En el mundo actual, la batalla por las ideas es muy importante, mucho más para las clases dominantes. En esta lucha se traduce la ideología y se configura la sociedad. En un mundo globalizado, lo que no se publica no existe; por lo tanto, si unos pocos grupos controlan la opinión pública y otros no tienen voz, estos últimos no existen, sus ideas no son tomadas en cuenta, y por ende son invisibles para la sociedad.

El concurso de frecuencias es un hecho histórico. Pone sobre la mesa la posibilidad de democratizar el uso del espectro radioeléctrico y utilizarlo como un bien público, lo que, hasta el día de hoy, no ha sucedido. Este concurso puede ser una garantía para que, durante los próximos 15 años, aquellos que han sido invisibles para la sociedad ya no lo sean. Así también puede ser un paso importante en el resurgimiento de la comunicación local y comunitaria, lo cual podría frenar de alguna manera la mercantilización de la información propia del mundo neoliberal. Sin embargo, al ser el primer concurso público de frecuencias que se pone en marcha de manera integral, este encuentra una serie de desafíos que vale la pena analizar.

El ser humano aprehende el mundo desde lo visual y desde el uso del lenguaje. En ese sentido, la comprensión de la vida depende de la capacidad de conocimiento cognitivo que tengamos sobre lo que acontece a diario. Es por esto que los medios de comunicación están entre los principales recursos políticos y culturales que tenemos. Sin embargo, considerando que es legítimo que los eventos comunicativos se construyan desde una visión selectiva y que la mayoría de veces reclamen la imposición de un sentido sobre otro, informarse adecuadamente, en la época actual, resulta ser un proceso de interacción con múltiples interpretaciones, para lo cual es necesaria la existencia de una oferta comunicacional diversa. Esta es la dinámica que le da sentido a la existencia de la sociedad, que constantemente reclama la instauración de perspectivas dominantes sobre otras alternativas.

En Ecuador, el espacio público nacional se forma con las opiniones de quienes, por medio de varios mecanismos, logran hacer circular sus planteamientos y posiciones en este terreno. No todas las noticias, aunque sean publicadas, logran entrar en este espacio. Lo mismo sucede con el entretenimiento y la cultura en general. Con la era digital, el avance de las tecnologías de la información y las diferencias en la cobertura de los medios, hay mucha información que se logra posicionar, en detrimento de otra; información con la que se configuran las ideas cotidianas de la nación.

Entonces, si analizamos detenidamente qué es lo que nos conviene como sociedad, evidentemente será que tengamos a disposición una mayor oferta informativa, cultural y de entretenimiento. Esto, para poder construir nuestras ideas y posiciones, para poder ser lo más diversos culturalmente hablando, en función de la confrontación de una multiplicidad de ideas, el contraste, el conocimiento de expertos, las posiciones de grupos vulnerables, entre otros. En Ecuador esto no ha sido posible y la razón principal, se encuentra en la forma en la que está distribuida la propiedad de los medios de comunicación, y no hablo aquí solo de frecuencias.

Desde la década de los 70s, con la consolidación del sistema capitalista y la llegada de la globalización, los medios de comunicación se concentraron primordialmente en manos de los grandes poderes económicos y políticos del Ecuador. Esto implicó que los contenidos se encontraran siempre condicionados por las opiniones e intereses de estos actores. El resto de la ciudadanía se mantuvo amordazada, sin encontrar espacios para expresarse libremente y demandar información veraz, libre de intereses partidistas y una comunicación ciudadana que permita escuchar y ser escuchados.

En aquella época, la mayoría de la información que circulaba en Ecuador era producida por unas pocas agencias internacionales de prensa, y era retransmitida por un selecto grupo de medios de comunicación que gobernaban el espacio público nacional. Tal situación generó que la producción nacional fuera prácticamente inexistente, en sus propuestas educativas, informativas y culturales. Por varias décadas, el país consumió una serie de productos mediáticos que reflejaron otras realidades, sin mencionar las implicaciones que esto generó en el desarrollo de la identidad nacional.

