El pasado fin de semana, el papa Francisco hizo una vez más un llamado al diálogo en Venezuela para resolver el creciente conflicto en curso en el país. Su petición pasó desapercibida en los principales medios internacionales, pero tiene razón en cuanto a la urgencia de una solución “pacífica y democrática”.

En la década de 1980, las guerras civiles cobraron cientos de miles de vidas -en su mayoría civiles- en Centroamérica, incluyendo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Este escenario se está volviendo una posibilidad real en Venezuela, a no ser que se alcance una solución negociada.

Una de las razones por las que mucha gente no percibe la amenaza de una guerra civil es que se ha propagado una narrativa de que la población venezolana se levanta contra una dictadura aislada, como fueron vistas las revueltas de la llamada “primavera árabe” en 2011-12. Teniendo en cuenta que la economía venezolana atraviesa una grave crisis, con una inflación que supera 500% y una escasez generalizada de alimentos y medicinas, esa narrativa sostiene que las protestas derrocarán al gobierno y llevarán a una gestión más estable y capaz.

Es ese el tema que domina en los principales medios internacionales. Muchos de sus protagonistas, entre ellos el gobierno de Trump, el senador estadounidense Marco Rubio e importantes líderes de la oposición, pretenden empeorar aún más la situación económica y humanitaria por medio de sanciones y otras medidas (incluyendo la actual amenaza de sanciones más severas) que hagan más difícil que el Gobierno pueda solicitar préstamos u obtener divisas, con el fin de acelerar su colapso.

Sin embargo, Venezuela sigue siendo un país polarizado. Podemos observarlo en los datos que arrojan las últimas encuestas.

En primer lugar, el grado de aprobación de Maduro es 20,8%, siendo esta cifra el promedio en ese sentido durante el último año. Parecería baja si se mide por estándares estadounidenses, pero dada la profundidad de la crisis y la depresión económica, en realidad revela que existe una buena cantidad de partidarios acérrimos. También podemos compararla con el actual grado de aprobación de 7% para el presidente Temer en Brasil, o presidentes de otros países latinoamericanos como México, cuyas economías están en crecimiento, pero que cuentan con menores grados de aprobación que Maduro.

Como lo han señalado otros, el índice de aprobación de Maduro se ubicaba en 21,1% apenas dos meses antes de que su partido obtuviera 41% de los votos en las últimas elecciones legislativas (2015). Dicho de otro forma, existe una gran cantidad de personas que siguen siendo escépticas acerca de lo que haría la oposición, incluso si consideran que el Gobierno es el principal responsable de un terrible desastre económico.

También puede que sientan miedo. Si tienen alguna asociación con el Gobierno, no saben qué clase de represión podrían enfrentar bajo un gobierno de oposición, sobre todo si este llegara al poder por medio de un golpe. La oposición venezolana no cuenta con una historia democrática y pacífica. Por ejemplo, en las 36 horas posteriores al golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en 2002, murieron decenas de personas y se había iniciado una redada contra los funcionarios del gobierno electo. El liderazgo actual de la oposición, a pesar de sus múltiples divisiones, se ha mostrado bastante callado acerca de la violencia opositora durante las protestas actuales en ciudades venezolanas, incluyendo varios asesinatos.

La encuesta antes mencionada también revela que el 55 por ciento de los venezolanos aprueba a Hugo Chávez. El público está dividido respeto a las protestas, con una mayoría a favor con un margen de 51,3 por ciento frente a 44,2 por ciento. (Todas las cifras mencionadas acá son de Datanálisis, la encuestadora más citada en los medios de comunicación internacionales y que no puede ser acusada de estar sesgada a favor del Gobierno).

Junto a la polarización de la población, existen razones institucionales y estructurales que dan lugar a preocuparse por una guerra civil. El ejército cuenta con más de 100.000 efectivos, además de las milicias progubernamentales, que según el Gobierno se ubican en los cientos de miles. Una cantidad aún mayor de venezolanos tienen armas de fuego.

Venezuela no tiene la carga de las divisiones religiosas o sectarias que han alimentado las guerras civiles, la masacre masiva y el caos que vemos en Libia, Siria o Irak, todos ellos países donde la narrativa de los Estados Unidos y de los principales medios de comunicación en torno a los resultados del cambio de régimen exitoso o intentado resultó estar horriblemente equivocada. No obstante, la polarización política en Venezuela desde que Chávez fue electo en 1998 se ha trazado abrumadoramente con base en líneas de clase, y por lo tanto raciales (ambas con alta correlación, al igual que en gran parte de América Latina).

Resulta obvio para cualquiera que haya presenciado las manifestaciones tanto en contra como a favor del Gobierno a lo largo de los años. Aunque las manifestaciones callejeras hoy en día cuentan con una base de clase media más amplia que las de 2014 -a diferencia de aquél entonces, mucha gente de clase media hoy en día sufre de verdad- por lo general no se les suman los venezolanos de los sectores más populares. Durante una gran movilización de la oposición en mayo, el sociólogo David Smilde observó “cuán diferentes eran las personas que vendían agua, cerveza y helados de quienes asistían a la manifestación, en cuanto a su vestimenta y color de piel”.

El linchamiento en mayo de Orlando Figuera, un joven afrovenezolano de 21 años, quien fue apuñalado y quemado hasta la muerte por una turba de manifestantes de la oposición, fue un funesto recordatorio de dichas divisiones raciales y de clase, al igual que una advertencia de cómo luciría una guerra civil.

Las negociaciones tendrían que abordar el deterioro del Estado de derecho durante los últimos años. Esto incluiría temas tales como la necesidad de que la Asamblea Nacional electa democráticamente recupere sus poderes constitucionales plenos, la liberación de líderes de la oposición encarcelados, el uso de tribunales civiles y no militares en los juicios a manifestantes y la celebración de elecciones, incluyendo las elecciones municipales vencidas y las elecciones presidenciales, que según la Constitución han de celebrarse el año que viene.

Por otra parte, también tendría que haber garantías constitucionales para quien sea que pierda las futuras elecciones, a modo de no ser víctimas de persecución cuando todos los poderes del Gobierno, incluyendo el poder judicial, están bajo el control de un bando, ubicando al otro en desventaja. Sin garantías creíbles de este tipo, puede ser difícil evitar la escalada de un conflicto civil.

Una solución. Como es el caso de la mayoría de las guerras, las guerras civiles tienen que evitarse, pues una vez que se desatan pueden ser muy difíciles de acabar. La guerra civil en Colombia duró más de medio siglo, y el Gobierno todavía se esfuerza por poner fin a la violencia que persiste, luego de la firma de su histórico acuerdo de paz el año pasado.

Se le atribuye al papa Francisco un papel importante en las negociaciones de 2014 para lograr la apertura del gobierno de Obama hacia Cuba. Esperemos que también pueda contribuir a una solución negociada en Venezuela.

Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).


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