La geopolítica de la seguridad afirma la centralidad del territorio en el estudio de las problemáticas criminales, desde el delito callejero al crimen organizado, incluyendo por supuesto al más territorial de los crímenes, el narcotráfico. En ningún caso se trata de amenazas externas sino de significados e impactos internos, ya que los problemas no se definen por su lugar de origen sino por su naturaleza social estratégica.

Cuando el grado de estatalidad del Estado disminuye por la pérdida cuantitativa o cualitativa en sus elementos definidores (territorio, coacción, estabilidad, monopolio), aumenta la estatalidad del crimen por su mejora en los indicadores de estos elementos.

Las problemáticas de seguridad, al darse a lo largo de una línea gradual de estatalidad, no pueden suceder sin una menor o mayor participación de las instituciones estatales. Sin Estado no hay delito, pero si hay Estado no hay delito.

La estatalización del crimen tiende al Estado criminal, el cual coopta al crimen organizado a cambio del acceso a recursos internos del Estado y en alianza con la política, la justicia, el empresariado y la policía. Nuevamente no se trata de amenazas externas sino de procesos internos de estatalización.

El desarrollo hacia un Estado criminal trascurre a través de cuatro vías estratégicas:

• el narcotráfico
• el financiamiento de las campañas políticas
• la cartelización de la obra pública
• el capital del juego (casinos y bingos)

1. El narcotráfico es una actividad propia de organizaciones territoriales que poseen las cuatro dimensiones del Estado: territorialidad, violencia, monopolio y estabilidad. Cuando su actividad y su organización se consolida se transforma en un actor político con capacidad de dirigir al resto del crimen organizado. El narcotráfico se desprende del resto de las actividades del crimen organizado y se convierte en la dirección política de un amplio proceso de criminalidad, con capacidad de intervención política y gestión geopolítica. Se dedica más al co-gobierno de la seguridad y de otros campos de la vida social que a la ejecución de delitos conexos a la captura ilegal de renta.

2. En Argentina el financiamiento de las campañas electorales se rige por el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La mayoría de las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, posee un régimen de financiamiento de campañas electorales.

La ley vigente permite a las empresas aportar al sostenimiento de los partidos políticos, no a las campañas electorales. Estos aportes no pueden ser anónimos, las empresas vinculadas al Estado no pueden aportar (proveedores, constructores de obra pública o firmas vinculadas con la industria del juego). Los partidos políticos deben presentar declaraciones juradas diez días antes de las elecciones informando del ingreso y egreso de fondos, origen y destino. Luego se hacen auditorias, se emiten dictámenes y eventualmente el juez electoral aplica sanciones.

La Ley de Financiamiento de los partidos políticos dispone que 90 días después de las elecciones, las autoridades partidarias deben presentar en forma conjunta ante la justicia federal con competencia electoral en el distrito correspondiente un informe detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen, monto y gastos incurridos en la campana electoral.

Una vez presentado, la Cámara Nacional Electoral publica esos informes en su sitio web, buscando transparentarlo para información del ciudadano y evitar abusos.

El seguimiento de los vínculos entre el dinero y la política es un generador de calidad democrática y permite saber quién está detrás de cada candidato para evaluar su gestión. El financiamiento ilegal de la política cuenta con una tradicional red de corrupción de empresas y empresarios contratistas del Estado a la cual se suma la aparición impetuosa del crimen organizado y del tráfico ilícito en todas sus formas, fuentes inagotables de recursos para acceder al poder político.

Todas las democracias de la región enfrentan desafíos comunes en cuanto a la transparencia de la relación entre dinero y política. Entre ellos podemos mencionar:

• garantizar la equidad de los procesos electorales

• terminar con la impunidad frente a la violación de las reglas de financiamiento político

• desarrollar sistemas eficientes para enfrentar la captura del Estado por parte del crimen organizado y el tráfico ilícito.

Sabemos que sin los vínculos con la política no se explica la perdurabilidad de las organizaciones criminales complejas ni su nivel de expansión e influencia. Con tal apoyo logran cobertura judicial, política y policial para funcionar impunemente. A cambio ofrecen acceso a dinero líquido permanente e ingresan a los acuerdos de gobernabilidad de la seguridad.

Al no estar obligada legalmente a bancarizar sus flujos de dinero, el control sobre el financiamiento ilegal de la política siempre será deficiente. El establecimiento de mecanismos de coordinación e intercambio de información entre la Justicia Electoral, la Unidad de Información Financiera -UIF- (responsable de investigar el lavado de dinero), la AFIP y la Superintendencia de Entidades Financieras, es una urgencia impostergable en la Argentina.