En la actualidad, casi cuarenta años más tarde, las disparidades aún están presentes en la comunicación. Del total de medios existentes en el Ecuador, aproximadamente un 92% son privados, 4% públicos y 4% medios comunitarios de colectivos sociales, pueblos y nacionalidades indígenas. La UNESCO considera, acertadamente, que esta realidad es la que históricamente ha limitado el pluralismo social, alejando a los medios de la sociedad y a esta de aquellos. Lo preocupante no es que un sector de la comunicación sea privado, lo alarmante es el grado de predominio de dicho sector y la existencia de un desequilibrio con el resto de sectores (público – comunitario). El exacerbado fin de lucro del sector privado ha minado a la comunicación en Ecuador.

Por ejemplo, al analizar el porqué de la existencia de tantos contenidos “basura” en los medios de comunicación, se hace evidente que, en la lógica comercial privada, la búsqueda del mayor rendimiento mercantil siempre es el factor con el que se jerarquiza la “calidad” de los contenidos. Es decir, a mayores ventas, mayor calidad. Para tomar esta decisión los medios se basan en el análisis de los niveles de rating y sintonía que, paradójicamente, son obtenidos en estudios realizados por otras empresas y monopolios privados, y cuyos resultados –muy cuestionados-están direccionados a captar el mejor nicho de mercado para los anunciantes publicitarios, que son el principal ingreso de los medios.

Como consecuencia de este círculo vicioso, el principal interés de los medios privados es transmitir formatos y contenidos para captar a la audiencia, mantenerla frente a las pantallas y finalmente promocionar las marcas o ideas de sus anunciantes. Lamentablemente, en Ecuador esto se hace con programas que abarcan contenidos discriminatorios explícitos, que despiertan el morbo y son, en general, muy pobres en la propuesta cognitiva y socio-afectiva, aspectos centrales que conforman la riqueza psicológica de cualquier ser humano y de una sociedad en su conjunto.

Adicionalmente, no solo el mercado comercial ha usado los espacios de la comunicación. La política y la banca, que están directamente relacionadas, también lo han hecho. Vale la pena recordar brevemente la década de los años 90s, que terminó en aquel fatídico suceso denominado “Feriado Bancario”, y el papel que desempeñaron los medios más grandes del Ecuador. Fueron cómplices de banqueros y políticos que tuvieron que huir del país y que utilizaron sus medios para defenderse, negar y ocultar evidencias, atacar a sus rivales, mientras la ciudadanía se encontraba manipulada, indefensa y desfalcada.

En aquel entonces tuvo un papel político mediático importante el grupo de medios de comunicación en manos de los hermanos Isaías, William y Roberto, dueños del Filanbanco (La Razón y Sí Tv). También los medios en manos de Fernando Aspiazu (El Telégrafo, Radio la Prensa, Telecentro) dueño del Banco El Progreso, el Grupo Egas Grijalba, del Banco del Pichincha, como propietario de Teleamazonas, la editora de revistas Dinediciones (Gestión, Mundo Diners), entre otros que en la actualidad siguen ejerciendo ese rol.

Bajo este contexto resulta incuestionable la tesis frankfurtiana que sostiene que la lógica del intercambio (en este caso informativo y simbólico) explica no sólo la estructura social del capitalismo, sino también los mecanismos a través de los cuales se posicionan las formas dominantes de la cultura. Hoy los contenidos son producidos por unas pocas corporaciones privadas, se venden y consumen a nivel nacional como mercancías culturales que integran un sistema enorme que recicla una y otra vez ideas, sentimientos y percepciones; además, los mensajes circulan en diversos soportes y formatos para maximizar la ganancia de los medios y anunciantes.

Estamos plagados desde hace tanto tiempo con estos males, que su presencia ya se encuentra naturalizada en nuestra vida cotidiana. Estos actores han jugado un papel político determinante al momento de posicionar o desterrar gobiernos, han enterrado en el basurero de la historia a quien han creído necesario, han enaltecido a quien se alinea con sus intereses y hasta nos han vendido productos, ideas o estereotipos, direccionando el contenido de los medios hacia la construcción de la sociedad según sus necesidades.

No obstante, con la aprobación de la Constitución de la República en 2008, se reconoce a la comunicación como derecho humano y con esto, el Estado ecuatoriano adquiere la obligación de defender un conjunto de derechos y libertades, que se tradujeron en instituciones, normativas y políticas públicas hacia un nuevo paradigma de la comunicación en el país. Uno de los hitos más importantes, en el mismo año, fue la creación de una Comisión que realice la auditoría de las concesiones de frecuencias que hasta el momento se habían otorgado. Es decir analizar cómo, y bajo qué condiciones, se había distribuido el espectro radioeléctrico en el Ecuador, para finalmente plasmar los resultados en un documento, que sería de altísima importancia para el país.

