Es muy importante que tengamos en cuenta, para el momento en que escribo estas líneas, que el Consejo Nacional Electoral ha informado a la opinión pública que las credenciales de 364 constituyentes territoriales electas y electos ya se encuentran en las Oficinas Regionales Electorales (ORE) de todo el país, para proceder a la proclamación respectiva.

Asimismo, los resultados electorales de los 545 cargos electos serán publicados en el sitio oficial del Poder Electoral en internet, una vez finalizada la totalización de los constituyentes sectoriales.

La misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena expresó: “La sectorial fue una elección novedosa, distinta a todo lo hecho hasta la actualidad. Los resultados fueron extraordinarios, algunos sin tendencias irreversibles hasta la transmisión de la última mesa de votación”.

Pero, una de las cosas que queremos analizar en esta entrega, tiene que ver con la nueva fase que se pretende iniciar con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y las sanciones jurídicas y políticas que se ha impuesto al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Con respecto a la primera, pues estoy en total sintonía y de acuerdo con lo expresado por el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en la vocería de su Secretario General, el camarada Oscar Figuera: La derecha pretende escalar a una fase de violencia generalizada en el actual conflicto, y es por ello que activará con mayor fuerza y acelerará la etapa de ataques y asesinatos selectivos a cuadros medios y bajos, tanto del proceso revolucionario como de la dirigencia opositora.

Asimismo, y de buenas fuentes (“patriotas cooperantes” les diría el compatriota Diosdado Cabello), que desde la Alcaldía Metropolitana de Caracas, junto a otros grupos, incluso con algunos próximos ex diputados próximas ex diputadas de la Asamblea Nacional moribunda adeco burguesa, quieren sabotear el acto de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo jueves, 3 de agosto de 2017.

Incluso pretenden generar hechos de violencia muy similares a los ocurridos el pasado 5 de julio de 2017, en plenos actos conmemorativos de los 206 años de la Firma del Acta de nuestra Independencia.

Y ni hablar del aquelarre que se pretendió montar con las revocatorias de las medidas humanitarias tanto para Antonio Ledezma como para Leopoldo López Mendoza, por el plan de fuga que tenían y sus llamados a la violencia. Las instancias jurisdiccionales actuando.

Sería interesante conocer que hubiese sucedido en los Estados Unidos, cuando algún criminal que es objeto de alguna medida de estas características, viola las condiciones por las que le fue concedida la misma. Es así de simple.

Esto es en cuanto a lo que el fascismo pretende realizar, de cara a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ahora, en cuanto a las sanciones tanto a nivel jurídico como a nivel político que la Oficina Nacional del Tesoro ha adoptado en contra del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, debo expresar lo siguiente.

Maduro sería el funcionario número 35 sancionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En dicha lista están funcionarios de la talla de Tareck El Aissami, actual Vicepresidente Ejecutivo de la República, el M/G Nestor Luis Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Katherine Harrington, actual Vicefiscal General de la República, General Manuel Pérez Urdaneta, ex viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, G/J Gustavo González López, ex ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del Centro Estratégico de Protección de la Patria (CESPPA); M/G Jesús Suaréz Chourio, comandante general del ejército, Rocco Albisinni, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Tarek William Saab, Defensor del Pueblo; Elías Jaua Milano, presidente de la comisión presidencial constituyente; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Justo Noguera Pietri, viceministro de Industrias y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), General Carlos Alfredo Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general Franklin García Duque, ex director de la PNB; general Sergio Rivero Marcano, comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Carlos Erick Malpica Flores, tesorero nacional; Alejandro Fleming, ex ministro de Comercio; Simón Zerpa, vicepresidente de Finanzas de PDVSA; Iris Varela, ex ministra para Asuntos Penitenciarios y actual constituyentista; General Francisco Rangel Gómez, actual gobernador del Estado Bolívar; M/G Antonio Benavides Torres, Jefe del Distrito Capital; M/G Manuel Quevedo, actual Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat; General Marcos Rojas Figueroa, ex viceministro del Sistema Integrado de Policía; M/G Manuel Gregorio Bernal Martínez, G/J Henry Rangel Silva, actual gobernador del estado Trujillo; Alexis Ramírez, actual gobernador del estado Mérida; José Gregorio Vielma Mora, actual gobernador del estado Táchira; Miguel Vivas Landino, exjefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes de las FANB; Julio César Morales Prieto, exdirector general del DAEX; Aref Eduardo Richany Jiménez, exdirector general de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX); Hugo Carvajal, ex director de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM y actual diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas; M/G Hebert García Plaza, ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo y de Alimentación; Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y el M/G Miguel Eduardo Rodríguez Torres, ex, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Los cuatro últimos mencionados, traidores a la Revolución y que han entrado en negociaciones y que buscan entrar en calidad de testigos protegidos por parte del gobierno estadounidense.

Ahora, como apreciación, es importante destacar que las sanciones impuestas al Jefe del Estado, es con la finalidad de tensar el escenario interno en Venezuela, con la finalidad de minimizar la inconmensurable participación popular en los comicios del pasado domingo 30 de julio a la Asamblea Nacional Constituyente. Con ello, se busca desmoralizar, desmotivar y desmovilizar a los camaradas y compatriotas que puedan nuclearse en torno a la figura e imagen triunfante de un Nicolás Maduro vencedor de una Asamblea Nacional Constituyente como opción estratégica ante el asedio que ha sido sometido luego de tres meses de asedio y violencia terrorista.