3. En el caso de la cartelización de la obra pública, el soborno, la coima, el sobreprecio y las falsas licitaciones conforman un modelo de captura del Estado mediante el cual se configuran reglas de juego en beneficio privado. Desde el surgimiento de los “capitanes de la industria” la Argentina creó un empresariado que vive de su proximidad con el Estado y se alimenta de la deuda pública.

La obra pública se conforma mediante un amplio espectro de trabajos de infraestructura de transporte (caminos, rutas, autovías, autopistas, puertos, vías ferroviarias y aeropuertos), hidráulica (represas, plantas depuradoras), urbana (alumbrado público, parques) y de interés social (hospitales, escuelas, bibliotecas).

El Estado de derecho afirma que el fin de esta fuente de corrupción criminal pasa por la elección de contratistas del Estado en base a licitaciones públicas y la realización de concursos transparentes. Sin este apego a la ley siempre habrá un poder oculto que permanece sin cambios en todos los gobiernos más aún cuando no existe la figura penal de la responsabilidad empresarial.

La geopolítica de la seguridad va más allá y evidencia las limitaciones del tratamiento que el Estado de derecho otorga a los comportamientos ilegales del Estado. En primer lugar la captura del Estado es corrupta, pero absolutamente legal. Aunque la cartelización de la obra pública se desarrolla físicamente dentro del Estado, donde es invisible, su territorialidad es más amplia e incluye bancos, empresas, inversiones, donativos y una larga serie de señales territoriales rastreables. Desde el punto de vista legal nada se puede hacer contra la cartelización de la obra pública, desde el punto de vista geopolítico la trazabilidad se basa en la acumulación de información, no en registros legales.   

4. Las industrias de los juegos de azar -especialmente los bingos y casinos- quedaron históricamente asociados al crimen organizado, la violencia y la corrupción.

El formato de pago en efectivo abre la puerta a que las organizaciones criminales puedan insertar dinero ilegal en el sistema financiero, convirtiéndose en actores centrales de los procesos de lavado de dinero.

Hasta los años 90 del siglo pasado fue un negocio manejado por el Estado que actualmente fue transferido a manos privadas y se extendió por todo el país, cobrando fuerte incidencia en los pueblos pequeños del interior, donde la tríada soja, narcotráfico y juego se apropia del abundante dinero líquido circulante. La regulación está a cargo de cada provincia, las que establecen las leyes y marcos regulatorios que fiscalizan el ejercicio del juego, hechos a medida del interés de los capitalistas del sector, emulando el mecanismo de captura del Estado, propio de la cartelización de la obra pública. El Directorio Mundial de Casinos afirma que la Argentina es el país con más salas instaladas en toda Sudamérica.

En el circuito del juego el Estado de derecho aún tiene tareas pendientes, tales como la federalización de la legislación o la re-estatización de todo el circuito, desarmando una estructura privada que expresamente favorece el lavado de activos y la evasión de impuestos.

Los cuatro caminos que conducen al Estado criminal están ampliamente interconectados y su núcleo central se encuentra en la toma de decisiones del Estado, donde se realiza el proceso de captura del Estado y donde todo es legal. Por ello el Estado de derecho tiene poco para hacer, aunque todavía tenga mucho para prometer.

Miguel Ángel Barrios 

Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política.

Ha escrito obras de investigación entre las que se destacan "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica" (Director), "Consejo Suramericano de Defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas continentales" y "Seguridad Ciudadana: de lo municipal a lo continental"

Profesor de Geoestrategia en la Licenciatura en Seguridad de la Universidad de Morón y creador de la Cátedra en Seguridad Ciudadana en la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Dicta seminarios y cursos en Academias Policiales de América Latina y es Consultor en Políticas Públicas de Seguridad.

Coautor con Norberto Emmerich de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina", que publicará la Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.

Norberto Emmerich

Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.

Ha escrito "Una teoría política para el narcotráfico", "Geopolítica del Narcotráfico en América Latina" y "Narcos en Buenos Aires: el caso de la Villa 31".

Profesor de "Seguridad Ciudadana" y "Política Criminal" en la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

Fue Decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador y Coordinador General de Investigaciones de la misma Universidad.

Coautor con Miguel Ángel Barrios de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina", que publicará la Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.