Primera parte

El embate: Buitres sobre la ciudad

"Sangre, sudor y lágrimas arrancadas a millones, ¿por qué?, ¡por la renta!"
Lord Byron

Un fantasma recorre Barcelona: la rebelión de los inquilinos. Hastiados de la carestía de la vida, del desempleo y la precariedad laborales y ante el brutal incremento de rentas impuesto por el “sindicato de caseros”, decenas de miles de inquilinos de la ‘rosa de fuego’ se declaran en huelga cesando en el pago de alquileres. La represión no se hace esperar. Los lazos de ayuda mutua tejidos por las clases populares a través de décadas de ásperas luchas contra los amos de la ciudad propician la solidaridad y la resistencia contra el ataque conjunto de los rentistas de la Cámara de la Propiedad y las fuerzas defensoras del orden burgués. En un ambiente de gran crispación -que da lugar, en ocasiones, a intercambios de disparos-, los masivos intentos de desahucio, con lanzamiento incluido de muebles a la calle, son frecuentemente atajados por los aguerridos arrendatarios, organizados en el Comité de Defensa Económica. Los presos gubernativos, en su mayor parte relacionados con los desahucios, inician una huelga de hambre, mientras el conflicto del sector del metal que conmociona a la ciudad se transforma en huelga general. Siguen cuarenta y ocho horas de extrema tensión con varios muertos, veinte heridos graves y centenares de detenciones que provocan la desarticulación del Comité de Defensa Económica y la detención de sus dirigentes. Se pone en evidencia cómo la recién inaugurada república –recibida esperanzadamente por las clases populares- mimetiza sin complejos los modos represivos del régimen anterior cuando se trata de lidiar con las reclamaciones de los desposeídos.

El relato anterior no es una agorera prognosis de historia ficción sobre la aguda conflictividad social en la hipotética República Catalana. Se trata de una sucinta descripción –basada en el excelente ensayo de Manel Aisa- de la huelga de alquileres que sacudió Barcelona en el convulso verano de 1931. El advenimiento de la Segunda República y el impacto profundo de la crisis económica de 1929 desencadenaron un rebrote de las luchas sociales alimentado por las expectativas –luego frustradas- de reformas socioeconómicas profundas generadas por el nuevo régimen. Mutatis mutandis, en la actual situación de agudo deterioro de las condiciones de vida y de intensificación de la violencia inmobiliaria en la ciudad de los prodigios, la respuesta por parte de unas clases populares profundamente desestructuradas dista mucho de la que en aquel momento ofreció una clase obrera altamente politizada por el anarquismo revolucionario. Contrariamente a la hegemonía que encarnaba en la Segunda República el movimiento anarquista frente al minoritario nacionalismo burgués, en la actual fase de exaltada efervescencia identitaria, los escasos brotes de resistencia ante la apisonadora neoliberal son ahogados por el fragor de la omnipresente cuestión nacional. Cabría pues sospechar que –sin menoscabo de su indudable arraigo y del éxito logrado en la movilización popular- el eje nacional-patriótico, con su idealista vocación interclasista aglutinadora de la “voluntat d’un poble”, ha contribuido a esa anestesia al diluir el componente social de las luchas populares que había revitalizado la sorprendente eclosión “quincemayista”.

Y sin embargo, sobran –como entonces- los motivos para la ruptura de la “paz social”. La antigua ‘rosa de fuego’ –de la que Engels decía que era la ciudad del mundo con más barricadas-, deviene, al compás de su conversión en “golosina” para la explotación de la marca Barcelona –la ‘millor botiga del mon’ de los fastos olímpicos y el grotesco Fórum 2004-, un modelo perfecto de la nueva matriz de rentabilidad del capitalismo neoliberal: la extracción de rentas basada en las burbujas de activos y en la – en los clásicos términos de Harvey- acumulación por desposesión. El filósofo francés Henri Lefevre, ya en 1974, en el inicio del apogeo del capitalismo financiarizado, señalaba cuál iba a ser el renovado objetivo del capital ante la crisis de rentabilidad provocada por el agotamiento del modelo industrial-fordista de los ‘treinta gloriosos’: “el inmobiliario y la construcción dejan de ser un circuito secundario, una rama anexa y retrasada del capitalismo industrial y financiero para situarse en primer plano de la nueva matriz de acumulación”. Pocos ejemplos mejores que el de la capital de Cataluña –la antigua fábrica de España- para ilustrar esa drástica transformación de la estructura económica volcada actualmente hacia la valorización del suelo y el espacio urbanos como objetivos predilectos del capital financiero.

