Aún con todas las medidas adoptadas por el gobierno nacional y las promesas que indujeron la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (lo mismo que la de gobernadores y, en diciembre, la correspondiente a alcaldes y alcaldesas) han tenido por finalidad mitigar y erradicar los efectos perniciosos de la crisis económica que sufre el país, una gran porción de la población venezolana comienza a ser presa del desencanto y la desesperanza. Pocos (generalmente aquellos que ostentan cargos de gobierno, lo cual se explica por sí solo) son capaces de conservar algún optimismo respecto al futuro. En la acera de enfrente, los grupos opositores manifiestan una actitud similar, sólo que ésta es producto de su confianza ciega en que el gobierno de Nicolás Maduro caerá algún día y Washington (junto con sus aliados) les meterá la mano para que puedan resolver satisfactoriamente y en un corto plazo todas las dificultades y escaseces que se han prolongado y acentuado en los últimos cuatro años.

Con una reducida diferencia, podría aseverarse, sin exageración, que estas posiciones encontradas fomentan, cada una a su modo, una política de incertidumbres en relación con lo que podría ocurrir en Venezuela en el transcurso de los próximos meses, en medio de una hiperinflación que es más que evidente cada día y amenaza a los venezolanos, sin distinción, a condiciones de sobrevivencia únicamente superadas por las padecidas por el pueblo palestino desde hace más de medio siglo y, en un segundo plano, por los cubanos en un período similar. No obstante, pese al desencanto y la desesperanza que puedan embargar los ánimos de los sectores populares, esta coyuntura podría servir de caldo de cultivo para la elaboración y la puesta en ejecución de un amplio programa de transformación estructural que trascienda lo representado por el chavismo y la oposición, vistos ambos como la expresión de un mismo proceder político, el cual niega y usurpa a su entero favor la soberanía perteneciente al pueblo; apenas diferenciándose en sus respectivos discursos.

Esta posibilidad -percibida y compartida por muchos como necesidad impostergable, dado el estado anómico que amenaza extenderse a todo el conjunto social venezolano, además del estado de corrupción expandido a todas las instituciones públicas- tiene ante sí como principal obstáculo la definición del marco teórico que la comprendería, ya que no existe, por ahora, una unanimidad en cuanto a qué elementos de tipo ideológico deberían incorporársele, haciéndole práctica y, más importante, creíble, sin sofismas que disfracen la realidad que se pretende cambiar. Todo esto, resaltando el rol determinante de un auténtico poder popular soberano que, incluso, haga obsoleta (preferiblemente) la existencia de los partidos políticos tradicionales.

Aunque suene utópico, la realidad contemporánea -con una hegemonía del capitalismo corporativo global, en apariencia indetenible, subyugando a su gusto gobiernos y pueblos en cualquier región del planeta- obliga a plantearse este reto de una forma creativa, con los pies en la tierra, sin dejar de reafirmar los valores autóctonos que nos identifican como nación o pueblo, en un proceso de autoreferencia y de descolonización intelectual

De esta manera, la política de incertidumbres de parte del gobierno y la oposición tendrá que dar paso a una inspirada y sustentada en la democracia entendida y practicada directamente por los sectores populares, con vocerías revocables en cualquier momento, elegidas en asambleas de ciudadanos como instancia superior de todo poder constituido. Siendo esto cierto -y habilitadas las instancias que harán factible y permanente esta nueva concepción y nueva praxis de la democracia- cabe concluir que Venezuela iniciaría una etapa de su vida republicana con una visión y un compromiso de país mejor definidos y, por consiguiente, de un mayor arraigo entre su gente.