El llamado Plan Colombia, supuestamente de combate a las drogas, fue diseñado y dirigido por Estados Unidos, pero financiado por los impuestos colombianos: EEUU invirtió 10 mil millones de dólares, y Colombia 120 mil millones de dólares, y hoy amenaza con ser exportado para dirigir operaciones especiales en otras zonas de la región, con bandera sudamericana.

Los planes de la “inteligencia” estadounidense es que las Fuerzas Armadas colombianas suplanten a las de EEUU en el entrenamiento de Fuerzas de Operaciones Especiales, tanto para operar en México (en el marco de la Iniciativa Mérida), como en Paraguay, Honduras, El Salvador, Barhein, Yemen y en Afganistán y la Triple Frontera del Acuífero Guaraní.

Quizá, también, para ir creando una fuerza multinacional latinoamericana lista para intervenir en países que lleven adelante políticas soberanas, enfrentadas a las de Washington y el club de gobernantes neoliberales piloteados desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sería la unificación de Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica, ya mostrado en los documentos del Comando Sur de EEUU "Plan 2018", y el "Operation Freedom II". No hay quiebres entre las administraciones de Obama y Trump: por encima de ellos, el poder fáctico lo comparten el Pentágono y el complejo industrial militar, que pueden garantizar a las corporaciones trasnacionales el acceso a los recursos de la región.

¿Qué es realmente?

El Plan Colombia le ha permitido a Estados Unidos arraigar su intervencionismo político, económico y militar en América Latina.

Es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton con tres objetivos específicos declarados: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos, aunque destaca su contenido geopolítico.

Pero realmente resultó ser una pantalla para cubrir la implantación de fuerzas armadas estadounidenses en Colombia. Las operaciones militares fueron dirigidas desde Washington por el general Barry McCaffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en América del Sur, y nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero de 1996. Éste implementó el uso de paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP. El Plan Colombia se supone que es un plan de acciones concretas entre el gobierno de Estados Unidos y de Colombia para erradicar el problema de la droga, sin embargo, destaca su alto contenido geopolítico.

La prioridad que se le otorgó a la modernización del Ejército colombiano con el pretexto del combate a la drogas muestra su inconsistencia con el aumento de efectivos civiles y militares estadounidenses (además de siete bases militares) en territorio colombiano quienes participaron cada vez más en el combate a la insurgencia.

Con presencia de tropas propias EEUU lograba proteger la extracción de petróleo, carbón, oro y minerales estratégicos, garantizándose la adquisición de materias primas a bajo costo y asegurando, además la inversión de capitales extranjeros, las siete bases militares y el cambio de correlación de fuerzas con unos diálogos de paz que pusieran fin al conflicto armado.

La inútil guerra contra las drogas seguirá siendo la excusa "legal" para que EEUU, el principal consumidor, garantice su presencia en su alianza con las derechas latinoamericanas. Nada ha cambiado en este aspecto, apenas los improperios de Trump, a los que uno también se acostumbra.

Cabe recordar que en este año fueron asesinados en Colombia decenas de líderes sociales, continuó el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la existencia de grupos armados paramilitares, gracias, en parte, a la asistencia militar de Estados Unidos que en 2017 llega a los 203,9 millones de dólares. Buena parte de ese presupuesto va a EEUU, abastecedor de las armas y el “servicio de entrenamiento”.

El Estado colombiano destinó el 13.1% del presupuesto nacional (unos 10 mil millones de dólares) a gestos en defensa este año y sólo 9% a salud y protección social (unos 7.200 millones de dólares). En 2017, la Agencia de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley-INCLE (por sus siglas en inglés) destinó 143 millones de dólares en asistencia para la seguridad dentro del Plan, a sumarse a los 135 millones del año anterior. El Plan antidrogas militar y represivo, sigue vigente.

El presupuesto 2018 -administración Trump- plantea fondos de apoyo económico y fondo de desarrollo; control internacional de narcóticos; no proliferación, antiterrorismo, desminados; educación y formación militar internacional, minimizando los compromisos de reformas sociales de los Acuerdos de Paz.,

A la par, sectores políticos de ambos países presionan para inhabilitar el acuerdo de sustitución manual de cultivos de uso ilícito acordado con Barack Obama, con el argumento de que ha habido aumento de las áreas cultivadas. La sustitución del Plan Colombia por el de Paz Colombia, anunciado por Santos y Obama, fue apenas una jugada retórica y publicitaria, porque en realidad la presencia de marines en las bases militares sigue tan campante, así como la política punitiva que impulsa Estados Unidos, y con la que concuerda Santos.

Ejército y experiencia de exportación

Según los analistas colombianos, la intención no es sólo la de mantener el Plan Colombia, sino exportarlo a Centroamérica, y pinzarla con la extensión del Plan Mérida desde México, para garantizar el control del tránsito de la droga desde Sudamérica a Estados Unidos.

