“Llora sangre lo que estamos viviendo, por eso vengo en nombre de mis compañeros  a exigir justicia, justicia es lo que pedimos”, dijo don Jesús Calderón al referirse al vil asesinato de su compañero de infancia y de trabajo,  Eugenio López,  de 72 años de edad quien se disponía a participar en una manifestación pacífica como parte de la lucha que más de 200 extrabajadores de una finca han emprendido desde hace 9 años exigiendo el derecho a su pensión y a los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Ancianos y ancianas que en tiempo de su juventud trabajaron por más de treinta años en la finca San Gregoria Piedra Parada, ubicada en el municipio de Coatepeque del Departamento de Quetzaltenango, al sur del país, y a quienes durante esos años los finqueros descontaron la cuota del Seguro Social,  son quienes conforman el grupo de los más de 200 extrabajadores  que al momento de  intentar acogerse al programa de Invalidez Vejez y Sobrevivencia  (IVS) del Seguro Social, se les negó, indicándoles que los finqueros nunca trasladaron las cuotas que por muchos años el patrón les descontó de su salario.

“Yo llegué a ese lugar de 16 años, cuando comencé a trabajar ahí; se trabajaba aceite de citronela, luego se comenzó a trabajar hule. Empezábamos a trabajar a las 3 de la mañana y a las dos de la tarde ya íbamos de regreso a nuestras casas (11 horas de trabajo)”, narra don Jesús, al recordar que por 33 años trabajó en la finca que en ese entonces pertenecía a la familia Campollo Codina; familia que es parte del G-8 (Grupo de las 8 familias más ricas de Guatemala).

“Fue una frustración para todos, cuando llegamos al tiempo de ser jubilados se nos negó y se nos ha negado ese derecho”, indicó el anciano Calderón asegurando que durante todo el tiempo que trabajó se les descontó de su salario la cuota del Seguro Social.

“Llegamos con la esperanza de que íbamos a gozar de nuestro derecho pero el IGSS nos lo negó, hasta hoy nos lo ha negado”, dijo el representante de los extrabajadores, quien señaló que durante los nueve años de luchar por su derecho han fallecido 42 de sus compañeros por diferentes enfermedades ya que nunca tuvieron acceso a la salud.

Desde que los extrabajadores exigen justicia para gozar de su derecho a la pensión y a los servicios del Seguro Social, han sufrido persecuciones e intimidaciones y también han encarcelado dirigentes del Comité de Unidad Campesina (CUC), tal es el caso de Dalila Mérida dirigente regional encarcelada el 24 de septiembre del 2016.

El viernes 23 de junio los ancianos y ancianas y líderes regionales sufrieron nuevamente ataques represivos por parte de la seguridad privada de la finca. El representante de los adultos mayores cuenta: “el viernes como a las 5:30 de la mañana, estábamos organizándonos a la orilla del asfalto para una manifestación y continuar exigiendo justicia y que se nos escuche. [Estábamos] parados en el asfalto esperando a más compañeros cuando por la parte de atrás nos fue a venadear (disparar) un sicario ordenado por la empresa, quien disparó y mató a mi compañero de infancia y de trabajo, don Eugenio de 72 años de edad, e hirió a dos más.  Por eso pido a las autoridades que se investigue; no puede ser que el pago sea un balazo por la espalda después de tantos años de sacrificio”, denunció el integrante de los más de 200 ex trabajadores de la finca.

Autoridades del Seguro Social confirmaron que la finca San Gregorio tiene una deuda por no pagar las cuotas laborales, también indicaron que la finca debe alrededor de medio millón de dólares desde el 1998 por cuotas patronales que nunca fueron trasladadas y una cantidad similar por multas.

El Seguro Social también indicó que en los años 2014 y 2016 se realizaron tres acciones legales en contra de la finca por el incumplimiento del pago de cuotas y una acción penal ante el Ministerio Público.

Líderes regionales y el representante de los ancianos exigieron a la Fiscal General Thelma Aldana que se capture y enjuicie a los autores materiales e intelectuales de criminalizar y perseguir al grupo de ancianos y a los defensores de Derechos Humanos que acompañan. Asimismo exigieron que los ancianos sean atendidos con todos los servicios del seguro social de emergencia, ya que desde junio del año 2016 se instaló una mesa de diálogo y el Seguro Social se comprometió a investigar y accionar,  y hasta el momento no ha habido ningún resultado.

Rocizela Pérez Gómez B.

Periodista guatemalteca