El primero de junio de 1977, 40 años atrás, la estructura económica argentina registró el cambio más trascendente de su historia cuando la tradicional puja entre el sector primario representado por los agro-ganaderos y la burguesía industrial quedó desplazada por una nueva política de estado centrada en el manejo financiero; ese día se puso en marcha la reforma financiera del entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz.

De hecho la política económica implementada por Martínez de Hoz desde el 2 de abril de 1976 tenía como antecedente el “Rodrigazo” del ministro Celestino Rodrigo bajo la presidencia de María Estela Martínez y, en ambos casos, el autor ideológico de ambos planes había sido Mansueto Ricardo Zinn, un hombre del sistema financiero que integrara el directorio del ex Banco de Italia y Río de la Plata.

Martínez de Hoz había anticipado el proyecto golpista de algunos sectores a los que se encontraba vinculado cuando unos meses antes de la asonada del 24 de marzo de 1976 durante una charla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), presidido por Guillermo Walter Klein, luego su viceministro, sostuviera que la democracia y la economía son incompatibles.

Los integrantes del equipo económico liderado por Martínez de Hoz consideraban que las regulaciones implementadas en el mercado financiero por las sucesivas gestiones anteriores habían sido perjudiciales para la marcha de la economía ya que las tasas de interés negativas frente a la inflación provocaban un bajo nivel de ahorro por parte de la población y, por ende, escasas disposiciones de fondos de los bancos para prestar.

Sí se resolvió liberar la actividad de los mismos eliminando la nacionalización de los depósitos, originada en el primer peronismo, “que resulta inoperante desde el punto de vista del control oficial del crédito, a la par que atenta contra el desarrollo y la agilidad de la actividad financiera”, según lo señalara el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su memoria correspondiente a 1977.

Según se señalara se trataba de crear un mercado de capitales que generase la entrada de recursos monetarios desde el exterior para lo cual las tasas de interés las fijaban las propias entidades financieras según sus necesidades de captación de fondos mientras el BCRA seguía manteniendo para los ahorristas las garantías sobre el dinero depositado frente a cualquier eventualidad de un quebranto del banco tomador.

La normativa, además, impulsaba la creación de nuevos bancos y financieras otorgando facilidades para ello y, particularmente, privilegios para la expansión de las entidades existentes en las provincias y así los luego quebrados Banco de Intercambio Regional (BIR), de Corrientes, y Los Andes, de Mendoza, llegaron a constituirse en las dos más importantes exponentes de la banca privada nacional.

Una combinación de merma del circulante y de toma de préstamos por parte de las empresas estatales hizo que hacia mediados de 1978 subiesen fuertemente las tasas de interés encareciendo los costos de las empresas endeudadas con el consiguiente traslado a precios, al tiempo que liquidaban los stocks de mercaderías, todo lo cual dio lugar a la generación de un importante proceso recesivo.

Se generó también un sistema de toma de fondos indexados hasta por operaciones a solo siete días al tiempo que se autorizó que ingresasen fondos del exterior por sólo 24 horas a la vez que se creó la Cuenta de Regulación Monetaria a través de la cual los bancos debieron mantener en encaje una parte de sus depósitos la cual era remunerada por el BCRA lo que constituía un negocio para el sistema financiero.

Adicionalmente se estableció, algo después, a partir del primero de enero de 1979, la tablita cambiaria mediante la cual se anunció anticipadamente, día por día, cuál iba a ser la futura cotización del dólar estadounidense lo cual generó el gran negocio de la “plata dulce”, ya que al ser menor el ajuste que la inflación y las tasas el negocio era traer dinero, colocarlo a tasa en pesos y luego recomprar muchas más divisas.

La liberalidad del sistema permitió que pequeñas entidades financieras locales y algunas importantes a nivel regional se convirtieran en bancos líderes en el mercado nacional hasta que en marzo de 1980 se inició un proceso de quebrantos que involucró, inicialmente, a los ya mencionados BIR y Los Andes y a los bancos Internacional y Oddone, de los cuales el primero fue liquidado y los otros tres intervenidos y luego liquidados.

A ellos se sumaron luego decenas de entidades como los Banco de Italia y Rio de la Plata (ya citado), Banco de Ultramar, Banco Juncal, Banco Alas Cooperativo Limitado, Banco del Iguazú, Banco del Oeste, Banco de Crédito Rural Argentino, Banco del Interior y Buenos Aires, Banco Integrado Departamental, Banco Feijín, Banco de Crédito Provincial, Banco Almafuerte, Banco Mayo, Banco Patricios, Banco Medefín UNB y otros.

No fue tarea fácil para los ahorristas recuperar sus depósitos a pesar de la garantía ofrecida por el BCRA por lo que se llegó a largos procesos judiciales mientras la realidad hizo que siendo ministro Roberto Alemann, en 1982, se adoptaran cambios para “perfeccionar la legislación vigente, a fin de brindar alternativas para consolidar y redimensionar el sistema de entidades financieras mediante el afianzamiento de su solidez”.

- Fernando Del Corro es periodista, historiador, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.