Julio 28 de 2013 se ha convertido, con el transcurso de los años, en una fecha con una imborrable traza. Y no es para más: aquel domingo, Piedras, un pequeña población de tan solo 5.000 habitantes, ubicada a escasos 50 kilómetros de la ciudad de Ibagué, abriría la senda para una figura hasta ahora desconocida en nuestro país: las consultas populares para definir el futuro de la extracción de minerales y petróleo en los municipios.

De ahí en adelante otros poblados como Tauramena (Casanare), Cajamarca (Tolima), Marmato (Caldas), Cumaral (Meta), Cabrera y Pasca (Cundinamarca), por nombrar las más significativas, seguirían la senda de Piedras. En todos estos referendos a pequeña escala, los umbrales requeridos para darle validez a las consultas, fijados en la tercera parte del total de votantes censados, fueron superados. Las victorias aplastantes del NO, en todos los casos mencionados alcanzaron más del 90% del total de sufragios depositados.

De una u otra forma, estas luchas ambientales municipales, a lo largo y ancho del país, están restableciendo la cohesión y la identidad social de las comunidades. Paulatinamente, las redes creadas por los pobladores locales, comienzan a re-significar las actividades productivas de los territorios.

Lo que antes era poco evidente para los habitantes de estas regiones, la dependencia económica de la agricultura y la ganadería, ahora cobra sentido, creando una nueva valoración del agua, la vida y el suelo.

Las comunidades en carne propia empiezan a experimentar la cara oculta del denominado “extractivismo”: desde una faceta meramente socio-cultural el despojo y el desplazamiento de las zonas, así como el cambio abrupto de los modus vivendi de las comunidades es evidente. En el plano ambiental la exploración y explotación minera y petrolera, además de requerir ingentes cantidades de agua para su realización, afecta en el proceso la fertilidad de los suelos, hasta el punto de erosionarlos totalmente. Estas externalidades no han sido calculadas con rigurosidad, por parte de académicos o entes privados y gubernamentales, desde un prisma meramente económico.

La disyuntiva legal

Al margen de la esperanza que las consultas populares suscitan en los habitantes de decenas de municipios, a lo largo y ancho del país, es preciso señalar que la disyuntiva jurídica en relación a este tipo de procesos sigue latente.

El artículo 55, de la Ley 134 de 1994 (que estipula lineamientos sobre la participación ciudadana), se convierte en la carta de navegación legal de quienes defienden la validez de estos referendos locales al señalar: “se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”.

El alcance de la doctrina mencionada anteriormente es ratificado por las leyes 136 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, la cual le otorga al soberano, en este caso el pueblo, la posibilidad de decidir y hacer cumplir obligatoriamente dicha determinación a las autoridades locales respectivasⁱ

De otra parte, los sectores afines a la tentativa extractivista, entidades ligadas al gobierno y multinacionales, argumentan el derecho a la exploración y explotación basados en el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, el cual le otorga la propiedad de los recursos naturales no renovables, así como del subsuelo, al Estado (tesis ratificada por la sentencia C-983 de 2010 y el decreto 2041 de 2014).

Extractivismo: nuevo mapa de actores sociales en los territorios

Más allá del ámbito legal, los 115 conflictos ambientales (Atlas Global de Justicia Ambiental, 2015) en las diferentes latitudes del país, vienen consolidando no solo un nuevo mapa de resistencias locales sino una nueva configuración política en ciernes, protagonizada por nuevos actores que se oponen a la intención de las transnacionales de extraer recursos naturales, a gran escala, a cambio de regalías irrisorias.

El conflicto en las zonas afectadas con las empresas mineras ha escalado de una forma inusitada: la multiplicidad de actores, que se oponen en los territorios a la tentativa minero-energética, lo convierte en un conglomerado ciudadano transversal, por fuera de la dicotomía izquierda-derecha, que encuentra en la protección del medio ambiente un eje sólido de cohesión. Ver unidos a sectores diametralmente opuestos entre sí, hasta hace poco antagónicos, como pequeños y grandes agricultores, transportadores y jornaleros o párrocos y militantes de izquierda, en torno a la defensa del territorio y los recursos naturales, no debe ser visto con desdén, o como una simple sumatoria de aislados experimentos de resistencia civil.

Así como el extractivismo le “sacó la piedra a Piedras”ⁱⁱ en 2013, curioso título con el que el ambientalista, fallecido hace algunos meses, Rafael Colmenares reseñaría la primera consulta ambiental en la historia de Colombia, de ahí en adelante decenas de municipios han sentado su voz de protesta contra esta actividad.

Mucho se habla de la dependencia de las rentas estatales de la minería e hidrocarburos. Poco se discute sobre la conveniencia de estas actividades, medida en términos más allá de las simples regalías: es una de las ramas de la economía que genera menos empleo, presenta índices altos de corrupción y requiere de altos estímulos tributarios (exenciones de impuestos y negociación de “royalties”ⁱⁱⁱ por debajo de países vecinos, para asegurar la competitividad).

Reemplazar las regalías de la minería y el petróleo parece una titánica tarea para el Estado colombiano. Muchos hablan de lo inconveniente, o de lo mucho que tardaría remplazar la dependencia extractivista. Otros, como el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, plantean una gradualidad o transición para empezar a acuñar de a poco el término “post-extractivismo”. En reciente artículo Gudynas abre la discusión aportando lo siguiente: “podría plantearse que una primera etapa en estas transiciones buscaría reducir la dependencia de exportaciones de recursos naturales por debajo del 50% del total exportado. Además, que eso estuviera diversificado en diferentes commodities sin que ninguna representara más del 20% de las ventas externas”^iv.

La sustitución del modelo rentista estatal, dependiente de los combustibles fósiles, a su vez, debe estar ligado a un cambio de matriz energética nacional que prepondere las energías “limpias”. Las cifras invertidas en energía renovable, medidas en millones de dólares, por parte de países latinoamericanos como Brasil (7.100); Uruguay (1.100); México (3.900); y Honduras (567)^v, en los últimos años, nos permiten soñar con una transición exitosa.

Para el caso colombiano es menester impulsar, como políticas gubernamentales, la producción agrícola, el ecoturismo, las energías renovables, la industria, la Investigación y Desarrollo (I&D), así como un robusto y creativo mercado de servicios, entre otros sectores, para cambiar, de una vez por todas la matriz productiva basada en la minería y petróleos, y con ello entrar, así sea tardíamente, en la dinámica productiva de avanzada del siglo XXI. Estamos a tiempo de intentarlo.

Notas