Máxima Acuña?

R.- Máxima y su familia no tenían plata para un abogado, les informaron que estábamos nosotros (Grufides), pero primero llegaron al Gobierno Regional  y ahí recibieron apoyo de Gregorio Santos en ese entonces (agosto de 2012), creo que les dieron una carpa y comida, y alguien en el Gobierno Regional los dirigió a nosotros. Máxima llegó con todos los golpes, las primeras fotos de ella golpeada se la tomamos en la oficina. Yo la recuerdo llorando como una niña, tapada con el chall que usa, y se tapada toda, supongo que era para que no la viéramos llorar, ella no se podía controlar, su llanto era tan fuerte que yo creo que le daba un poco de vergüenza, y a mí me impresionaba mucho eso, ella ha sufrido mucho, además este proceso le ha traído muchísima depresión, en el año 2015 dos veces ha colapsado.

P.- ¿Cómo ha sido el proceso legal entre minera Yanacocha,  Máxima y su familia?

R.- El caso empieza porque básicamente el terreno de Máxima está dentro de la propiedad de una comunidad campesina que se llamaba Sorochuco,  y lo que la empresa dice es que en el año 1996 ellos compraron ese terreno, en este caso Máxima y su familia nunca fueron informados de que los terrenos estaban siendo vendidos, ellos no recibieron un sol por esos terrenos. Ellos han vivido todo el tiempo ahí, es en mayo del año 2011 en que la empresa minera llegó intempestivamente y  destruyó sus chozas, los golpearon, quemaron todos su enseres y les dijeron que tenían que salir del lugar, la familia decidió ir a denunciar este hecho y lo hizo con la policía de Sorochuco, sin embargo esa denuncia posteriormente fue archivada.

Nosotros hemos demostrado que la familia tiene documentos de propiedad que acreditan que ellos pagaron por ese terreno, tienen un documento de posesión que ha sido otorgado por la comunidad campesina, en el cual se lo reconoce como posesionarios del terreno, hay varias inspecciones que acreditan que estos terrenos han estado siendo ocupados por la familia, tienen sembríos, algunas construcciones antiguas, mientras que la empresa no ha logrado probar ningún tipo de posesión en el terreno.

Hemos tenido que pelearlo por cinco años, incluso en dos oportunidades el Poder Judicial de Celendín les dio la razón a la empresa minera, sin mayor prueba lograron sentenciar a la familia, no solo a una pena privativa de libertad sino obligándolos de que entreguen el terreno a la minera, nosotros hemos apelado a estas decisiones y es aquí en Cajamarca donde el proceso se ventila abiertamente, aquí es cuando nosotros hemos logrado sustentar todos los medios de prueba que teníamos a favor.

P.- ¿Qué derechos fundamentales viola la empresa minera Yanacocha cuando en el caso concreto de Máxima Acuña, tenemos que presentar nuestros documentos  de identidad para poder visitarla?

R.- Son varios derechos que se vulneran cuando se permiten este tipo de prácticas, en principio el derecho a la libertad de tránsito, que toda persona tiene derecho de transitar libremente sobre todo en caminos públicos y estos caminos que la empresa minera está obstaculizando son caminos públicos, lo que pasa es que ellos en la mayoría de casos lo que han hecho es mejorar las carreteras y las vías de acceso, pero eso no significa que se vuelven propietarios, entonces ellos están vulnerando la libertad de tránsito, incluso vulnerando el derecho de la intimidad de las personas, porque las personas que tienen sus propiedades en estos  lugares cuando reciben visitas no pueden tener privacidad porque la empresa minera constantemente está vigilando, saben que personas lo visitan, están investigando y tienen capacidad de saber para qué fueron las personas, porque las personas son interrogadas antes de entrar al domicilio de estos campesinos, entonces hay derechos fundamentales que se están vulnerando, y que finalmente atentan contra la dignidad de estas personas, estas personas no pueden vivir tranquilamente en sus propias casas, no pueden tener libertad en sus propios domicilios.

P.- ¿El proceso de casación ha sido una estrategia de la empresa, pero ha sido legal?

R.- Este proceso debió terminar con la última instancia en Cajamarca donde se le declaró inocente a la familia, el recurso extraordinario de casación  se puede usar solo de manera excepcional, este recurso se usa cuando hay pruebas que el proceso se ha llevado a cabo contraviniendo a la ley, que no hubo garantías del debido proceso o que la sentencia contraviene la jurisprudencia, este caso no se ajustaba  a ninguna de estas causales tan específicas que establece la ley, este recurso presentado por la minera debió ser declarado improcedente. Nosotros teníamos  suficientes argumentos para pelear en esa instancia y comprobar que la familia en efecto no ha sido autora de ningún delito y que es más bien la empresa minera la que está cometiendo varios ilícitos.

P.- ¿La familia de Máxima va a poner alguna denuncia a la empresa por daños y perjuicios?

