El presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado en las últimas semanas la reestructuración de la deuda externa y el lanzamiento del petro, una criptomoneda respaldada por los recursos naturales de hidrocarburos, oro y diamantes del país, lo que más allá del secretismo con que se manejan ambos temas, pone en la mesa de prioridades una necesaria auditoría de la deuda y una explicación más amplia sobre el petro.

a) La renuncia obligada como diplomático de un personaje clave como Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera y ministro de Energía y Petróleo durante tres lustros, tiene sin duda alta significación, pero puede prevalecer en su análisis apenas una mirada acotada: la del comienzo de las disputas en el seno del chavismo ante la perspectiva de las elecciones presidenciales del año próximo, en el marco de una “guerra contra la corrupción”.

De todas formas, cualquiera sea la intensidad de esperables  disputas mezquinas o amplias por el poder político, en ningún caso podrán éstas desplazar la atención del hecho que Venezuela se encuentra en una situación de emergencia económica y financiera que se ha profundizado enormemente en los últimos días,  lo reconozcan o no el gobierno y mercados financieros, a partir de haberse roto el círculo vicioso de la condición de "pagador serial" de Venezuela a costa de enormes sacrificios sociales .

b) La necesidad de una reestructuración forzosa de la deuda abre un nuevo capítulo, lo reconozcan o no sus actores (gobierno, banqueros, grupos económicos, fondos buitre, etc.).

Como en toda reestructuración forzada de deudas públicas o privadas en cualquier lugar del mundo, los primeros interrogantes a responder son: a) como requerimiento imprescindible de una nueva etapa, ¿qué se debe, a quién y por qué? , y b) ya en la negociación concreta ¿quiénes tendrán la iniciativa, los deudores (Estado venezolano, PDVSA) o los acreedores?

Se requiere clarificar y transparentar objetivamente el estado de situación, y para ello es imprescindiblemente en primer lugar una auditoría de la deuda, que en este caso, por tratarse de pasivos públicos, debe ser transparente y garantizada por la más amplia participación y control social.

Es posible que se opongan quienes por razones de conveniencia , ocultamiento o de búsqueda de una posición privilegiada particular rechacen hacerlo en nombre del "secreto bancario", pero como se está jugando con la postración del pueblo al haber priorizado hasta ahora el pago a los acreedores en relación al uso de las mismas divisas para las importaciones esenciales de alimentos y medicamentos, es  lógico que la ciudadanía desee saber de qué se trata y contar con toda la información veraz de la situación financiera del país.  Un requerimiento democrático elemental.

c) En relación al segundo interrogante, es desde ya posible anticipar que deberá ser respondido en un marco de presiones, extorsiones y amenazas -ya habituales- contra Venezuela. Conociendo la información siempre es imprescindible determinar prioridades y ello no se vincula solo con aspectos contractuales, o el tipo de deuda o acreedor, aunque ellos deben ser estudiados también atentamente, sino también a las prioridades de las partes. 

No hay duda que para los fondos buitre, especuladores, acreedores voraces, organismos financieros internacionales la prioridad será cobrar todo, a cualquier costo para la sociedad. Para Venezuela deberá ser, sin duda y con mucha firmeza, poner en primer lugar que las divisas significativas que sigue recibiendo el país por sus exportaciones petroleras deben ser en primer lugar para satisfacer las necesidades sociales y económicas imprescindibles para el país.

Sin duda habrá muchas más cuestiones y vaivenes por delante, en un proceso que con toda seguridad será complejo, pero que desde el vamos cada uno debe definir en qué lugar se ubica y qué entiende como prioritario.

d) Los enormes desafíos por delante no se superarán por la ilusión de una milagrosa unidad monetaria (criptomoneda), respaldada por supuestas gigantescas reservas en el suelo, el anunciado petro. Aquí, tal vez venga bien a cuento narrar brevemente la famosa experiencia de Francia en 1720 con la burbuja de la "Compañia del Missisipi”, impulsada por el escocés John Law, inventor del papel moneda en Europa.

El gobierno francés le entregó el monopolio comercial en las colonias francesas de Norteamérica y las Indias Occidentales. En 1719 incorporó a su estructura otras empresas coloniales francesas, con lo que adquirió el nombre de Compañía de las Indias. Pero en 1720, tras generar enormes beneficios a la Corona, el Regente, Duque de Orleans, ordenó imprimir billetes por aproximadamente unos tres mil millones de libras, provocando una inflación como no había habido nunca en Europa, tanto en bienes inmuebles como en bienes de consumo (como el pan) y los salarios.

La gran cantidad de billetes que se insertaron a la economía hicieron que estos no tuvieran el mismo valor, perdiendo su valor adquisitivo. No obstante tampoco existía el valor equivalente en oro que permitiera tomar esas medidas sin tener repercusiones. Esto ocasiona que todo el sistema que proponía Law colapsara y perdiera su credibilidad.

Por ejemplo, la gracia del bitcoin –la criptomoneda más en boga- no es otra que su valor en dólares, lo que también es una ficción ya que su valor es de expectativas, especulativa, no tangible de pago.

Entonces, el día que estalle la burbuja de las criptomonedas (dinero fiduciario facilitado por las nuevas tecnologías digitales), nadie podrá reclamar lo que pagó por ellas: su “valor” se esfumaría con el pánico provocado al cambiar las expectativas positivas a negativas, exactamente de la misma manera como ocurrió con los derivados financieros que condujeron a la crisis de las hipotecas durante 2007-2008.

No es hora para espejismos, ocultamientos, secretismo o politiquería. Hay que enfrentar la realidad.

Claudio della Croce

Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)