En los inicios de la cacareada recuperación de la maltrecha economía española–cogida de los frágiles hilos de la política monetaria expansiva del BCE, el petróleo barato y el coyuntural aluvión turístico- y ante la imposibilidad de reiniciar –por ahora- el inflado de nuevas burbujas hipotecarias por la fragilidad de la demanda de los millenials y el enorme stock de ladrillo procedente de la debacle de 2008, la fiera rentista cambia de estrategia. El siguiente anuncio de la promotora Urbania International, con excelentes relaciones con varios fondos de inversión internacionales, resume, mejor que cualquier colección de datos estadísticos, el modus operandi de la nueva ofensiva de los tiburones inmobiliarios: “La estrategia es hacer una mejora moderada y una renovación del edificio, reemplazando los contratos actuales por un esquema de gestión de vivienda turística, lo que automáticamente trae consigo un aumento de los ingresos por alquiler y la revalorización física de la propiedad misma para la posterior desinversión”. La apuesta por el alquiler es pues la clave de bóveda de la recomposición de la burbuja inmobiliaria y sus élites asociadas.

La tormenta perfecta, que impacta de lleno contra las crecientemente precarias condiciones de vida de unas clases populares machacadas por la devaluación salarial y la pobreza rampante, está servida: las masivas inyecciones de liquidez del BCE, canalizadas hacia la banca y los fondos “oportunistas”; el volcado hacia el alquiler de miles de viviendas procedentes de los despojos del colapso de 2008; la creación –con el señuelo de jugosas ventajas fiscales- de las SOCIMIS, auténticas multinacionales del rentismo “financiarizado” y la invasión vertiginosa del alquiler turístico propulsado por la plataforma Airbnb conforman un ciclón especulativo que torna prohibitivo el acceso a un bien básico para enormes bolsas de población. Su absoluto desvalimiento se agudiza con la complicidad flagrante de los dueños del BOE –con las sucesivas reformas de la neoliberal LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y el chollo fiscal del que disfruta el arrendador en detrimento del arrendatario en lugar destacado- con los intereses del sindicato de caseros. Salva Torres, alma mater de la asociación 500x20, que cuenta en su haber con una admirable tarea de investigación financiero-jurídica y de activismo social por la defensa del eslabón más débil de la opresora cadena de la violencia inmobiliaria, indica hacia dónde bascula la preferencia de los "ecuánimes" legisladores: “En 2014, los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los 1.785,43 millones de euros en desgravación por compra de vivienda habitual, nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y en desahucios. Esto tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero”. Javier Burón,  gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, se refiere lastimosamente a  los “cien años de no tener políticas públicas de vivienda” para explicar la casi absoluta inexistencia de vivienda pública o de alquiler social que pueda amortiguar el embate especulativo.

Los fondos de capital-riesgo como Blackstone, la infausta SAREB –el llamado banco malo, financiado con dinero público procedente del rescate europeo y atiborrado de la morralla inmobiliaria de las extintas cajas- y los 4 grandes bancos “supervivientes” de la hecatombe, convertidos en las mayores inmobiliarias del país tras la plaga de embargos hipotecarios, son los nuevos caseros del alquiler “profesional”.

Barcelona se convierte así en la joya de la corona del ataque combinado de las panzer division financiero-inmobiliarias. Su enorme potencial como meca turístico-congresual, la existencia de un parque de alquiler muy superior al del resto del estado (30% del total de viviendas) y la hegemonía local de una alta burguesía rentista –orbitando alrededor de la todopoderosa Caixa y de gigantes inmobiliarios como Núñez y Navarro- con potentes socios internacionales la convierten en diana predilecta del ataque de los financistas: en 2016, la inversión inmobiliaria “profesional” en BCN fue de casi 2000 millones de euros (el 85% del presupuesto global del Ayuntamiento y el 20% del total de todo el país).