R.- Correspondería, son varios años de persecución contra esta familia por una denuncia calumniosa que se ha dado, son varios efectos negativos que la familia ha tenido que sufrir por responsabilidad de la empresa, ha tenido que incurrir en muchos gastos económicos, que devienen incluso de sus traslados para afrontar un proceso, muchísimos perjuicios porque ellos han tenido que dejar de trabajar para comer y dedicar mucho tiempo de su vida a defender sus terrenos. Merecería una denuncia para que esta familia sea indemnizada, pero eso también está en la decisión de la familia, que por supuesto después de sufrir tantos años de un proceso judicial con todo lo que eso significa, yo siento que ellos están cansados de seguir trajinando al Poder Judicial en busca de justicia.

P.- ¿Cómo calificarías el triunfo de Máxima?

R.-Yo califico la lucha de Máxima Acuña con una sola palabra: valentía, porque lo que le ha sucedido a Máxima y a su familia  le sucede a cientos de campesinos aquí en Cajamarca, todo el tiempo, desde que la empresa se asentó hasta el momento, pero Máxima y su familia si tuvieron el coraje y la decisión de enfrentarse a una empresa tan poderosa, ellos desde el primer momento que la empresa intenta quitarles sus terrenos decidieron no moverse de ahí, soportaron golpes, soportaron que les quemen lo poco que tenían, que le destrocen y los lleven lo poco que tenían, decidieron resistir con lo que llevaban puesto y a la intemperie y no moverse de ese terreno, porque sabían que al salir nunca más tenían la posibilidad de regresar, entonces el acto de Máxima y su familia es un acto de suma valentía.

Estos cinco años han sido pura tensión para ellos, todos los días vigilados, todos los días amenazados, todos los días con el temor, vivir bajo el temor de que van a entrar o les van a quitar y les van despojar el terreno o les van a terminar matando, vivir bajo esa situación de tensión, ellos han tratado de defender lo poco que tienen inclusive arriesgando su vida, y eso termina siendo también una lección muy valiosa, no solamente para ellos, sino para toda la gente que siempre le ha tenido miedo al poder.

P.- ¿Es cierto que en Celendín un fiscal señaló que la familia Chaupe estaba haciendo perder mucho dinero a la empresa minera?

R.- Los fiscales en Celendín han tenido un rol más que cuestionable en este caso, fiscales que han ido a amenazar a Máxima, a decirle que ceda a vender esas tierras, que están haciendo perder plata y tiempo a la minera, fiscales diciendo eso sin el menor escrúpulo. Por ejemplo nosotros tenemos los audios de cómo los fiscales en el proceso han ido a actuar como abogados de la minera, el abogado de la minera no tenía que hacer absolutamente nada, los fiscales peleaban por la minera, no nos dejaban argumentar, no nos admitían pruebas, nos gritaban, nos insultaban. Un fiscal sustentó diciendo: ‘esta familia (Chaupe), es una familia que se comprende que haya cometido este tipo de delitos, porque son familias que no tienen ni un grado de educación, por tanto son propensos a cometer actos delictivos‘. Yo le tuve que decir: ‘oiga eso es un argumento incluso discriminador, porque lo que usted está diciendo es que el pobre que no tiene acceso a educación es un delincuente’.

P.- Máxima tiene dos hijas que le han acompañado durante todo el proceso…

R.- Las mujeres de esa familia son las que han permitido que se logre justicia, son el pilar de la familia. La última de las Chaupe, Gilda, cuando entra la minera rodean toda la propiedad y entran con una maquinaria pesada, con la participación de Securitas,  Gilda era menor de edad, tenía 17 años,  se tiró frente a la maquinaria, el maquinista paró porque tenía miedo de matarla, y ahí es donde se ordena que la policía entre,  y la policía pretende sacarla a la fuerza y Gilda se resiste, y un policía va y le pega con el fusil en la cabeza, y la desmaya, la dejo inconsciente, la policía piensa que le ha matado, decide retirarse y levanta un acta para protegerse, ese acto de valentía impide que sean desalojados. La otra hija es Isidora, ella es la que filma todo con su celular y por ella se tiene el registro de los abusos, y es ella la que le dice a la familia: ‘de acá no nos movemos, porque si nos sacan no podremos regresar más’, y Máxima es la que defiende a su familia como una leona, las tres mujeres son muy valientes en todo este proceso.

P.- Con respecto a la criminalización de la protesta en Cajamarca, ¿cómo están los procesos contra los dirigentes sociales?

R.- En Cajamarca tenemos más de 300 líderes procesados por temas de protesta social y se los asocia con una serie de delitos, como delitos de disturbios, violencia y resistencia a la autoridad, rebelión, han sido procesados por terrorismo, por obstrucción por vías de comunicación, lo que se ha logrado es que haya una política de criminalización de la protesta, utilizando mecanismos “legales”, para neutralizar a la gente que quiere usar este derecho. El gobierno de García fue el que más generó normas que permitieran esta política, por ejemplo se generó una ley para calificar la protesta social como delito de extorsión, por extorsión al Estado, una persona puede ir a la cárcel por 25 años por este delito, es decir más años que el delito por homicidio.

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