La injusticia en Perú no se comete porque no se cumpla le ley, sino que resulta de su propia aplicación. El Derecho, que es el que debiera defender al pueblo, fundamento y razón de ser de su existencia ha terminado volviéndose contra él. El crimen se ha convertido en la forma de gobierno normal en nuestros días. Pero este hecho no se ve en nuestras relaciones sociales como tal, porque ha sido legalizado. Más bien, los que luchan por la justicia, los que reclaman el acceso a los medios de vida: agua, salud, trabajo digno, entre otros, son vistos como delincuentes, incluso como terroristas.

Pero el problema no es el Derecho, sino un tipo de Derecho. Necesitamos de las instituciones, como el Derecho, para organizar y gestionar la vida de la comunidad política. Las instituciones son mediaciones que los seres humanos nos damos para asegurar temporalmente nuestra vida y no morir prematuramente en el camino. Lo que buscamos en última instancia los seres humanos es ensanchar, prolongar nuestro tiempo de vida, y para esto nos valemos de mediaciones, tanto personales, como comunitarias. De la vida comunitaria se ocupa la política: el arte de gestionar y organizar el bien común en común.

La actividad política sería imposible sin mediaciones, y en esta tarea el Derecho cumple una función muy importante, como la economía, la literatura, la filosofía, etc. En otras palabras, como sugiere el Filósofo latinoamericano Enrique Dussel, las instituciones que el ser humano se da valen en tanto mediaciones que posibilitan la vida de la comunidad política. No valen en sí mismas. Sin embargo, el Derecho en nuestro en Perú, como en otros países de nuestra América no parece estar orientado a afirmar la vida, sino dirigido a afirmar el aumento de la tasa de ganancia a costa de la vida del pueblo. El problema es entonces el tipo de Derecho que estamos produciendo: un Derecho conforme al lucro.

Este tipo de Derecho es pertinente a quienes detentan el poder económico, que en nuestro país representa menos del 10% de la población nacional, que con dinero compra todo, incluso el Derecho a tener derechos, pero hay una cosa que con el dinero no puede comprar, para decirlo parodiando a Stiglitz, la comprensión de que su vida está ligado a cómo vive el otro 90% de la población peruana. El problema no es solamente que el Derecho haya devenido en un instrumento al servicio del lucro a costa de los que sea, sino que esta práctica se hace a través del Estado. Es decir, el Estado de Derecho actual no está al servicio de la vida del pueblo, sino al servicio del aumento de la tasa de ganancia de las corporaciones nacionales y/o transnacionales, de las cuales muchos de los que nos gobiernan son dueños o accionistas, empezando por el presidente de la república.

No obstante, nuestros representantes políticos para esconder esta realidad y aparecer como justos y buenos, revisten sus intereses de legalidad y lo vuelven exigencia de Estado. De manera que el Derecho en nuestro país no sirve para combatir la injusticia y la desigualdad social, sino para asegurarlas: producirlas y reproducirlas. Los intereses de las grandes corporaciones nacionales y/o transnacionales que gobiernan nuestro país a través de nuestros representantes políticos, a quienes les pagamos jugosos sueldos en comparación con el irrisorio sueldo mínimo legal de un obrero, han convertido sus intereses en demandas de Estado.

Lo que no vemos a simple vista es que para que esta relación social funcione el lucro de unos cuantos debe fundarse en la miseria y el hambre de muchos, como los miles de profesores y trabajadores del sector salud que hoy están en las calles reclamando sueldos justos y dignos. Esto es por ejemplo, para que unos trabajen más a cambio de menos y otros trabajen menos o no trabajen a cambio de más, esta relación laboral debe ser revestida de legalidad. Al tomar la forma de legal no solamente la injusticia aparece como justicia y la injusticia como justicia, sino que la víctima aparece como victimario y el victimario aparece como víctima. Porque para el Derecho conforme al dinero es lo que cuenta, la justicia es sinónima de cumplimiento de la ley.

En consecuencia, para el Estado de Derecho conforme al lucro la injusticia real ya no es un mal a eliminar, sino un bien a proteger en nombre de la justicia como sinónima del cumplimiento de la ley, es decir, de la formalidad de la ley. Por eso las luchas por los medios de vida de nuestros pueblos maltratados, explotados, excluidos: tierra, agua, educación, salario justo, etc., son consideradas contrarias a las leyes del Estado de Derecho vigente. Si esto es así, vivimos en un país, para decirlo parafraseando a Hinkelammert, en el que la población y la naturaleza están siendo destruidas cumpliendo la ley.

Esta es la razón por la que la historia de la justicia social ha sido la historia de los criminalizados, torturados y asesinados en nombre de la legalidad de su tiempo. Con lo cual no estamos diciendo que debemos desobedecer la ley. La ley es importante como mediación para afirmar la vida del pueblo. No es un fin en sí misma, sino un criterio de orientación para el desarrollo de la vida humana. Pero cuando la ley niega la vida de millones de seres humanos, como lo está haciendo hoy, es una obligación ética elevar nuestro pensamiento para cuestionarla y buscar posibles salidas. Si no, ¿qué tiene la actividad de pensamiento? Ante un niño que muere de hambre, La náusea no tiene peso, decía Sartre refiriéndose a su novela maestra. En efecto, ante la muerte prematura por hambre, por frío, por enfermedades curables; ante la contaminación ambiental, la explotación laboral, la exclusión de millones de compatriotas, qué sentido tiene la gran cantidad de literatura jurídica en nuestro país, sino es asegurar o simplemente encubrir el estado de cosas actuales.

Solamente el deseo de pensar críticamente nos alejará de terrible hábito del describir, comentar, repetir el Derecho vigente. De aquí la imperiosa necesidad del pensamiento jurídico crítico. Porque como aconseja Enrique Dussel: “¡El pensar se debe volver más profundo y más crítico cuando la gravedad de la historia de sufrimiento de nuestros pueblos nos interpela!”. El pensamiento crítico es imprescindible si se quiere abrir grietas para irrumpir en lo no pensado, en lo no sabido o en lo encubierto e imaginar un Derecho distinto al actual, pero no por avidez de novedad, sino por necesidad vital. Lo cual exige problematizar, cuestionar y criticar su patología para negarlo. Porque cuando irradia la barbarie, la crítica se torna en una urgencia de vida o muerte.

- Jaime Araujo Frias es filósofo y abogado. Blogger en la revista Iberoamérica Social.