Durante los últimos meses se han destapado  innumerables casos de corrupción que la población colombiana ha percibido como la corrupción del sistema económico y político que bien se expresa en graffitis como el que reza que “la corrupción es el sistema”.

Algunos de los más notables tienen que ver con la trama de corrupción propiciada por la firma constructora brasilera Odebrecht. En casi todas sus obras y contratos se vienen destapando hechos de corrupción que involucran actores privados que fungían como sus aliados en este país,  así como actores políticos y funcionarios estatales principalmente ligados al gobierno nacional de turno y a los gobiernos regionales.

Esta trama de corrupción la puso en evidencia la Justicia Norteamericana desde finales del año 2016 en el marco de la investigación realizada en los Estados Unidos por los fiscales de la Corte del Distrito Este de New York, en contra de esta firma brasilera. Con datos concretos la Justicia norteamericana mostró que Odebrecht había girado recursos con destino a pagar coimas por 11.1 millones de dólares en Colombia. Un viceministro de transporte del Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, se allanó a cargos y acepto haber recibido 6.5 millones de dólares para favorecer a la firma brasilera a ganar la licitación para la construcción de un tramo de la Ruta del Sol una vía de doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe.

También se han comprobado coimas para la adjudicación a esta misma firma de la vía Ocaña Gamarra en la que se han visto enredadas dos ministras de la actual administración que preside Juan Manuel Santos. Y allí no para la saga de irregularidades y hechos de corrupción también se investiga a esta misma firma por la adjudicación de una megaobra para optimizar la navegabilidad del rio Magdalena en que se comprometieron, además, recursos del Estado a través del Banco Agrario por 120 mil millones de pesos que como ha sido señalado se encuentran más que embolatados. Y en este debate se compromete la imparcialidad del propio fiscal General, Néstor Humberto Martínez, pues una de sus firmas privadas de abogados (tiene 20) habría conceptuado ante el Banco Agrario para que se otorgara este crédito como lo ha señalado el senador Jorge Enrique Robledo del opositor Polo Democrático Alternativo. Martínez solo se ha declarado impedido en la investigación del Otrosí que adjudico de manera directa el tramo de la vía Ocaña Gamarra. En el resto del proceso ha señalado que no se declarara impedido.

En esta investigación hay que mencionar que la iniciativa partió, como ya se señaló, de la Justicia Norteamericana y la Fiscalía Colombiana. Lo que ha hecho por la presión mediática y por la presión ciudadana y política es retomar esa investigación y avanzar sobre las pistas ya entregadas por la justicia norteamericana dado que hasta ahora la justicia brasilera no ha entregado el dossier sobre la corrupción de  Odebrecht en Colombia, pese a la solicitud de los organismos de la justicia colombiana a sus homólogos brasileros.

Ahora bien de los 11.1 millones de dólares se tiene claridad sobre los 6.5 millones en la corruptela de adjudicación de la ruta del Sol II,  pero aún no se sabe sobre los restantes 5.7 millones de dólares o en todo caso poco se sabe pues la clave la tiene el ex senador Otto Bula actualmente detenido y quien se encuentra negociando con la fiscalía una rebaja de penas por colaboración eficaz con la justicia. En esta investigación hay que anotarlo la Fiscalía General de Colombia ha avanzado por sus propios medios y ha vinculado recientemente a ex funcionarios públicos y principalmente a actores privados que estuvieron comprometidos con esta trama de corrupción y ha compulsado copias de la investigación a la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia para que este organismos que es el competente, investigue a cuatro parlamentarios en ejercicio y a un exparlamentario. Este martes 25 de julio ha compulsado copias de la investigación para que la Corte Suprema de Justicia investigue a los senadores del Partido de la Unidad Nacional, Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido popularmente como el Ñoño Elías, al senador Musa Besaile y al también senador en ejercicio del Partido Cambio Radical, Antonio Guerra de la Espriella, así como al representante a la Cámara Ciro Rodríguez.  También pidió que se investigue al exsenador, Plinio Olano, también del Partido de la U que son socios de la coalición del Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos.

Pero esta trama de corrupción propiciada por la firma Odebrecht se extiende al financiamiento ilegal de las campañas presidenciales del año 2010 y 2014. Aquí las investigaciones avanzan a paso de tortuga. En la campaña de 2010 el propio gerente de la campaña del entonces candidato Juan Manuel Santos, Roberto Prieto,  ha reconocido haber recibido de la firma brasilera 400.000 dólares con destino al pago de 2 millones de afiches. Pese a esa confesión no pasa nada pues el delito por financiamiento ilegal ya prescribió y restan pocos meses para que también prescriba la investigación por el financiamiento ilegal de las campañas de Juan Manuel Santos en 2014 y del candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga. En Colombia, está prohibido recibir recursos de firmas extranjeras,  destinado a campañas electorales. La Fiscalía en documento remitido al Consejo  Nacional Electoral, un organismo politiquero e incompetente que es quien debe investigar las campañas en Colombia, afirmó que está comprobado el financiamiento ilegal de las campañas de Santos y Zuluaga en el año 2014 por parte de la firma Odebrecht. Con base en la presión ciudadana y de ese documento el Consejo Nacional Electoral decidió abrir formalmente la investigación en contra de la campaña de Zuluaga, hasta ahora no se ha pronunciado sobre la campaña de Santos. Es obvio que con el financiamiento de las campañas buscaba ganar influencia para  sus futuros negocios en Colombia. Es decir para seguir con la saga de negocios y corrupción en el país.

