Es inmensa la consternación entre los colombianos por la masacre ocurrida en uno de los baños del Centro Andino de Bogotá, en la que murieron varias jóvenes inocentes y apenas iniciando sus vidas.

El episodio nos regresa a los peores momentos de la violencia endémica que carcome a la sociedad nacional desde hace décadas como consecuencia de la absurda manera como las criminales elites oligárquicas nos imponen su privilegios y arbitrariedades.

En momentos en que se hacen esfuerzos para poner fin a un largo ciclo de violencia social y armada, reaparece esta problemática con sus crueles manifestaciones como para recordarnos las imperfecciones de los recientes acuerdos de paz firmados desde noviembre del 2016 en Bogotá entre el señor Santos y Timochenko el de las Farc.

Como se trata de un acontecimiento de grandes implicaciones y repercusiones, el gobierno está manipulando y haciendo circular diversas hipótesis sobre la autoría de tal evento sangriento en el que perecieron tres mujeres muy jóvenes.

En principio hay un abusivo monopolio santista de la verdad criminalística con evidentes tintes políticos como no podría ser de otra manera.

Los altos círculos del gobierno, y el santismo de los usufructuarios del poder (e incluyo cierta izquierda en plan de conciliación neoliberal), han dejado circular interpretaciones que los grandes medios de comunicación, aferrados presupuestalmente al Estado, plantean en los siguientes términos:

Primero. Se trata de un acto desestabilizador de la ultraderecha ligada al uribismo, empecinado en el fracaso de la paz. Tesis muy débil si se tiene en cuenta que el Centro Democrático ha ganado mucho espacio político con su pertinaz oposición al actual gobierno, colocándose en óptimas condiciones para que uno de los suyos sea el próximo Presidente de la Republica. Ni tontos que fueran para embarcarse en tremendo error.

Segundo. Se trata de una acción de los Elenos empecinados en mantener el ejercicio de la violencia a toda costa. Algo bien improbable si se tiene un conocimiento completo de los avances de los diálogos que se adelantan en Quito entre los delegados del gobierno y los representantes de la guerrilla camilista. Ni bobos que fueran como para dañar la más consistente experiencia de negociaciones políticas con resultados tangibles y concretos para las demandas históricas de dicho movimiento histórico de la resistencia popular colombiana.

Tercero. Los del Clan Usuga tampoco parecen ser los autores, pues hasta su plan pistola contra la policía lo cancelaron después de hacer recientemente arreglos con los jefes policiales acantonados en Uraba, Córdoba y el Choco. Puro cuento de analistas trasnochados.

Cuarto. La disidencia de las Farc localizada en el Guaviare también se sugiere como la responsable de dicho evento, conjetura poco solida si se tiene en cuenta que esa es una estructura muy débil y errática cuya prioridad aparente es el negocio de la coca.

Quinto. La tesis de que los autores son los integrantes de un Movimiento Revolucionario del Pueblo-MRP organizado en triadas y con disciplinada compartimentación, parece ser un novelón de los servicios de inteligencia del gobierno para estigmatizar a la Universidad Nacional como lo ha denunciado el Rector Mantilla y para apalancar un chivo expiatorio que se utilizara para montar la correspondiente cacería de brujas con atropellos y arbitrariedades muy comunes en los servicios policiales del Estado colombiano, como lo sabemos desde los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, que las investigaciones de años demostraron fueron planificadas y realizadas por los directores del Das, como Maza Marquez y otros. ¿Cuánto de eso no se repetirá ahora con estas investigaciones carentes de profesionalidad científica?

Sin embargo, un análisis más fino del actual contexto político puede llevar a pensar que detrás de todo esto hay una “ultraderecha santista” que deambula por los servicios de inteligencia del Estado sin control, haciendo todo cuanto se les venga en gana para imponer los objetivos de la camarilla dominante en el Estado. Esa facción ha entrado en pánico en vista del grave deterioro de la gobernabilidad y legitimidad del régimen dominante.

Hay varios elementos que se deben considerar al hacer las reflexiones correspondientes.

Tales asuntos se refieren a los siguientes fenómenos:

Primero. El descomunal desprestigio del señor Santos cuyas cifras de aceptación entre la ciudadanía han caído de manera severa. Solo 12 de cada 100 colombianos tiene buena imagen del presidente según las más recientes encuestas.

Segundo. Hay una demoledora recesión económica con evidentes impactos fiscales, sociales y estratégicos en la supervivencia del régimen de poder.

Tercero. El proceso de paz con las Farc no ofrece resultados tangibles para millones de personas, pues el señor Santos y sus asesores redujeron la terminación del conflicto a una mera dejación de las armas a cambio de toneladas de papel con leyes y decretos absolutamente inútiles e ineficaces. Lo único cierto es que la paz santista es un plan para remozar el modelo neoliberal en su nueva fase extractivista y agroindustrial, en perjuicio de más de 13 millones de campesinos para los cuales el acceso a la tierra y la titulación de los predios seguirá siendo una entelequia.

Cuarto. La indignación y rebelión de las masas ciudadanas ha crecido de manera notoria en los meses recientes mediante la huelga de los educadores y los paros cívicos del Choco y Buenaventura, cerrados con grandes conquistas populares; anunciándose para el mes de agosto un gran Paro cívico nacional con la parálisis de todas las actividades en el territorio nacional.

Quinto. La realización de una Constituyente comunal en Venezuela ha incrementado la conspiración santista contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ocasionando grandes tensiones entre los dos Estados. La oligarquía bogotana siente pasos de animal grande con los cambios que se anuncian en Caracas para profundizar la democracia revolucionaria y avanzar en la construcción del socialismo.

Este cuadro sociopolítico le tiene los nervios de punta a los núcleos más retardatarios y violentos del gobierno del señor Santos y es una pista que se debe explorar para llegar a la verdad sobre los responsables de la masacre que entristece a la ciudadanía.

Desde la sociedad civil es necesario demandar una investigación independiente que arroje resultados muy rápidos para evitar mayores manipulaciones del agónico régimen neoliberal.