Han sido cerca de un millar los heridos por la actuación policial durante el 1 de octubre. Una jornada electoral sin detenciones, donde no hubo resistencia ciudadana a las cargas y la brutalidad policial fue desproporcionada. El Síndic de Greuges catalán, Rafael Ribó, ha iniciado diversas investigaciones para conocer quien fue el responsable último de las agresiones y cuáles fueron las «ordenes concretas».

Pero esto no ha sucedido de la noche a la mañana, se inició en el contexto de las negociaciones sobre el pacto fiscal para Catalunya en 2012, un acuerdo similar al que tiene el País Vasco pero rechazado por Rajoy por ser «contrario a la Constitución» y generar «división e inestabilidad institucional». Tras la decepcionante negativa del presidente español al pacto fiscal Artur Mas adelantó una hoja de ruta hacia una coalición soberanista y la convocatoria de un referéndum por la independencia, propuesta compartida por la Asamblea Nacional de Catalunya, referente del sentimiento identitario en la sociedad civil.

El diálogo entre gobiernos central y autonómico tendría que haber enfrentado la cuestión nacional como sucedió durante la campaña del plebiscito escocés en 2014 donde el primer ministro británico, David Cameron, reconoció al parlamento de Escocia su derecho a celebrar una consulta popular, asumió el reto democrático y supo salir victorioso. El apoyo del actual Gobierno conservador británico al proceso soberanista parece más demagogia destinada a intereses particulares antieuropeistas del bloque anglosajón que cualquier afinidad ideológica del Brexit con el independentismo catalán.

El recuento de votos en la jornada electoral del 1-O fue de 2.200.000 y 400 colegios electorales cerrados por la Policía y la Guardia Civil donde no se pudo realizar el derecho a sufragio, el resultado fue de amplia mayoría a favor del sí a la República Catalana.

Las agresiones y la retirada de urnas han sido una demostración de la vulneración de los derechos y libertades que las instituciones internacionales han valorado públicamente. El alto comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, instaba al gobierno español a aceptar las peticiones de visita de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Por su parte el portavoz de la Comisión Europea hizo referencia a la violencia desproporcionada y llamaba al diálogo como única solución. Pero el día después al 1-O es el peor escenario posible para recuperar el diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas.

- Francesc Casadó es analista político