Me ha llamado particularmente la atención el incremento de mails recibidos a propósito de un artículo reciente en este medio sobre la ley uruguaya de inclusión financiera. La casi totalidad de las dudas pueden inscribirse con diversos matices sobre una delimitación conceptual y ética previa respecto a la naturaleza de la socialización mercantil. No deja de tener un dejo irónico que en el año en que se cumple el 150 aniversario de la edición de “El Capital” de Marx, el manejo dinerario se pretenda defender como perteneciente a la esfera de la privacidad. Entre muchas otras precisiones, para el pensador de Tréveris el valor (y su signo físico, la moneda metálica) expresa la forma histórica concreta que adopta el carácter social del trabajo en el capitalismo como consumo de fuerza de trabajo social. No se constituye en una relación técnica, sino una relación entre personas que en el capitalismo asume una "forma natural" que se introyecta en el sentido común como propiedad de esa forma. Es precisamente el mercado el que convierte los trabajos privados en trabajo social. Alienadamente, a través de la violencia expropiatoria no sólo de proporciones ingentes de riqueza, sino de capacidad decisional colectiva. El fetichismo de la mercancía, adquiere luego su máxima potencia y contundente seducción, como fetichismo del dinero, atravesando clases, etnias, géneros y franjas etarias. Es imposible separar la defensa del carácter secreto e íntimo de la posesión y utilización del dinero de la -aún involuntaria- defensa de la corrupción, razón por la cual incluyo la dimensión moral en esta polémica.

Pero además del irónico resurgimiento de esta discusión en el año de esta efeméride, las sociedades protagonizan el sainete de la exhibición tecnológica de toda clase de intimidades, gustos, inclinaciones y lazos en las redes sociales, para beneficio de la National Security Agency (NSA) estadounidense auxiliada por el oligopolio del capitalismo informacional y del procesamiento del Big Data por las grandes empresas privadas con propósitos de inteligencia comercial y publicitaria. Aquello que la socióloga argentino-brasilera Paula Sibila define como “extimidad”. Hoy sólo se lograría escabullir las transacciones mediante el secreto del uso y finalidad del dinero metálico. Grandes propietarios de fortunas, corruptos de toda laya, evasores fiscales, lavadores y traficantes, agradecerán la defensa del sigilo.

Esta semana leía en el sitio “Rebelión” un artículo del periodista uruguayo Marcelo Marchese argumentando con las mejores intenciones contra la ley de inclusión financiera. La primera razón de su resistencia se centra en que no se trata sólo de una iniciativa del oficialista Frente Amplio (FA), acotada a su país, sino de una recomendación internacional promovida desde el G20, con apoyo del Banco Mundial y seudo filántropos como Bill Gates con el fin de “liberar el potencial económico y social de los 2.500 millones de personas más pobres del mundo”. Comparto con el autor que acercar a los bancos a esos miles de millones de sumergidos no va a liberar potencial alguno. Pero la vigencia de la circulación metálica libera actualmente a toda clase de facinerosos de todo control o tutela. El objetivo local es más modesto: tan sólo evitar la evasión, el lavado y algo de la posible corrupción.

El segundo argumento concomitante es el beneficio del sistema financiero, al que atribuye como causa motriz de la iniciativa, cosa muy probable tratándose de los impulsores internacionales, aunque en el caso uruguayo se acota para el sistema bancario privado. Pero aún si lo fuera en ambos, sería imposible eludir en el capitalismo el interés y beneficio de alguna rama del capital en algún tipo de desarrollo. Supongamos que en vez de inclusión financiera la iniciativa fuera de “inclusión habitacional”, algo además impostergable no sólo en Uruguay sino en toda América Latina. Sin duda beneficiaría a las empresas constructoras que explotarán la fuerza de trabajo de los oficios de la construcción, extrayéndole plusvalía como bien puede atestiguar el sindicato uruguayo SUNCA, particularmente en las zonas privilegiadas de Maldonado, Montevideo y en los barrios más favorecidos de todas las capitales departamentales.

