En la Declaración Conjunta del Grupo de Contacto de las Autoridades de Protección de Datos de los Países Bajos, Francia, España, Hamburgo y Bélgica efectuada el 16 de mayo de 2017, los signatarios comunicaron estado y resultados de las investigaciones realizadas a Facebook acerca de la calidad de la información que provee a sus usuarios, la validez del consentimiento provisto por ellos y el uso de datos personales con fines publicitarios.

 En Francia, la Comisión Nacional sobre Informática y Libertad acusa la ilicitud con que la red social realiza seguimientos por medio de su cookie DATR y gestiona los datos de los titulares de cuentas, para producir publicidades personalizadas. Alerta también sobre el desinterés de Facebook para que sus usuarios comprendan acabadamente cómo sus datos son recopilados sistemáticamente. El ente regulador multó con 150.000 euros (166.000 dólares aproximadamente) a una empresa que obtuvo ingresos por más de 27. 000 millones de dólares en el 2016.

​El pronunciamiento más contundente es el de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de los Países Bajos (DPA). Afirma la violación de su legislación sobre protección de datos por parte de la ingeniería socio publicitaria que dirige Mark Zuckerberg. Esta conclusión surge de una investigación que involucró a 9.6 millones de usuarios de Facebook en los Países Bajos. La DPA denuncia la utilización de datos confidenciales de los usuarios sin su consentimiento. Enfatiza el empleo de datos concernientes a las preferencias sexuales para visualizar anuncios específicos. Sin embargo, a diferencia de sus colegas galos, no aplica aún pena pecuniaria alguna.

La DPA de Alemania (Hamburgo), informa dos procesos diferentes. En un caso se ordenó al Grupo Facebook que desista de utilizar los datos de los usuarios de WhatsApp (fue adquirido por  Zuckerberg en el 2014, por 22.000 millones de dólares) sin su consentimiento previo, decisión que fue confirmada por un Tribunal Administrativo. El segundo caso, en el que Facebook se opone a la posibilidad de que sus usuarios usen seudónimos alegando motivos de seguridad, carece de definición por cuestiones de competencia y de ley aplicable.

La Comisión de Privacidad de Bélgica insiste con nuevas recomendaciones, que se adicionan a otras del 2015, sobre seguimiento de usuarios y no usuarios a través de cookies, plug-ins sociales y píxeles, por el incumplimiento de Facebook a su legislación de protección de datos personales, especialmente en relación al consentimiento, la imparcialidad, la transparencia, la proporcionalidad, y una “excesiva recopilación de datos personales”, entre otros aspectos. La DPA española, finalmente, abrió dos procedimientos por posibles infracciones a sus disposiciones vigentes en materia de protección de datos.

La declaración colectiva de los entes reguladores describe el conflicto que se produce por la pretensión de Facebook de apartarse de leyes y tribunales de los países mencionados, reclamando la aplicación de leyes y la supervisión de organismos y jueces irlandeses, por ser esta geografía la que contiene su sede operativa. El Grupo de Contacto responde lo obvio: la red social lucra con los datos personales de sus ciudadanos, a los que dirige la publicidad que le asegura ingresos multimillonarios, con actividades que desarrollan oficinas instaladas en los soberanos países que esas humanidades habitan.

Las disputas referidas tienen como telón de fondo el Reglamento europeo de Protección de Datos aprobado el 2016, pero que comenzará su aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, fecha límite para que cada nación ajuste su marco normativo y actuaciones regulatorias internas a lo previsto en el reglamento continental. Entre las reformas consagradas, el régimen sancionador prevé multas que pueden alcanzar hasta el 4% de la facturación global o los 20 millones de euros.

Actores y estrategias

La multa de 14.000 millones de dólares aplicada por el Departamento de Justicia norteamericano al Deutsche Bank el año pasado fue interpretada por los banqueros germanos como una retaliación por la sanción de 13.000 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Apple, a raíz de haber incumplido la última con sus obligaciones tributarias con Irlanda (incumplimiento que Irlanda batalla para no facturar). La manifestación del Grupo de Contacto puede leerse como un nuevo capítulo de esta contienda, en cuyo caso no se puede descartar la contestación estadounidense.

Desde otra perspectiva, también vale examinar el conflicto como uno suscitado entre entes representativos de regulaciones nacionales, que pugnan por preservar sus capacidades burocrático soberanas, versus injerencias tan desnacionalizadas como, hasta cierto punto, inmateriales. El temor de los primeros se agrava por la exitosa utilización, afirman algunos, de las redes sociales por parte de actores políticos mucho menos tímidos a la hora de reclamar la reemergencia de las aptitudes “auténticamente” nacionales.

Cierta contradicción se detecta en el Grupo de Contacto, por esgrimir requerimientos nacionales al tiempo que sus miembros operan disoluciones normativas internas a favor de organismos y marcos legales supranacionales. Berlín, París y Madrid ceden ante el vértice rector de Bruselas.

¿Cómo determinar las partes del contencioso?: ¿la comunidad europea versus la comunidad de Facebook?; ¿los Estados Unidos de América versus los estados unidos europeos?; ¿la comunidad de negocios versus los íntimos intereses ciudadanos? Tal vez una combinación de estos elementos y muchos otros.

En cualquier hipótesis, y al margen de la honestidad con que actúan los sujetos descriptos en este artículo, parece innegable que confrontar con poderosas empresas multinacionales reclama coaliciones no menos potentes. Sally Burch advierte sobre la agenda que las economías centrales propiciarán en la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, a realizarse a fines de este año en Buenos Aires. Es de esperar que los decisores públicos argentinos y de la región sudamericana registren los acontecimientos que están teniendo lugar, la dinámica que los nutre, para actuar en consecuencia. Es mucho más que recomendable que congresistas nacionales y parlamentarios del Mercosur organicen y diseñen estrategias y acciones comunes para maximizar la defensa de los derechos de nuestros pueblos y promover sus intereses. De lo contrario, no menos recomendable es que los profesionales del derecho y del comercio de nuestra región comiencen a estudiar legislaciones, jurisprudencias, usos y costumbres de la República de Irlanda, o de la patria legal sustitutiva correspondiente.

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