En las nuevas corrientes de reflexión criminológica, el lavado de activos ya no admite ser abordado como un delito en sí mismo -¿en qué sentido?- necesariamente le antecede un delito que le dio origen, llámese éste corrupción, falsificación de balances, huida de capitales, evasión fiscal, estafa, falsificación de documentos, robo importante, etcétera; es decir, existe una relación directa e inmediata con delitos previos y principales.

Para Fernández “La desvinculación de un fenómeno de su entorno originario y natural, y su tratamiento como un fenómeno propio y autónomo se denomina fetichismo, de forma que el desgajamiento de un delito de la cadena natural de la que forma parte, la separación de su entorno empírico-real o de su origen inicial, su conversión en un delito propio y desconectado puede tratarse como un acto de fetichismo jurídico. El nuevo fenómeno delictivo adquiere una naturaleza propia, adquiere una naturaleza abstracta y ubicua. La relación con el delito principal tiende a diluirse y en vez de luchar contra delitos reales como la extorsión, la huida de capitales o el narcotráfico, las leyes antiblanqueo acaban luchando contra delitos que no lo son realmente por sí mismos creándose así un espacio de ausencia de certeza jurídica”1.

Esto en razón que el lavado de activos consiste en acciones “legales” que buscan borrar las huellas del delito principal, por lo que en varias ocasiones el lavado de activos no hace evidente el tipo de daño que produce, ni a quién perjudica, haciendo abstracción de los aspectos fiscales. Para Fernández este es el problema: ¿cuál es el daño que genera el blanqueo y quiénes son sus víctimas? Lo señalado se complica aún más si se considera la desregulación que existe en el capitalismo financiero que actualmente predomina y todos los espacios grises que genera.

La importancia de este abordaje radica en que la evidencia empírica, a decir de varios estudiosos del tema, indica que las leyes anti-lavado han demostrado su ineficiencia por la complejidad y dispersión de las estructuras criminogénicas a rastrear, y porque las leyes anti-lavado han sido impuestas a muchos países en desarrollo a través de mecanismos de colonización jurídica por razones geopolíticas. Hoy muchos bancos están vinculados a los grandes centros financieros del mundo y el lavado de dinero se facilita porque es difícil seguir la pista cuando se han presentado casos que vinculan a varios países. Y los Estados con más poder geopolítico imponen patrones que generalmente no cumplen, las denominadas “buenas prácticas” que se definen en organismos que potencias como EE.UU controlan en gran medida, como es el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, o el Foro de Estabilidad Financiera en donde no hay ningún representante de algún país en vías de desarrollo.

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Mario Ramos
Director
Centro Andino de Estudios Estratégicos