El pasado 16 de mayo, en la ciudad de Buenaventura se declaró un PARO CÍVICO que duró 22 días, debido a la sistemática violación de derechos humanos que se presenta en el territorio. Este momento puede ser el definitivo, el que logre canjear promesas por otras realidades, con el que se logre recuperar el fuego para desterrar los males. Vamos a enfocarnos en la dimensión económica y la dimensión política, que en buena medida explican la generación y profundización de la catástrofe social en la que se halla la ciudad con el puerto más importante en el Pacífico colombiano.

Ciudad​ ​neoliberal

Buenaventura, es el enclave portuario más importante para Colombia. Funcional para los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados, incluyendo los suscritos y ratificados con EEUU y la Unión Europea, así como los Acuerdos de la Alianza Pacífico. Su importancia geoestratégica ha generado una gran presión sobre el territorio, toda vez que se han planificado y desarrollado megaproyectos que apuntan hacia cuatro direcciones:

(i) Portuarios: que iniciaron la expansión de grandes plataformas de embarque y desembarque de mercancías creando un nodo portuario, que está conformado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), el recientemente inaugurado Puerto Industrial de Aguadulce, y el proyectado Puerto Delta del Río Dagua y Puerto Solo;

(ii) Logísticos​: que se planificaron en documentos como el Master Plan Buenaventura 2050 (1) , creando un Centro Logístico (almacenamiento y parque industrial) en una superficie más de 1200 hectáreas, que atraviesa Consejos Comunitarios (2) de dos comunidades negras: Gamboa y Caucanita;

(iii) Turísticos: ​como el Bulevar y el Malecón Bahía de la Cruz, pensados y desarrollados para fortalecer la infraestructura hotelera y turística, imponiendo sobre la isla Cascajal una vocación complementaria al creciente sector portuario, desalojando de zonas de alta concentración habitacional;

(iv) Reubicación: que es el resultado del despojo, desplazando a miles de personas a la periferia como ha sucedido con la Ciudadela San Antonio. Todos estos megaproyectos están articulados y son complementarios los unos a los otros, ha sido puesta en marcha la visión de ciudad neoliberal, es decir una ciudad diseñada para la explotación portuaria moviendo anualmente una carga aproximada de veinte millones de toneladas de mercancías, recaudando unos seis billones de pesos (más de dos mil millones de dólares), pese a ello el 80% de la población se encuentra empobrecida y más del 40% en situación de indigencia.

 

 

En Buenaventura, paradójicamente, ya no existen puertos públicos, todos son privados con muy poca o nula retribución de las ganancias en la inversión social que esta ciudad necesita. El año de 1993, marcó un punto de no retorno para la ciudad, ya que en esa anualidad se concretó la privatización de Puertos de Colombia; desde ese momento las cosas empezaron a cambiar en este territorio: hubo una reconcentración de la economía en el sector portuario anulando las posibilidades que la región ofrece, se perdió cualquier posibilidad de democratización y redistribución de las ganancias reduciendo las garantías laborales hasta el límite de la explotación que configuran nuevas formas de esclavitud. A su vez, el interés por desarrollar dichos macroproyectos y su ubicación estratégica para el narcotráfico, introdujo todos los actores armados vinculados al conflicto interno colombiano, que empezaron a disputarse zonas dentro del territorio bonaverense, generando así desplazamiento a sangre y fuego, todo ello curiosamente, en el mismo territorio de expansión portuaria ¿Una extraña coincidencia?