En 2015, John Kelly, entonces Jefe del Comando Sur y hoy Jefe de Gabinete de Trump, decía que "hace años todos creían que rescatar a Colombia de la violencia era imposible, tal como muchos creen ahora con respecto al caso del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador), pero la misión imposible fue posible”.

Hoy Kelly planea que esos "esfuerzos" de inteligencia e información se apliquen para militarizar el Triángulo Norte y trasladar la inestabilidad a la triple frontera en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay), centrando operaciones en Paraguay, donde ya existe una fuerte presencia de asistencia militar y policial colombiana.

Socio de la OTAN

Cabe recordar que el 30 de abril de 2009, siendo ministro de la Defensa de Uribe, hizo este resumen de su poderío militar durante una conferencia: “Pasamos de 313 mil hombres a cuatrocientos treinta mil en el año 2008, un incremento de 40%. Se han comprado, entre otros equipos, 44 helicópteros, 52 aviones y 502 automotores de todo tipo para darle movilidad, efectividad de reacción y capacidad de reacción a nuestra fuerza pública”.

“También compramos 161 unidades navales y fluviales como lanchas patrulleras y botes de apoyo fluvial y de combate, e iniciamos la repotenciación de cuatro fragatas y 3 submarinos...”, añadió entonces, recuerda el director del diario venezolano Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.

En esos años, por vía del Plan Colombia, ese país se convirtió en el quinto en el mundo en recibir mayor ayuda militar de Estados Unidos, solo superado por Israel, Egipto, Corea del Sur e Irak. Simultáneamente, facilitó seis de sus bases militares para que fueran asiento de unidades de EEUU, y les cedió la base de Palanquero, la más próxima a Venezuela, que tiene capacidad para llegar hasta el sur de América del Sur

Tampoco hay que olvidar su afiliación a la Otan, lo que supone un impacto para la seguridad y defensa integral de Venezuela y la región. Santos señaló entonces que “Colombia tiene derecho a pensar en grande”, y que él buscaría ya no solo ser los mejores de la región, sino

del mundo entero, (…) nuestro Ejército estará en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional...”.

Logrados los acuerdos de paz, el Ejército colombiano quedó liberado de su enfrentamiento con las guerrillas. No ha sido nada casual que senadores en Washington le ofrecieron al presidente Santos su cooperación para conseguir ayuda militar para enfrentar la amenaza venezolana, y, sin ninguna duda, en la larga entrevista con el presidente de EEUU, el mismo Trump anunció que había conversado para “ayudar a Venezuela”.

El acuerdo Colombia-OTAN de 2013 tenía como uno de sus objetivos estratégicos que el país sudamericano se constituyera en un aliado para combatir “la delincuencia trasnacional y otras amenazas” a la seguridad hemisférica.

Esto es, un territorio para el control geoestratégico de un continente que durante la última década había puesto en cuestión la capacidad hegemónica de los EEUU. De ahí, el amplio rechazo que generó el acuerdo en los gobiernos boliviano, venezolano, ecuatoriano y brasileño, que señalaron que este acuerdo ponía en cuestión la integración regional y los acuerdos establecidos en el marco de la CELAC y Unasur a través de los cuales se reconoció a América Latina y el Caribe como zona de paz.

Así, la condición de “aliado extra-OTAN” fue catalogada como una amenaza a los equilibrios geopolíticos alcanzados en la región, para tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar en la región; debilitar a la Unasur y la CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN.

Recientemente, el director de la CIA, Mike Pompeo aseguró que Venezuela se encuentra influenciada por Hezbollah e Irán, dos de los actores geopolíticos que Washington ubica dentro del “Eje del Mal,” y que por ello “puede convertirse en un riesgo para los EEUU”. Pompeo habló también sobre el uso de Colombia como principal punto de avanzada, junto a México, en una política coordinada contra Venezuela, que va desde lo militar hasta lo económico y diplomático.

Esta maniobra de “inteligencia” busca fortalecer el relato de que Venezuela es un país promotor del “terrorismo islámico”, por más que Irán y Hezbollah, junto a Rusia y Siria, sean los principales responsables de su inminente derrota en Medio Oriente, en los últimos años.

Esta es la “narración clara” recomendada por el Consejo del Atlántico (un think tank de los varios aliados a Washington) al gobierno estadounidense, que permitiría escalar las agresiones contra el país, debido a que EEUU ve en Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” a sus intereses, basado en el Decreto Obama de 2015, base jurídica e institucional de todo su accionar injerencista y con el que establece un estado de emergencia con relación a Venezuela.

Álvaro Verzi Rangel

Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)