El asesinato de Javier Valdez Cárdenas, director del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, a diferencia de los 268 homicidios cometidos de 1983 a la fecha –231 periodistas, un locutor, ocho trabajadores de prensa, 16 familiares y nueve amigos de comunicadores, así como tres civiles, de acuerdo con la Federación Latinoamericana de Periodistas–, obligó a los gobernantes a dejar de lado las reacciones rutinarias de condena y expresión de pésames, y deliberar en Los Pinos con Enrique Peña Nieto, tanto su gabinete de seguridad como realizar una sesión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que ahora encabeza el presidenciable dizque “independiente” Miguel Ángel Mancera.

Deliberar es un decir, porque fue a puerta cerrada la primera reunión, y en la segunda el presidente anunció tres medidas extraordinarias ante la grave situación que encaran los trabajadores de los medios de comunicación, a saber:

Mayor presupuesto y estructura para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; establecimiento de un protocolo nacional de operación ante las agresiones al gremio, y fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Son acciones que no debieran rechazarse sin mediar los matices, salvo que se busque privilegiar el interés partidario y la contienda electoral por el estado de México, Coahuila y Nayarit, amén de las alcaldías veracruzanas. Cierto es que son medidas que “debieron haberse instrumentado hace mucho tiempo” (Raúl González Pérez).

O bien, aunque es positivo el fortalecimiento del mecanismo de protección a periodistas, el fondo del problema de las agresiones contra los comunicadores radica en la impunidad casi generalizada, la que se construye desde el sistema de justicia y en las procuradurías estatales, como explica Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en coincidencia con el presidente de la CNDH.

Mayor significado tienen las directrices si registramos que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sólo dispone de recursos económicos para septiembre, debido a que el Congreso no le asignó presupuesto para este año por el ajuste presupuestal y que la operación en 2017 se hace con remanentes de años anteriores. De ese tamaño era y es el desentendimiento del grupo gobernante que, al cuarto para las 12, pretende corregir su grave omisión. Y pese a la cual el Mecanismo dependiente de la Secretaría de Gobernación protege a 179 periodistas (53 mujeres y 126 hombres).

También es pertinente subrayar que el gobierno de Peña Nieto, como los anteriores, pretende afrontar la creciente inseguridad para el trabajo periodístico –el mismo que para Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón, es normal porque el periodismo es riesgo–, con mecanismos extraordinarios, cuando lo que hace falta es efectividad y buen funcionamiento de las instituciones ordinarias del sistema de justicia.

Hace 13 años surgió la demanda de ¡Ni uno más! con la Protesta Nacional contra Crímenes de Periodistas, realizada el 11 de octubre. Sin embargo, es hasta ahora cuando el reclamo de justicia de fotógrafos y camarógrafos interrumpió la acostumbrada y arcaica solemnidad de los faraónicos actos presidenciales que acentúan más la peligrosa distancia entre el México real y el México formal y aleja aún más a los gobernantes de los gobernados, agudizando la incredulidad ante las decisiones oficiales.

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