A partir de 1993, la vida en la ciudad se complejiza. Se inicia un proceso de desmantelamiento de lo público a partir de la venta, precarización y saqueo de las instituciones que garantizaban los derechos básicos. Desde el 2001 que inició labores la empresa privada Hidropacífico, no ha sido posible garantizar el acceso permanente al agua, ni tampoco potabilizarla, pese a que Buenaventura está rodeada por más de una veintena de ríos, y un centenar de quebradas. El servicio de acueducto es tan precario que sólo ha llegado al 76% de cobertura, y 60% de alcantarillado. Por otra parte, siendo una urbe con más de 400.000 habitantes, no cuenta con un hospital de tercer nivel, requerimiento mínimo, incluso para hacer efectivos los tratados y acuerdos comerciales, exponiéndolos a riesgo de muerte ante enfermedades fácilmente tratables en cualquier ciudad. Otro derecho fundamental, como la educación, tampoco se encuentra debidamente garantizado, puesto que la infraestructura escolar hoy se encuentra en precarias condiciones, y la poca inversión en educación ha tenido como consecuencia la obtención de los últimos puestos después de una época brillante, donde se graduaron los mejores bachilleres del país. El sector educación no ha sido ajeno al flagelo de la corrupción, tan es así que hubo un momento para resaltar en el cual los colegios fueron “habitados” por más de cincuenta mil “niños fantasmas”, es decir, se trata de niños inexistentes por los cuales se destinaron dineros que se robaron en lo que fue una gran estafa.

El otrora sector pesquero de grandes navieras, fue convertido en un cementerio de chatarra, incrementando así el desempleo que llega a ser un tercio de la población, circunstancia que también puso en entredicho la soberanía alimentaria de los bonaverenses.

Además de este panorama, hay que señalar que la mitad de la población se reconoce como víctima del conflicto armado interno. Toda vez que ha sido epicentro de la confrontación armada por el control del territorio, donde justamente se da la expansión portuaria y concentran las rutas para el narcotráfico que ha dejado más de mil homicidios en los últimos diez años. Lo que le ha otorgado a Buenaventura, el deshonroso primer lugar, dentro de las ciudades con mayor desplazamiento en América. Territorio habitado mayoritariamente por población negra y en menor medida por indígena y mestiza. Lo que agrava más la situación ante la vulnerabilidad que padecen estas comunidades ante el racismo estructural y abandono estatal.

La puesta en marcha del desarrollo portuario previsto ante las negociaciones de los tratados de libre comercio ha reconfigurado por completo el territorio. En medio de una desidia sin par, la expansión y tecnificación portuaria ha dejado un gran impacto tanto en la ciudad física como en el tejido social. Las dinámicas de desplazamiento interno le transfirieron el inusitado reconocimiento de la ciudad en Colombia con mayor desplazamiento interno generando múltiples conflictos sin solución por el momento.

Mayores niveles de exclusión y empobrecimiento son el resultado de toda una dinámica de despojo. Así lo registró la Taula Catalana Per la Pau en su informe “ASEDIO A LAS COMUNIDADES LOS IMPACTOS DE UNA EMPRESA CATALANA, GRUP TCB, EN BUENAVENTURA, COLOMBIA”(3) , en el que describe cómo el desarrollo portuario se ha dado a espaldas de la comunidad. Hoy en día, podríamos diferenciar dos ciudades dentro de un territorio, una comprendida por el sector portuario, donde todos los servicios se proveen de forma ininterrumpida, con un alto grado de eficiencia; que no se detiene pese a las condiciones de los ciudadanos al otro lado del muro que los separa, en la que no hay una sola muerte violenta mientras afuera las cifras son apenas comparables con cualquier país de África, como señaló Todd Howland: “Creo que el nivel de pobreza de Buenaventura es como el del Congo y creo que no se pueden tener dos países en un mismo país” (4). La otra, es la que yace bajo el velo del abandono estatal y la miseria que deja la explotación portuaria sin una mirada humanista.

Crisis orgánica

Todo lo anterior debe acompañarse de otra arista al momento de intentar su comprensión: la corrupción generalizada. Ante la concentración del capital en manos de empresas privadas portuarias, la clase política convirtió lo público en un botín a usurpar, de modo que buena parte de la catástrofe social tiene responsabilidades directas en dirigentes y partidos políticos, que han gobernado la ciudad en alianza con élites regionales y nacionales.

El Partido Liberal, tiene una gran responsabilidad dado que sus alcaldes Edgar Roberto Carabalí, José Félix Ocoró, Freddy Salas Guatotó, Jaime Mosquera Borja y Bartolo Valencia Ramos, han sido investigados, condenados e incluso uno de ellos asesinados, todos envueltos en aterradores casos de corrupción, sin contar la veintena de concejales investigados y presos. En Buenaventura se construyeron redes dedicadas al saqueo del erario, tráfico de influencias y detrimento del patrimonio público, además de ello estrechamente ligadas a estructuras narcoparamilitares que aún hoy coaccionan a los pobladores al momento de decidir, haciéndolo un actor clave para la conservación del poder de dichas élites.