Pero no solo se han destapado los negocios ilegales y corruptos de la firma Odebrecht sino que también se ha destapado el escándalo de corrupción de la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar. Esta obra se había contratado por cerca de 4.000 millones de dólares y terminó costando cerca de 8.000 millones de dólares, es decir, más que lo que valió la ampliación del Canal de Panamá. La Contraloría General de la República ha encontrado sobrecostos y despilfarro de más de 610 mil millones de pesos, un poco más de 300 millones de dólares de la época. Esta semana la Fiscalía General de la Nación les imputo cargos ante el Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá, a siete empresarios nacionales y extranjeros quienes deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito en favor de particulares. En este episodio de corrupción y desgreño administrativo se encuentran referenciados en la investigación los miembros de la Junta Directiva de la empresa de petróleos del Estado, Ecopetrol. Este descalabro se presentó en los gobiernos de Uribe y Santos.

Allí no paran los escándalos. Solo para mencionar algunos de los más notorios. El Fiscal encargado de la lucha contra la corrupción en Colombia, Luís Gustavo Moreno,  fue puesto en prisión por las pruebas contundentes en que recibe dinero para favorecer al ex gobernador de Córdoba –de donde son los parlamentarios Ñoño Elías y Musa Basaile- Alejandro Lyons, vinculado a una investigación en donde la fiscalía lo acusa de 20 delitos dentro de los cuales se indaga por un asesinato. Lyons abandonó el país y se acogió a la Justicia Norteamericana. En territorio de la Florida, en Miami, el fiscal corrupto Moreno recibe parte del pago para ayudar a Lyons en los procesos delictuosos que enfrenta en Colombia. A su captura siguió la de 50 funcionarios de la justicia en distintas regiones del país lo que muestra la profunda penetración de organizaciones criminales y delictivas en los organismos de la justicia en Colombia. También se podrían mencionar las investigaciones realizadas en España en contra de funcionarios del corrupto gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y que de paso compromete a sectores empresariales y políticos de las ciudades colombianas de Santa Marta y Barranquilla ligado al desfalco de las empresas que manejan los servicios públicos de aseo y agua potable, o la trama de corrupción en la empresa de Energía que provee de energía eléctrica a los 7 departamentos de la Costa caribe, Electrocaribe. En el primer caso todo depende de las investigaciones de la Justicia Española pues a la nuestra este caso les quedó grande por los intereses que allí se mueven.

En medio de todo este torrente de denuncias que amenaza con la pérdida de la poca credibilidad de los organismos de la justicia en el país se abre paso un proceso social de repudio y exigencia de condena a los corruptos. Por iniciativa de la senadora Claudia López y de la representante Angélica Lozano del Partido Verde, este miércoles se entregaron a la Registraduría Nacional del  Estado Civil más de 4.2 millones de firmas que buscan la convocatoria de una consulta popular contra la corrupción. Para que la consulta sea tramitada en el Congreso de la República se requiere de un poco más de 1.760.000 firmas válidas. O sea que se espera que obtenga las suficientes para que el Congreso de la República apruebe la convocatoria de esa consulta popular que busca entre otras cosas una rebaja sustancial del salario de los congresistas, la limitación a tres periodos de sus mandatos, y uno muy importante que es la eliminación de los llamados cupos indicativos para inversiones regionales que se reparten entre los parlamentarios de las coaliciones de gobierno y que anualmente ascienden a unos 2.2 billones de pesos que además de dar ventajas a dichos parlamentarios son una puerta de entrada a la corrupción. El proyecto propone que esos recursos se mantengan para el financiamiento de obras regionales pero que sean licitados públicamente y tengan una veeduría ciudadana. Mucho se puede discutir si allí en las siete preguntas están los remedios de fondo a la corrupción, pero, el hecho más significativo es el enorme respaldo de los ciudadanos y ciudadanas que están hastiados de tanta corrupción y del uso patrimonialista de los recursos públicos.

Finalmente habría que señalar que este mal que nos aqueja en toda América Latina tiene que ser enfrentado en dos de sus componentes centrales. En primer lugar en el plano de la cultura y de los valores axiológicos de nuestras sociedades. El individualismo, el afán de lucro y enriquecimiento a cualquier costo no puede ser el centro de nuestros proyectos de sociedad. La construcción de una cultura de la defensa de lo público como la materialización del interés general, la protección de los bienes comunes, el buen vivir, deben ser los principios y valores que se construyan en la sociedad y sobre los cuáles se levanten nuestros proyectos sociales y políticos. Hay que avanzar en la construcción de un vigoroso espacio público tanto en la sociedad civil como en el Estado. No puede ser que las inmensas riquezas de unos pocos se construyan por la colonización del Estado para la defensa de sus intereses y por el uso privado de los recursos públicos, que es el patrimonialismo que vivimos en América Latina en dónde el espacio público y su defensa es precario. Y en segundo lugar hay que avanzar en mecanismos legales y jurídicos que hagan transparente no solo el manejo de los recursos públicos sino las licitaciones y la adjudicación de contratos. En Colombia por ejemplo hay una institucionalidad que ayuda a la corrupción como son los llamados cupos indicativos entregados a congresistas de los partidos gobernantes o la entrega de los organismos de control como las Personerías, la Defensoría del Pueblo, las Contralorías y la Procuraduría a miembros de los partidos que gobiernan. Esos organismos o deberían ir a la oposición democrática o debería garantizarse el concurso de méritos para que sean ocupados por personas honestas e idóneas. Las reformas legales y la penalización de conductas por delitos de corrupción son necesarias pero no son suficientes.

Bogotá julio 27 de 2017

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/corrupcion-y-politica-en-colombia/