En las últimas tres décadas la mayoría de los gobiernos de América Latina han dado leyes que con la excusa de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) han creado marcos legales que otorgaron distintos incentivos fiscales a diversas empresas privadas, que han gozado de beneficios tributarios sin dar nada a cambio a los Estados que las han albergado.

Esta situación empezó a finales de la década de los 80 y sigue hasta la actualidad, como analiza el reciente estudio realizado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), donde destacan que a la fecha hay 337 incentivos en vigencia, de los cuales 256 otorgan exenciones tributarias de distinta índole, y un total de 167 corresponden a beneficios tributarios que permiten reducir la tasa de pago del impuesto sobre la renta, lo que impacta de forma directa en la recaudación tributaria de los países.