El resultado es fácilmente previsible. En los dos últimos años las rentas han escalado más de un 25% en los barrios más “golosos” del centro turístico y siguen acelerándose mientras los desahucios por impago de alquiler ya superan con creces a los de vivienda habitual. Las imágenes de espantados vecinos mostrando angustiados los implacables burofax, en los que los nuevos multi-propietarios les conminan al abandono inmediato de la vivienda mediante la vía expeditiva de la no renovación contractual, representan el símbolo de la nueva ofensiva de violencia inmobiliaria. Los ayuntamientos del cambio y la “regeneración democrática” asisten desbordados ante la avalancha: el señor Burón, a la par que desgrana medidas pretendidamente “realistas”, como fomentar la colaboración público-privada y buscar el equilibrio entre “rentabilidad y habitabilidad”, reconoce la impotencia del ayuntamiento del cambio ante la enormidad de “un problema estructural”. El ritmo de construcción de viviendas sociales de titularidad municipal, a pesar de la aceleración propulsada por los adalides de la regeneración democrática, sigue siendo, en sus resignadas palabras, “una gota de agua en el océano”. El ataque de los “especuladores en activos” -¡cuánta jeremiada nostálgica escuchamos del capitalismo productivo, que hacía cosas útiles para la gente!-, junto con la impotencia –cuando no connivencia descarada- de las administraciones públicas inciden de lleno en el creciente desvalimiento de las clases populares. El 50% de la población forma parte del precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite contratar una hipoteca pero tampoco pagar alquileres de dos dígitos: la media en BCN es de 14€/m2. El retraso infinito de la emancipación juvenil, la expulsión-gentrificación de la población tradicional de los prohibitivos barrios fashion y el hacinamiento en viviendas compartidas o en la casa de los abuelos configuran un panorama de empobrecimiento generalizado con insospechados daños colaterales. Como refiere el compañero Salva Torres: “Los pequeños propietarios no pueden competir con el mercado profesional de alquiler de las grandes firmas pero nunca se enfrentarán a esa mafia que los empobrece ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar la peor oferta (propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados). Un mercado así configurado sólo puede degenerar en una guerra entre pobres,  con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales contra los inquilinos”. Asimismo, se está produciendo un aumento inusitado de la fórmula de compra conocida como “nuda propiedad”. Tal argucia perversa consiste en la adquisición de un inmueble habitado por una persona mayor, con el derecho de reversión hacia el comprador en el momento del fallecimiento del titular. El objetivo es rentabilizar la inversión –muy rebajada por la “necesaria” espera a que el “bicho” ocupante pase a mejor vida- a través del alquiler sobrevalorado.

El carácter parasitario e improductivo–en abierto contraste con la oposición, irreconciliable pero transparente, entre explotador y explotado en el lugar de trabajo- de semejante modelo de actividad económica se refleja en su matriz de rentabilidad “precapitalista”: la extracción de rentas de la sacrosanta propiedad privada transmitida por herencia.  La “renta” es el flujo infinito –al contrario que una patente, que tiene duración determinada hasta que revierte al dominio público- de liquidez que recibimos simplemente por ser propietarios de algo, sin aportar trabajo o valor de ninguna clase. Como dice Stuart Mill, –refiriéndose a los terratenientes absentistas-: “Puede decirse que se enriquecen mientras duermen, sin trabajar, arriesgar o economizar. Según el principio general de la justicia social, ¿qué derecho tienen a ese aumento de sus riquezas?”. Ni siquiera la ortodoxia económica neoclásica otorga refrendo teórico para la extracción ilimitada de rentas de un bien de uso depreciable cuyo valor de cambio aumenta –contra toda lógica racional- indefinidamente. ¿Qué justificación tiene cobrar alquileres desorbitados por viviendas antiguas –la mayoría del parque de Barcelona tiene entre 40 y 60 años- que ya han sido amortizadas varias veces por sus propietarios a través del flujo de rentas y las generosas desgravaciones fiscales? Los proudhonianos clásicos consideraban que la explotación capitalista se fundamentaba en distintas categorías económicas que consistían en parasitar el esfuerzo ajeno: la plusvalía en el trabajo, el lucro en el comercio, el interés en el crédito y la renta en el alquiler. Ni que decir tiene cuáles son las predominantes en la actual fase senil y crecientemente depredadora del sistema de la mercancía. Lefevre resume el ataque global  a las condiciones de vida de la población que una matriz rentista-extractiva como la descrita supone: “Todas las condiciones se reúnen así para un dominio perfecto, para una refinada explotación de la gente, a la que se explota a un tiempo como productores, como consumidores de productos y como consumidores de espacio”.