Estas sanciones constituyen una jugada tendente a coartar el despliegue del liderazgo del Presidente Maduro, cuya legitimidad quedó más que ratificada con los resultados del domingo próximo pasado y supone el fracaso estruendoso de las operaciones, campañas y estrategias desarrolladas desde la asunción del actual Primer Mandatario Nacional por expresa voluntad del Comandante Chávez, cuyo criterio de selección y las razones que tuvo éste para inclinarse por el entonces Vicepresidente Ejecutivo en el año 2012 como sucesor del gigante, quedan totalmente revalidados.

El gobierno de Estados Unidos debería poseer suficiente información sobre la situación y el posicionamiento del liderazgo del Presidente Maduro, cuyo arraigo ha calado de manera extraordinaria e inusual contra todos los pronósticos que estimaban su derrota y derrocamiento cuasi inmediato al fallecer el Comandante Chávez en marzo de 2013.

Nicolás Maduro he hecho valer la decisión del Comandante Chávez de haberlo escogido como su sucesor, demostrando en el ejercicio del poder sus capacidades para sortear emboscadas y situaciones terminales donde otros ya hubiesen claudicado. Es a esta imagen de resistencia que el imperialismo gringo quiere quebrar y a las que aluden al actual Jefe de Estado venezolano, tratando de colocarlo a la par de Saddam Hussein previo a la invasión de Irak o del General Manuel Noriega en el caso de Panamá.

Desde la normativa legal interna o externa las sanciones por la falta de poder punitivo concreto, se compensa con efectos tendentes a inhibir a terceros de negociar con el Presidente Maduro en una especie de condición de paria que incluso restrinja su movilidad física internacional, cuyo ejemplo más cercano fue el asedio a que fue sometido el Presidente de Bolivia Evo Morales impidiéndole aterrizar al avión donde se trasladaba durante un viaje internacional, desconociendo su investidura presidencial. Buen dato para recordar en estos momentos.

Los apuros que muestra el gobierno de EE.UU tratando de inhibir el desarrollo del liderazgo del Presidente Maduro tiene una lógica dentro de su propia geo estrategia mundial donde las relaciones con Rusia y China significan desafíos que implican reales pérdidas en su posición de poder mundial como el caso del virtual desarrollo de comercio mundial con la entrada de en circulación del yuan.

Con respecto a la devastada oposición interna luego de los resultados de las elecciones de la ANC, promotora de una intervención externa, la medida les representaría una opción para recuperarse de los resultados electorales, mientras puedan retomar su capacidad de convocatoria y movilización.

Pero, esa recuperación debe ser rápida, puesto que a partir de la próxima semana, a partir del martes 8 de agosto, se apertura el lapso de postulaciones para las candidaturas a las gobernaciones y curules a los parlamentos estadales, en comicios a escenificarse en nuestro país el venidero 10 de diciembre del presente año.

También representa un mensaje destinado a socavar la lealtad institucional que han mantenido la FANB dentro del paradigma de la unión cívico-militar, de hecho se alerta sobre la campaña de la ONG Provea tendente a posicionar la matriz de la participación e inmunidad de “civiles armados” mientras efectivos están siendo procesados y condenados penalmente por hechos violentos.

También estas sanciones al Presidente Maduro, en lo internacional, la medida se conecta con las acciones de Luis Almagro, quien desde su cargo de secretario ejecutivo de la OEA mantiene una persecución en contra del Presidente Maduro, con apoyo explícito de EE.UU, siendo uno de sus últimos movimientos la designación de un ex fiscal de la Corte Penal Internacional para sustanciar el presunto expediente que estima presentar en tal instancia por violación de Derechos Humanos.

En la apreciación de esta situación, debe advertirse de la estrategia del gobierno de EE.UU por aplicar unilateralmente sanciones en su contra del Presidente Maduro junto a las gestiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro para sustanciar un expediente en contra del Mandatario es el despliegue del próximo escenario como CRIMINAL INTERNACIONAL. Ojo con esto.

Almagro está preparando junto a un ex fiscal de la CPI, un dossier sobre los casos de violencia en Venezuela atribuido presuntamente al Mandatario, el cual estima presentar ante la OEA entre finales de agosto y septiembre.

Mientras tanto trabajarán los comandos estratégicos comunicacionales internos e internacionales para forjar la referida imagen de criminal contra el Presidente Maduro, como reo de la justicia internacional, bajo la amenaza de una intervención internacional tipo Irak en tiempos de Saddam Hussein o de captura directa, caso Manuel Noriega en Panamá en 1989.

En tanto, en Honduras, el Presidente José Manuel “Mel” Zelaya objeto de un golpe de Estado militar clásico, en Paraguay construyeron un juicio político para destituir a Fernando Lugo, similar al caso de defenestración de Dilma Rousseff en Brasil por la vía de un juicio a través del Congreso, en Venezuela están optando por una vía que anule al chavismo como factor de poder junto al derrocamiento violento del Jefe de Estado. Lo anterior advierte sobre los peligros y amenazas que corre la integridad física del Primer Mandatario y el posicionamiento de la tesis del magnicidio como nuevos riesgos a la estabilidad de la Nación.

Así que no bajemos la guardia, porque ahora es que vienen combates más fuertes que debemos librar.

Y de ahí lo oportuno de esta Asamblea Nacional Constituyente a instalarse el próximo jueves 3 de agosto de 2017, 18 años después de la pionera Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

- Juan Martorano - Abogado, Activista por los Derechos Humanos, Militante de la Red Nacional Tuiter@s Socialistas (http://juanmartorano.blogspot.com, http:juanmartorano.wordpress.com), jmartoranoster@gmail.com, j_martorano@hotmail.com , @juanmartorano (en Tuiter)