El caso Caja de Pandora, presentado el 5 de octubre por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ha puesto en evidencia el involucramiento en hechos de corrupción de Álvaro Arzú, actual alcalde de la ciudad de Guatemala.

Arzú es uno de los personajes más representativos de la historia política reciente del país. Nació a la vida política en el Movimiento de Liberación Nacional, partido anticomunista que entre 1954 y 1996 dirigió la violencia criminal contra la oposición a través de escuadrones de la muerte. De 1986 a la fecha, Arzú ha controlado, de manera directa o indirecta, el Gobierno municipal de la ciudad de Guatemala. Siendo presidente de la república (1996-2000), firmó los acuerdos de paz con las fuerzas guerrilleras, desarrolló una política de privatización de empresas estatales y modificó varias leyes que constituyen la base de la actual fase de acumulación de capital por la vía del despojo y saqueo de los bienes públicos. Proveniente de una familia de la burguesía oligárquica de origen colonial, Arzú ha mantenido poder sobre diversas fuentes de enriquecimiento y el control político de la capital del país, su feudo político principal. Ha sido uno de los caudillos más importantes en la configuración del sistema político, actualmente en crisis.

Su participación en los hechos de corrupción denunciados devino en la solicitud de que se le retirara la inmunidad en su calidad de alcalde municipal. Esto se justifica en las evidencias que lo vinculan con hechos de peculado y de financiamiento ilícito por la existencia de plazas fantasmas y por el uso de recursos públicos municipales en su campaña electoral del 2015. De ser favorable esta solicitud, Arzú podría ser detenido y enjuiciado.

Más allá de lo anterior, el caso adquiere relevancia en el contexto de la actual crisis política que vive el país. Arzú constituye uno de los soportes del presidente Jimmy Morales, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y varios procesos de antejuicio que podrían implicar su enjuiciamiento y eventual salida como gobernante. Es, asimismo, uno de los principales políticos que orquestaron una campaña para detener las investigaciones del MP y la Cicig. Su reacción podría significar que la disputa política contra estas instituciones de investigación criminal se agudice, pero en condiciones de desventaja para él y el mandatario.

El caso vincula al alcalde capitalino con otras figuras que forman parte del pacto de impunidad, que articula estructuras de empresarios, políticos, funcionarios públicos y mafias que unieron intereses en torno al gobierno de Jimmy Morales para defenderse de la amenaza de procesos de investigación judicial. Resalta entre ellos el excapitán del Ejército Byron Lima, a quien Arzú pagó con recursos municipales por la fabricación de productos de propaganda para su campaña electoral en 2015. Lima fue condenado por haber participado en el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998, cuando pertenecía al Estado Mayor Presidencial del entonces presidente de la república Álvaro Arzú. Durante los hechos que se le imputan al alcalde capitalino, Lima dirigía desde la cárcel una estructura criminal con operaciones fuera y dentro del sistema carcelario en complicidad con funcionarios de alto rango, incluido el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quien integraba el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, ambos capturados por casos de corrupción y de crimen organizado. Lima fue asesinado en 2016 dentro de un centro carcelario.

Relacionados con Arzú y Lima en estos delitos aparecen un hermano de este último, su exconviviente y un grupo de abogados que han sido defensores de criminales, militares violadores de derechos humanos y genocidas que, además, integran la fuerza política del gobierno actual. Están vinculados, asimismo, a un grupo de exmilitares contrainsurgentes con quienes mantienen una campaña contra defensores de derechos humanos y contra el MP y la Cicig. Estos familiares y abogados vinculados con Arzú y Lima han sido capturados por estos hechos ilícitos denunciados.

El proceso de investigación contra Arzú constituye un duro golpe al pacto de impunidad de quienes controlan actualmente el Estado. Queda por ver si las cortes, elegidas con la influencia de estas redes delictivas, le darán protección al alcalde o facilitarán el proceso para su enjuiciamiento.

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