La crisis económica y la violencia política de los pasados meses han puesto en evidencia que los venezolanos y las venezolanas requerimos un nuevo derecho, o, mejor dicho derivar del derecho al hábitat un derecho a la ciudad.

La ciudad, esta área urbana que presenta una alta densidad de población, conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas, que todavía guarda algún origen español y tras de sí alguna relación con las civitas romanas, es el espacio donde vivimos la mayor parte de nosotros.

En ellas nacemos, vivimos y morimos. Crecemos, convivimos. Manejamos, nos enfermamos, nos enamoramos…, la ciudad es un concepto que nos envolvió desde antes de darnos cuenta que existíamos.

Pero es también un concepto de relevancia jurídica porque una ciudad no es sólo tierra y gente sino que necesariamente es un tema de servicios públicos, salubridad, convivencia y desarrollo.

La ciudad es moverse con facilidad, accesibilidad y comodidad. Algo que anda mal en estos tiempos y que no debemos mirar tan sólo en la simple lógica de unidades disponibles/precio del pasaje. Es darnos cuenta que ni nuestra bonita Constitución, ni las más exitosas o grises de las gestiones en el Ministerio del Transporte o en las Alcaldías han podido completar un transporte público, de calidad, de precio accesible que llegue a los distintos puntos de la ciudad.

Insisto, ni los mejores proyectos del Trolebús de Mérida, ni del Bus Caracas o del Metro de Maracaibo pueden ser tomados como ejemplos absolutamente exitosos o suficientes de transporte urbano.

Esto porque la mayoría de las rutas son cubierta por estas entidades extrañas, asociaciones que exigen aumentos de los pasajes pero no cambian unidades, en las que nadie sabe dónde empieza el patrono y donde comienza el empleado. Usando estas fronteras para encubrir muchas veces groseros sistemas de explotación de un cómodo y distante dueño de la flota que fija sus honorarios.

Si la ciudad es un entramado de servicios, tiene mucho más que el problema del transporte y tienen que establecerse espacios para la vida. Con reglas que fijen como utilizarlos y cultivarlos, como decidirlos.

La ciudad como espacio para la vida es también una unidad política cuya forma de gobierno es la mínima expresión del pacto social general.

¿Seguirán siendo Municipios? ¿Qué pasa con la ciudad y las estructuras comunales? ¿Son las comunas la nueva expresión de lo político? ¿Cuál ciudad requiere el buen vivir del que ya tan poco hablamos?

Se aproximan elecciones municipales y estamos en tiempo, por un lado de Constituyente –lo que llama a crear- y por otro de colapso –lo que obliga a solucionar-, en ellos vale invitar a que se debata el problema de fondo, el proyecto, el sueño y no tan sólo si este o aquél, con tarjeta propia o prestada, será el próximo alcalde.

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