Todo este panorama configura una crisis orgánica que generó el paro cívico en el distrito de Buenaventura colocando la economía del país en jaque, con el que se busca revertir la trágica condición en que se encuentra este territorio. Se buscaba una inversión de diez billones de pesos (tres mil quinientos millones de euros) a diez años, que garanticen los derechos consagrados en la Constitución Política de 1991 y el goce la vida plena.

Luego de varios meses el panorama ha venido cambiando en diferentes dimensiones. Vía legislativa se logró la creación del Fondo Autónomo para Buenaventura por una cifra de un billón de pesos (trescientos cincuenta mil euros) como parte de la respuesta inicial. Se conformaron veedurías ciudadanas que han estado comprometidos con la vigilancia de los recursos públicos y su correcta inversión. La cultura política ha dado un vuelco radical, si bien la participación política no es permanente, los asuntos públicos hacen parte del diálogo diario entre sus ciudadanos. El tejido social construido durante los días de Paro Cívico debido a las múltiples solidaridades se ha mantenido y ha generado núcleos de colectivos ciudadanos encargados de discutir, promover y participar activamente de la política en la ciudad. Pareciera ser que hay mayor comprensión de la importancia de las instancias de representación y participación política como medio para alcanzar mayores niveles de garantías y la materialización de los derechos para lograr una vida digna en la ciudad con puerto más importante del Pacífico latinoamericano. Buenaventura ya no es la misma ciudad, no necesita ayuda para suplir las necesidades más básicas, necesita que la gente se empodere, tome el futuro por sus manos y construya la ciudad que sueña donde sea posible el desarrollo portuario y la vida digna al mismo tiempo sin que esto signifique una contradicción, por ello es necesario direccionar todos los esfuerzos que puedan realizarse en el sentido de consolidar de una nueva ciudadanía.

De allí que han surgido propuestas muy interesantes como la “Ruta de la Palabra, 101 foros por Buenaventura” que busca por un lado: abrir escenarios de diálogo y participación en temas relacionados a la planificación y ordenación del territorio, planes de gobierno, proyecciones de crecimiento industrial, políticas públicas sectoriales, entre tantos otros; realizándolos en cada barrio de la ciudad. Por otra parte, busca recaudar la información necesaria para lograr políticas públicas con mayores aciertos ante las demandas objetivas o subjetivas de la población.

Finalmente, desde los días del Paro Cívico hay una consigna que se mantiene como identidad del cambio que se busca, de la resistencia civil y la esperanza, por esos días al unísono se cantaba en las manifestaciones “este pueblo no se rinde ¡Carajo! Vamos pueblo ¡Carajo! (5)... y el pueblo después de 22 días no se rindió.

Notas

(1) El Master Plan Buenaventura 2050, es un documento institucional para la proyección de la ciudad de Buenaventura hasta el año 2050, en el cual se define un modelo de ocupación del territorio a partir de determinantes ambientales y de desarrollo social y económico con el propósito de hacer de ella una ciudad competitiva. Este plan involucra proyectos a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, que
convertirán a la ciudad en un territorio atractivo para los inversionistas y propenderá por la mejora de la calidad de vida para todos los habitantes.

(2) Es una figura jurídica con la cual una comunidad negra se organiza para administrar un territorio de arraigo ancestral, con un grado de autonomía al interior y bajo los principios de la propiedad colectiva.

(3) http://www.taulacolombia.org/sites/default/files/informebuenaventura_int_act_0.pdf

(4) http://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-en-buenaventura-continua-campante-en-gobierno-de-santos/379681-3

(5) Expresión de fuerza, indignación, valentía y arrojo que ha sido utilizada dentro del repertorio de los movimientos sociales como un grito resistencia.

Juan Camilo Medina Scarpetta e Isaías Cifuentes son integrantes de la  Fundación Nueva Ciudadanía