El tercer argumento es que los bancos obtendrían conocimiento y control de sus nuevos clientes. Mucho antes y más variado lo tienen las grandes empresas del capitalismo informacional, como Facebook, dueña además de whatsapp, las agencias de inteligencia internacional y todas las operadoras de Big Data sobre usuarios bancarizados o no. Preocupado por el futuro, Marchese sostiene que “con la bancarización forzosa esta concentración de riquezas, conocimiento y poder alcanzará niveles maravillosos y llegaremos un día al colmo de que el dinero será unos simples números, sin soporte físico, esto es, con mayor posibilidad de ser alterado o inventado, como si estuviéramos a las puertas de la era de la preeminencia de lo virtual y adulterable sobre lo real, el dinero electrónico sobre el dinero, el libro digital sobre el libro de papel”. Pero ese día ya llegó. El 90% del dinero mundial son simples bits transados por algoritmos y protegidos por criptografía electrónica. Y además hay una profusión de criptomonedas, más allá del masivo bitcoin, que es en verdad la radicalización digital de la idea liberal por excelencia de la pertenencia del dinero a la esfera íntima, secreta y privada, por fuera de todo Estado.

Para ir ciñéndome a la particularidad uruguaya que el texto cuestiona, en mi ejemplo comparativo con la industria inmobiliaria existe una diferencia sustantiva y es la existencia de la banca pública, tanto en el mundo cuanto en el país oriental. Pero además en éste, el peso proporcional es enorme, comparativamente con la gran mayoría de los países del orbe capitalista. Lo que la ley obliga a la totalidad de la banca no es a obtener beneficios, sino algunos perjuicios en la medida que exige mantenimiento administrativo gratuito. La debilidad de la ley es no haber exigido más beneficios a cambio de los clientes que le otorga. Mas para obtener beneficios, deberán convencer a los clientes que la adquisición de servicios pagos (como tarjetas de crédito nacionales o internacionales, seguros, garantías de descubierto, transferencias, etc.) le resultarían convenientes. En cualquier caso, la tendencia es ineluctable.

La casi totalidad de los ciudadanos escandinavos lo practica, sin obligación alguna. En Suecia (al igual que en Dinamarca en apenas una mínima proporción) el 95% de las compras por menor se hacen sin efectivo. El total de billetes y monedas en circulación alcanza al 2% del Producto Bruto. Los cajeros automáticos siguen la suerte menguante de los teléfonos públicos, hasta su definitiva desaparición. Cientos de sucursales bancarias ya no aceptan efectivo ni lo proporcionan. Inclusive remitir la inevitable desaparición del dinero metálico exclusivamente al uso de tarjetas (también físicas) es una verdadera antigualla. El mismo celular desde el que se envían y reciben mails, mensajes, audios, videos es, simultáneamente, una billetera. En China, de los 650 millones de personas con celular, el 65% carece de otro monedero que el propio aparatito.

Marchese se queja de que “el gobierno olímpicamente olvida nuestro derecho y libertad y paternalmente nos incluye financieramente, aunque uno no quiera ser incluido (…) cuando bien sabemos que es un cuento de hadas elaborado en un lugar muy muy lejano, donde no tiene cabida ningún gobierno ni sirviente”. La misma libertad y derecho gracias a la que por ejemplo el ex viceministro de planificación argentino (área encargada de la obra pública) José López, intentó revolear bolsos que no contenían tarjetas ni tablets con bits, sino 9 millones de dólares contantes y sonantes tras los muros de un convento a fin de ponerlos a resguardo, a la sazón fallidamente.

El liberalismo atrasa doblemente. En su resguardo invertido de lo público y social bajo el manto reservado de la intimidad privada y en su apego al soporte físico de las fuentes de la desigualdad y violencia que produce con sus prácticas expropiatorias y su filosofía ideologizada. Su defensa no debilita al sistema financiero.

Sólo auxilia al delito.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en La República 16/7/2017