Después de doce años del gobierno de Evo Morales Ayma, la nacionalización de los hidrocarburos del primero de mayo de 2006 es, indudablemente, la medida económica más importante de la gestión porque se ha convertido en la fuente principal de los recursos necesarios para llevar adelante las políticas públicas con la distribución de fondos entre las alcaldías, gobernaciones y universidades, para la redistribución de los excedentes al conjunto de la población y para desarrollar inversiones en salud, educación, deporte, servicios básicos e infraestructuras diversas.

Junto a la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la industrialización del gas, fueron los mandatos de la agenda de octubre de 2003 determinada por la insurrección popular que expulsó a Gonzalo Sánchez de Lozada y a los partidos neoliberales que manejaron irresponsablemente el país durante veinte años. Dos de estas decisiones se han cumplido y la tercera está en proceso de ejecución, junto a la que se implementa la expansión masiva del uso del gas barato en todo el territorio nacional y para toda la población.

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha recuperado la importancia que tenía antes de su entrega a las transnacionales y de su despedazamiento e, inclusive, ha desarrollado mayores potencialidades como empresa corporativa que integra verticalmente la industria petrolera, sin embargo es también una empresa muy sensible a la burocratización, la tecnocracia y autonomía de gestión, a una administración inadecuada y al surgimiento de hechos de corrupción, como se ha podido advertir con las renuncias o destitución de varios de sus presidentes y de otros funcionarios.

Asimismo, las recuperadas empresas YPFB Andina y YPFB Chaco, que realizan operaciones con otras empresas transnacionales del sector y que se administran bajo la conducción de un Directorio y de Gerencias responsables de sus actividades, tienen bajo su responsabilidad las decisiones estratégicas del sector que pueden definir el destino de la energía vital del país. Igualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es responsable de la fiscalización del sector.

Por estas razones corresponde cuidarlas y preservarlas desarrollando políticas y decisiones muy claras desde el gobierno. Esto significa asegurar la información más amplia y detallada sobre su manejo, establecer procedimientos de administración transparente para el conocimiento de toda la población y crear mecanismos de control social e institucional, los mismos que deberán ser totalmente independientes de cualquier vinculación con la propia empresa para evitar compromisos y complicidades que pongan en riesgo su independencia.

Por otra parte, los miembros de los directorios de YPFB, de YPFB Andina e YPFB Chaco, como representantes de la sociedad y el Estado, de los cuales no se conoce prácticamente nada, deberán informar y rendir cuentas regulares y periódicas para que el pueblo boliviano conozca cómo está su empresa emblemática, De la misma manera se deberá conocer el manejo de las actividades de Transporte, Refinación, Industrialización (fertilizantes y urea y separación de líquidos), Distribución y Comercialización, así como de la ANH para no tener sorpresas negativas o de frustración para Bolivia.

Eduardo Paz Rada

Sociólogo y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.