Que la competencia es buena y sana en el comercio, los deportes y en la política, no hay duda de ello. Los problemas comienzan cuando se establece un monopolio y se cierran los ingresos a posibles contendientes o a interesados en participar.

Posiblemente esta nota aborde un tema que en Chile, por trillado y manido, pueda resultar desechable para los periodistas que analizan la política contingente, pero objetivamente conforma un problema de gravedad porque involucra a la sociedad y al país en su conjunto. Para la televisión es demasiado importante para desmenuzarlo en programas donde generalmente se opta por el maniqueísmo cultural desglosado de la farándula.

Eso del monopolio se ha constituido en una constante, por lo que a nadie le llama la atención ni le molesta en demasía constatar que en muchas actividades la competencia no existe. Una de esas actividades es la política como acción cívica, respecto de la cual debe considerarse a la labor gubernativa como principalísima.

Ya que hablamos de monopolio, recordemos el que posee la derecha desde los tiempos de la independencia. Desde los años en que se enfrentaban pelucones y pipiolos. Eso de que “se enfrentaban” es un decir, pues ambos bandos pertenecían a la misma estirpe. La diferencia residía en cuánto más o cuánto menos apretaban el cuello del resto de los chilenos.

“Pelajeanos” les llamó burlescamente el ministro Diego Portales, comerciante que consideraba a políticos y militares como estorbos para el desarrollo de un país que daba sus primeros balbuceos en cuanto nación independiente. Portales se opuso al regreso de O’Higgins desde el destierro peruano, quiso fusilar al general Ramón Freire –a quien finalmente envió al exilio–, y formó las “guardias cívicas republicanas’, que vistió y armó debidamente para oponerlas al poder y ambición del generalato.

Bueno, usted lo sabe… Portales fue asesinado por oficiales del ejército (Vidaurre y Florín) en las alturas del cerro Barón, Valparaíso, en junio de 1837. No fue el primer asesinato político cometido por soldados del ejército chileno. El primero había ocurrido en la ‘cancha del gato’, en Til-Til, el año 1818.

La “máquina’ de esa sociedad terrateniente-minera-militar comenzó a operar tempranamente para cautelar, a como diese lugar, los intereses de una clase enriquecida, minoritaria, que se adueñó del país y de su gente, cuestión reconocida sin pudor por uno de sus más insignes exponentes a finales del siglo XIX, Eduardo Matte Pérez: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa como opinión ni como prestigio”.

Huelgan comentarios, visto que la prueba la ofrecieron en las matanzas de la escuela Santa María de Iquique, de La Coruña, de Ránquil, del Melado y de San Gregorio.

La dominación del empresariado ha sido extensa y fructífera sólo para ellos: nunca fue capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los chilenos. Para comprobarlo empíricamente basta observar la brecha económica, cuya profundidad y distancia crece día a día.

El trienio 1970-1973 fue la cúspide del accionar ultra derechista contra la democracia institucional. No hay que se abundar en detalles, se trata de un asunto (la dictadura) vastamente conocido por la sociedad chilena actual. Cabe recordar, eso sí, las palabras de Eduardo Matte Pérez, bisabuelo de Eliodoro Matte Larraín, actual mandamás de una de las familias que controlan el grueso del PIB.

El pillaje del patrimonio fiscal, el entreguismo a los capitales transnacionales, el amordazamiento de toda opinión crítica, la represión de cualquier intento de democratizar la nación, comprueban cuán ciertas fueron las palabras de Matte Pérez, que siguen conformando el alma de las opiniones de la derecha chilena.

Cuando la dictadura intuyó que le sería imposible mantenerse ad eternum en el poder, impuso una Constitución Política favorable a los intereses de sus mandantes. El año 1980, sin registros electorales válidos, sin libertad de expresión, en medio de un Estado de excepción, en una opereta teñida de falsa legalidad, fue oficializada la Carta Magna que aun rige el burdel ambiente.

Una pantomima que nos avergüenza como nación. Jaime Guzmán, ideólogo del adefesio, sostuvo: “la finalidad de estas reglas constitucionales es que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora–, el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Reglas de tipo cara o sello: “cara gano yo, sello pierdes tú”.

Hoy, esa misma derecha respira tranquila porque mucha gente olvidó ciertos capítulos de su historia, o de la historia personal de algunos de sus actuales líderes. Para eso están los medios de comunicación que manejan a su antojo, y el silencio cómplice de las autoridades de los gobiernos concertacionistas.

Para no olvidar, revisemos algunos de esos capítulos y sus protagonistas:

Hernán Larraín, presidente de la UDI durante la dictadura, fue asiduo visitante y defensor de la tenebrosa Colonia ‘Dignidad’ que dirigía el pederasta y torturador nazi Paul Schäffer. En la Colonia eran torturados decenas de chilenos y decenas de niños eran abusados sexualmente por el vejete alemán. ¿No lo sabía el senador? ¿Nunca vio, escuchó, intuyó ni sospechó nada? Extraño: la mitad de Chile sí estaba enterada de lo que allí ocurría. El entonces coronel Manuel Contreras –verdugo del régimen– frecuentaba la Colonia y participaba en las veladas especiales a las que el actual senador concurría como invitado.

Andrés Allamand, la tarde del día martes 11 de septiembre de 1973, desde la ventana del tercer piso de un edificio sito en las cercanías de la Plaza Artesanos, disparó con arma larga varios tiros en contra de los trabajadores de ‘Chile Films’. Estos solo querían abandonar el lugar para dirigirse a sus hogares y evitar lo que se sospechaba: caer en manos de militares golpistas. Desde esa tarde Allamand ha practicado un estilo de ‘desalojo’ que le causa placer.

En el conocido ‘Caso Spiniak’ –que terminó en casi nada– la opinión pública aun sospecha, con sobradas razones, que en esos graves delitos participaron ‘señorones’ y ‘connotados’, que obviamente no eran de izquierda, ni siquiera ‘progresistas’.

De Sebastián Piñera Echeñique conocemos casi todas sus andanzas y malabares, incluyendo algunos que bordean la traición a la patria, como el caso Exalmar en pleno litigio con Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Ejemplos que ilustran la hipocresía de una derecha que ahora pontifica sobre moral y buen gobierno.

La derecha es propietaria de la prensa, de la salud, de la educación, de la economía, de la banca, del comercio nacional e internacional, de la legislatura, del agro, de la actividad fabril, de los bosques, del mar, de las pesqueras, de los minerales, de las sanitarias, de las carreteras, del transporte, de los puertos, de las fuerzas armadas, de la justicia, de la policía, de la previsión social, del tribunal constitucional, de las iglesias, de los cementerios, de las islas, de los glaciares, de ríos y lagos… ¡pero, no está satisfecha! ¡Quiere más!

¡Quiere ser dueña absoluta y única de la verdad! Obviamente, de SU verdad, que intenta consolidar sin oposición ni críticas. Por ello, su próximo objetivo será disparar directo al corazón de las redes sociales, ya que hasta este momento le ha sido imposible manejarlas.

Es lo único que le va faltando… y es exactamente lo que quiere, el poder total, omnímodo y ‘divino’.

Ojalá hereditario.

©2017 Politika | diarioelect.politika@gmail.com