El gobierno criticó nuevamente la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló el presupuesto estatal de este año. En un pronunciamiento publicado la semana pasada, el Consejo de Ministros señala que la elaboración del presupuesto “es una actividad especializada que compete constitucionalmente al Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda”.

El comunicado también advierte que la reversión del presupuesto nacional por la Sala “afectará al pueblo, especialmente a la clase trabajadora”. Además, critica que los magistrados no se hayan pronunciado sobre los ingresos públicos, sino únicamente por los gastos.

Sin embargo, a pesar de sus críticas, el Ejecutivo se compromete a cumplir las disposiciones de la sentencia “como se han cumplido todas las anteriores, aún cuando carezcan de los suficientes fundamentos para regular algunas materias muy especializadas y posean sesgos de otro tipo”.

Semejante postura del Ejecutivo es institucionalmente insuficiente y políticamente derrotista. El gobierno admite que el fallo de la Sala invade sus funciones y carece de fundamentos constitucionales suficientes o que tiene sesgos, pero -a pesar de eso- decide cumplirla.

¿Debe acatarse una sentencia judicial que afecte la institucionalidad, vulnere preceptos constitucionales o violente derechos humanos? Es una pregunta que el ilustrado Consejo de Ministros debería plantearse, a la luz del principio supremo de que una ley injusta no debe ser cumplida.

Cuando la Sala emitió su sentencia, el Presidente Salvador Sánchez Cerén dijo en cadena de radio y televisión que su gobierno la rechazaba y pidió al pueblo estar atento a acompañar las medidas que pronto anunciaría. Sin embargo, el país se quedó esperando porque el mandatario “se echó para atrás” en su protesta contra la Sala.

La claudicación frente a la Sala confirma -en todo caso- la resignación de la izquierda gobernante de aguantar los golpes de la oposición oligárquica sin siquiera dar la pelea. “Es cuestión de gobernabilidad y falta de correlación”, responden, cuando algún ilusorio ignorante de la “política real y concreta” sugiere intentar algo para cambiar la correlación o trascender de la simple administración de la crisis neoliberal.

Pero el miedo hacia la omnipotente Sala Constuticional no es sólo del asfixiado Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no tiene valor de destituir a los magistrados y el flamante Fiscal General no se atreve a procesarlos por prevaricato, actos arbitrarios y otros ilícitos penales.

La Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) insiste en que no deben cumplirse las resoluciones que menoscaben principios constitucionales, la institucionalidad, el estado de derecho y los derechos humanos, y -basada en el derecho a la insurrección popular consagrado en el Artículo 87 de la Constitución- propone la desobediencia y el desacato.