El Gobierno ha mencionado recurrentemente su voluntad de avanzar en una reforma impositiva (1). Si bien no se ha profundizado en cuáles serían las modificaciones previstas, trascendidos mediáticos indican que los escasos cambios se centrarían en modificar el impuesto al cheque por un pago a cuenta de ganancias y el reemplazo del impuesto a los ingresos brutos por un impuesto a la venta final (2). Aunque aún no se define la propuesta, estos cambios no alteraría la estructura de regresividad actual.

Hace sólo dos meses atrás, el presidente indicó que para “reducir la pobreza y que haya más empleo, hay que trabajar en bajar los impuestos”, ya que tales impuestos “nos están matando” (3). Esta mirada va en línea con el planteo de grandes empresario que presionan para eliminar los “muchos impuestos” que existen, y se entusiasman con la reforma (4).

El poder económico tiene más herramientas para evadir y eludir por su poder de lobby y su capacidad de presión para obtener exenciones de distinto tipo. Algunos ejemplos: la exención de las ganancias de la actividad financiera en el Impuesto a las Ganancias o la reducción de aportes patronales de los ’90. También, el funcionamiento de la promoción industrial durante los ochenta. La evasión y elusión consolidadas, además de limitar el financiamiento fiscal, alteran la competencia entre las empresas (las que no evaden se ven muy perjudicadas) y torna aún más regresivo al sistema, ya que, como se dijo, son los sectores que gozan de más altas rentas los que tienen mayor posibilidad de eludir el cumplimiento tributario sin castigo.

En este sentido, el cuestionamiento a la presión tributaria ha sido una muletilla habitual de la ortodoxia económica, en general apuntando sus dardos a poner en duda la necesidad de la participación activa del Estado en la economía. Gran parte de los medios han demonizado el concepto de presión tributaria. Esta operación se ha sustentado sobre tres cuestiones.

En primer lugar, en la concepción de justicia que aún mantienen algunos sectores de la sociedad como resultado de la imposición cultural desde la última dictadura militar, donde “lo justo” se asocia fuertemente a la libertad individual y débilmente al concepto de solidaridad social en su sentido más amplio (ya que se entiende a la seguridad social como resultante de una relación directa entre lo que aporto y lo que recibo), potenciado por los efectos del discurso neoliberal antiestatal que sostiene que todo lo que administre el Estado es ineficiente. El caso más paradigmático ha sido la confrontación entre las visiones de seguridad social sustentadas en sistemas de capitalización individual y sistemas de solidaridad intergeneracional (AFJP versus Sistema de Reparto). También constituye una expresión actual de esta misma mirada la connotación otorgada a los subsidios del Estado: las transferencias de ingresos como los planes sociales han tenido históricamente una acepción negativa, mientras que se analiza con otra vara (esta vez permisiva y justificadora) a los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (que conforman un salario indirecto del que poco se habla) y a las importantes transferencias recibidas por las empresas privadas.

En segundo lugar, poco se dice sobre el proceso político y fiscal argentino de deterioro constante de la estructura fiscal sufrido durante cincuenta años, y particularmente profundizado por el quiebre institucional de 1976, que hoy se traduce en la herencia de un sistema fiscal fuertemente regresivo.

Y, finalmente, se efectúa un deliberado ocultamiento de la presión tributaria en el resto de los países, la cual mantiene una estrecha correlación con los sistemas sociales y de protección implementados en cada uno de ellos.

Lo que queda claro, al margen de las razones interesadas que cuestionan la presión tributaria, es que no hay forma de disminuir la desigualdad si los recursos son escasos y los mecanismos de recaudación limitados.

En este contexto, y con estas premisas, la reforma planteada vendría a consolidar los cambios ya operados desde la asunción de cambiemos, que han profundizado sensiblemente la regresividad del sistema impositivo argentino, beneficiando sólo a unos pocos.

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