En un informe de casi 300 páginas –que ha sido minimizado por el sector privado-, la comisión evidencia cómo, en décadas pasadas, a través de la participación de los directorios vinculados con los medios de comunicación y otros directivos gremiales, se trabajó incansablemente para impedir que el Estado ecuatoriano intervenga en la regulación de la comunicación, principalmente en lo concerniente a los contenidos (sexualmente explícitos, violencia y discriminación). Así también en lo relacionado con los límites de participación del capital extranjero, la constitución societaria y el registro público de los medios de comunicación.

La Comisión encontró múltiples irregularidades en el manejo de las frecuencias, principalmente desde 1995 hasta 2008. Hay evidencia de una ilegal consolidación del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), en inobservancia al principio de prelación cronológica en la atención de solicitudes de frecuencias (favoritismos), ilegales transferencias directas de concesiones y transferencias vía devolución, ilegales cambios de repetidora a matriz y viceversa, ilegales prórrogas de plazos, ilegales renovaciones de las concesiones de frecuencias, concesiones sin informes técnicos previos o con informes negativos, concesiones a medios radiales y televisivos clandestinos, auto asignación de concesiones, discriminación a los medios comunitarios, concesiones sin contrato, concentración económica y monopolización. Como consecuencia de esto, según el informe, para el año 2008, 118 banqueros estaban vinculados a 201 medios de comunicación, mientras estaban arraigados grupos políticos y empresariales. El informe presenta una lista de licencias otorgadas a dirigentes de partidos políticos, así como a grupos familiares puntuales.

Con estos antecedentes, vale preguntarnos: ¿En qué manos ha estado la responsabilidad de mantener informado al pueblo y de honrar a la libertad de expresión?

Por más de medio siglo los ciudadanos ecuatorianos hemos delegado la responsabilidad de informar y entretener a los grandes medios privados y a las grandes empresas de la comunicación. Hace rato hemos olvidado que democratizar la comunicación implica devolverla a la ciudadanía, como acto de justicia social, enmarcado en los derechos humanos fundamentales.

Parece, además, que este obscuro pasado nos ha hecho concebir y naturalizar a la libertad de expresión como el simple derecho de unas empresas privadas a operar, impidiéndonos percibir que, en el sistema capitalista, el mercado de la comunicación no está diseñado para garantizar derechos. No hay ciudadanos, solo consumidores, con mayor o menor poder, según sea su capacidad adquisitiva. En este panorama, todo contenido, que no sea negocio o de interés político partidista, queda fuera de los objetivos de los medios. Es decir, -y esto es muy grave- hemos delegado al mercado la responsabilidad de informar y de garantizar nuestra libertad de expresión.

Las épocas de desregularización de la comunicación han sido muy bien aprovechadas por diversos grupos de poder. En Ecuador, el panorama es tal, que la influencia de algunos medios de comunicación en los gobiernos de turno ha llegado hasta el punto de impactar profundamente en el flujo de la información si, en algún momento, se plantea tomar alguna medida que intente modificar esta realidad.

La red se vuelve mucho más robusta si consideramos que el sector privado concentra medios de comunicación en torno a un doble objetivo: ideológico, en tanto transmite el discurso neoliberal transformándolo en social-hegemónico; y económico, por su participación cruzada con otros mercados. Este último punto es importante, puesto que aquí también están vinculados otros negocios millonarios como el espectáculo, los deportes, la moda, las entidades financieras y bancarias, entre otros que, en su conjunto, forman parte de un mismo conglomerado de poder. Es decir, los mismos que le quitan la casa al ciudadano, o que le cobran la deuda, son los que promueven las crisis o critican los nuevos impuestos, y todo desde la comodidad de sus propios medios de comunicación.

