La convocatoria del presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, consulta que fuera aprobada en 1999 por el pueblo venezolano durante el mandato de Hugo Chavez, ha de suponer una nueva coyuntura en el país caribeño. Para la oposición de derechas las elecciones solo han sido un fuga hacia delante con el objetivo de montar un Estado paralelo y no representativo.

Las llamadas al diálogo entre las fuerzas chavistas y las opositoras vienen precedidas de un contexto de violentos enfrentamientos enmarcados en una estrategia de desgaste liderada por el reo Leopoldo López. Tras las jornadas de huelga general, Nicolás Maduro acusó al presidente del Parlamento, Julio Borges, de ser su promotor y de haber realizado el nombramiento de los nuevos jueces, ya en proceso de destitución por el Tribunal Supremo, con la intención de derrocarle.

La Unión Europea todavía no ha fijado su posición respecto a los resultados esperando los acontecimientos hasta fin de mes. La declaración de su alta representante, Federica Mogherini, ha alertado del riesgo de una escalada de la violencia tras las elecciones. Es preocupante la actitud internacional y en particular de la UE. Baste recordar el apoyo de los gobiernos del viejo continente a las protestas del "maidán" organizadas por el partido fascista Svoboda durante el golpe de estado ucraniano en 2014. Es de destacar la participación que tuvo la iglesia greco-católica ucraniana, una congregación religiosa dependiente de Roma, durante los disturbios. La jerarquía eclesiástica caraqueña acusa a Maduro de intentar someter a los ciudadanos a un régimen dictatorial.

El eurodiputado Javier Couso en una entrevista a Russia Today reflexiona sobre cuál debería ser la actitud europea hacia Venezuela: "Existe un Gobierno que ha lanzado un diálogo acompañado por un organismo multilateral como Unasur y cuenta con el concierto de varios expresidentes y el apoyo del Vaticano. Creemos que el papel debe estar dirigido a contribuir a la estabilización (...) La UE debe acompañar a una institucionalidad pacífica, de acuerdo a las normas de cada país y según su ordenamiento interno".

El ejercicio de poder para Nicolás Maduro depende del esfuerzo en legitimar ante su pueblo lo razonable del contenido programático. Esto le daría suficiente autoridad ante una oposición mermada por sus actos de violencia desmedida, saqueos y las retóricas demagógicas de sus líderes que no han querido participar como contrincantes electorales. El potencial revolucionario de la Asamblea Constituyente, ampliando los derechos de los sectores populares y la formalización de las misiones sociales, es suficiente argumento.

- Francesc Casadó es analista político.