La Superintendencia de Competencia logró esta semana que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificara dos sentencias sancionatorias contra Molinos de El Salvador (MOLSA) S.A. de C.V. y HARISA S.A de C.V., empresas harineras que cometieron la práctica anticompetitiva de acordar repartirse el mercado.

El duopolio, que controla el 98% del mercado de harinas, debe pagar una multa de 4 millones de dólares y revertir la práctica anticompetitiva. “Estamos en una economía abierta, hay que respetar las reglas y evitar abusos”, declaró el Superintendente de Competencia, Francisco Díaz.

Este hecho sienta un precedente importante en la lucha por la desconcentración económica y debería generar un fuerte debate sobre la necesidad de generar mayores niveles de competencia en otros ámbitos de la economía, incluido el de los medios masivos de comunicación.

El estudio “Condiciones de la competencia en la televisión abierta en El Salvador”, publicado por la Superintendencia de Competencia en enero de 2016, señala que “el mercado televisivo tiene una estructura altamente concentrada, con bajo nivel de desafiabilidad”. Sostiene que “en éste participa un grupo económico con posición dominante, cuyo liderazgo se mantiene desde el nacimiento de la industria audiovisual en la segunda mitad del siglo XX”.

Este grupo es Telecorporación Salvadoreña (TCS). “Su fuente de posición dominante se debe primariamente a su ventaja de primer jugador, al control de buena parte del espectro VHF asignado a televisión abierta, acceso a altos niveles de rating, una escala creciente de operaciones, exclusividad de contenidos premium y finalmente la mayor venta de pauta publicitaria”, destaca el informe.

Este consorcio mediático afín a la derecha oligárquica controla el 37% del espectro televisivo, domina el 66% de audiencias y pauta el 71% de la publicidad en televisión abierta; y su concentración se incrementaría exponencialmente si todas sus concesiones son renovadas y si le son otorgados los mismos anchos de banda en el nuevo sistema digital.

Por eso el referido estudio recomienda, entre otras medidas, que TCS no participe en los procesos de asignación de nuevas concesiones y que con la digitalización se garantice el ingreso de nuevos operadores a fin de generar un mayor nivel de competencia.

El estudio, incluso, plantea que -a pesar de ser un tema que supera la perspectiva de la defensa de la competencia económica y entra al ámbito de la democracia política- “debe reservarse un cupo de frecuencias digitales para el funcionamiento de televisoras sin fines de lucro, es decir, comunitarias y públicas”.

Es, pues, momento de discutir sobre la competencia mediática. Sobre todo porque estamos a las puertas del proceso de renovación de las todas concesiones radioeléctricas y de digitalización de la televisión abierta.

Que se abra el debate.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)