Entonces, democratizar la comunicación es un desafío enorme, ya que implica romper con esta vieja estructura que ronda como FANTASMA, por todos los rincones desde donde se generan la comunicación y la información. Implica impulsar una revolución que permita que los ciudadanos recuperen lo que les fue arrebatado, revolución que aún está pendiente. No es coincidencia entonces que, cuando el Estado intenta democratizar la comunicación, desde los grandes medios y grupos de poder se intente posicionar diversos discursos en el espacio público nacional, como por ejemplo, que se está atacando a la libertad de expresión, o que se está reprimiendo a la prensa.

Hoy en Ecuador la regulación está presente gracias a Ley Orgánica de Comunicación y, aunque es una normativa joven que requiere algunos cambios y reflexiones, ya plantea la redistribución del espectro radioeléctrico, el respeto a los derechos de los ciudadanos desde los contenidos de los medios, vela por las franjas horarias, por la accesibilidad para grupos vulnerables, por la circulación de información veraz y por la interculturalidad, algo que va mucho más allá de simplemente cuidar el libre funcionamiento de las empresas privadas de la comunicación.

Como hito histórico, esta Ley fue aprobada por mandato ciudadano, a través de una consulta popular, lo que la convierte en propiedad y decisión de toda una sociedad y principalmente de quienes han luchado durante décadas por la democratización de la palabra. Esta ley plantea una redistribución del espectro radioeléctrico en 33% para medios privados, 33% para públicos y 34% para medios comunitarios, de colectivos sociales, pueblos y nacionalidades indígenas. Esto también representa una amenaza directa para los grupos de poder y, por ende, desde la aprobación de la Ley hasta la actualidad no han parado de sostener que se ha aprobado una ley mordaza, contra la libertad de expresión.

En ese sentido, no es azaroso que en pleno concurso de frecuencias, políticos que defienden el libre mercado, fundaciones que en Ecuador cumplen agendas políticas de otros países y dueños de medios de comunicación, a quienes se les adjudicó frecuencias durante la época obscura, hablen tanto de la libertad de expresión. Vale reflexionar sobre la coherencia de esta defensa por estos grupos, y la razón de su repentino interés en el tema. Lo que sí es evidente es que, en la actualidad, si un colectivo quiere defender en el espacio público su derecho a acceder a una frecuencia, no puede hacerlo, a menos que tenga vínculos con los selectos grupos que controlan el espacio comunicacional y con toda la red que se encuentra detrás. Hace falta estar alineado, generar audiencia o tener la misma línea editorial/ideológica de aquellos que actualmente acaparan el espacio público. Este es el verdadero FANTASMA que atormenta al concurso de frecuencias y a la libertad de expresión en Ecuador.

Estos grupos piensan que la libertad de expresión es su derecho a la censura y a la manipulación de los temas de interés social. Es tan contradictoria la situación que hasta ex funcionarios públicos, que fueron tomadores de decisiones en el ámbito de las telecomunicaciones durante la época obscura, hoy aparecen como defensores de la libertad de expresión, incluso, presidiendo un “observatorio”, cuyos planteamientos tienen un objetivo claro, suspender el concurso de frecuencias y hasta derogar la Ley si es posible.

Es un mito creer que la desregularización permitirá que la comunicación sea devuelta a la sociedad, y la historia es evidencia de ello. Democratizar significa impactar contra este FANTASMA que, además, está ubicado, verticalmente, muy por encima de los periodistas que elaboran la información. Con el concurso de frecuencias es la primera vez que en el Ecuador se considera a la comunicación como un derecho fundamental y no simplemente como el patrimonio de muchos grupos de poder, hoy mal llamados “medios tradicionales”, que hasta el momento han salido victoriosos de la batalla de la democratización, con facturaciones enormes, incluso a nombre de la libertad de expresión.

Es hora de que el Ecuador despierte de esta pesadilla, de que se recupere lo que por ley pertenece a todos los ciudadanos. Hay que terminar con los latifundios mediáticos, de propiedad y de ideas, que se forjaron en esa época obscura, y que han dejado por fuera de la oferta informativa a toda la sociedad, mientras promueven una concepción elitista de la comunicación.

Link del informe definitivo de la Comisión de auditoría de frecuencias: http://www.arcotel.gob.ec/ventanilla-del-usuario/informe-definitivo-de-la-comision-de-auditoria-de-frecuencias/

Andrés Groner

Sociólogo e investigador

Quito - Ecuador

Fuente: http://www.kafeina.tv/concurso-de-frecuencias/