Ginebra.- Los esfuerzos por esclarecer y lograr justicia para los 200.000 muertos, desaparecidos y torturados que dejaron 36 años de conflicto armado en Guatemala siempre ha chocado con el muro casi infranqueable de la impunidad. Sin embargo, el pasado 3 de octubre de 2002 se abrió una pequeña puerta a la esperanza cuando un tribunal sentenció al coronel Juan Valencia Osorio a 30 años de prisión por ser el responsable intelectual del asesinato de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack ocurrido el 11 de septiembre de 1990.

“Algo que nunca ha sucedido en Guatemala es que un alto oficial esté en la cárcel y se lo señale como culpable. La impunidad ha sido la regla: nunca sabemos quién lo hizo, cómo se hizo y si lo sabemos nunca hemos sido capaces de probarlo”, dice Lucrecia Hernández Mack, hija de Myrna Mack, quien hizo una gira por Europa para difundir su experiencia en la lucha por la justicia y recabar solidaridad porque el caso “no ha terminado y hay que estar vigilantes”.

¿Por qué la mataron?

Durante el juicio público, que se desarrolló entre el 3 de septiembre y el 3 de octubre de 2002, salieron a relucir los móviles, el entramado y el funcionamiento de los aparatos contra-insurgentes que condujeron al asesinato de Myrna Mack y a su posterior encubrimiento. En 1990 era presidente de este país centroamericano el democristiano Vinicio Cerezo, pero los militares eran el verdadero poder tras el trono civil. Los choques entre el ejército y la guerrilla agrupada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca continuaban aunque ya se habían iniciado conversaciones de paz en 1987 en España. La Doctrina de Seguridad Nacional, diseñada por Estados Unidos para combatir al “comunismo”, inspiraba al ejército guatemalteco. Esta doctrina se traducía en control de la población, no solo se buscaba “derrotar al insurgente armado sino a toda aquella persona que pudiera ser calificada como simpatizante de la guerrilla o enemigo interno”. Los militares consideraban “enemigos internos” a los estudiantes, a los profesionales universitarios, a los investigadores o cualquier elemento crítico o democrático.

Precisamente de “enemigo interno” fue calificada la antropóloga Myrna Mack por su trabajo de investigación y denuncia sobre los desplazados internos. “Tras la politica de tierra arrasada que se practicó en las décadas del 70 y el 80 y que se traducía en masacres de indígenas y campesinos, muchos se refugiaron en México, pero la mayoría se quedó y huyó a las montañas, era la población desplazada interna. En general no había conocimiento de esta situación y mi mamá decidió introducirse en las áreas de conflicto, el Quiche, Verapaz, investigar y divulgar las condiciones en que vivía esa población”, dice Lucrecia.

Lucrecia Hernández Mack

En su investigación sobre la Politica Institucional del Estado hacia los Desplazados Internos, Myrna señaló la responsabilidad del ejército en el desplazamiento masivo de la población por su politica de acoso constante y presentó los testimonios de las víctimas, quienes hablaban de persecución, vida precaria y sufrimiento.

El obispo Julio Cabrera Ovalle, testigo en el juicio, dijo que Myrna fue asesinada porque la institución armada la consideró autora de un documento que las Comunidades de Población en Resistencia (organizaciones de desplazados) hicieron público el 7 de septiembre de 1990, en el que denunciaban la persecución de que eran víctimas y los bombardeos a los que eran sometidos por fuerzas terrestres y aéreas. El prelado, sin embargo, aclaró que Myrna nada tenía que ver con el documento.

Crimen y falta de castigo

El motivo del asesinato de Myrna fue netamente político. “Sus investigaciones científicas ponían en riesgo los planes destinados a aniquilar a esa población vulnerable (los desplazados internos) que, a ojos del poder contrainsurgente, eran base social de la guerrilla”, según el alegato legal presentado en el juicio por Helen Mack, hermana de Myrna. Sin embargo, se planificó el asesinato “como un operativo especial encubierto”, de tal manera que apareciera como un crimen común. Myrna tenía 40 años cuando fue asesinada de 27 puñaladas en una calle de la ciudad de Guatemala, lejos de la zona de guerra.

Según la parte acusadora, el autor material fue Noel de Jesús Beteta Álvarez, miembro del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial. Este Departamento no solo velaba por la seguridad del Presidente de la Republica sino que cumplía tareas de inteligencia y ejecutaba acciones contra-insurgentes. Documentos desclasificados en Estados Unidos atribuyen a este Departamento la ejecución de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Beteta no actuó por su propia iniciativa sino que respondía a órdenes superiores. En la cadena de mando estaban Juan Guillermo Oliva Cabrera, subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial, Juan Valencia Osorio, Jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, y el general Augusto Godoy Gaitán, Jefe del Estado Mayor Presidencial. Según la doctrina militar, en todo ejército, el “jefe es el responsable de lo que se haga o se deje de hacer en la unidad que está bajo su mando”.

Beteta fue condenado a 30 de cárcel en 1993. Su responsabilidad quedó demostrada en todas las instancias del proceso judicial y en ese año se dejó abierto el encauzamiento contra Guillermo Oliva Cabrera, Juan Valencia Osorio y Edgar Augusto Godoy. Como ya señalamos, Valencia acaba de ser condenado el pasado 3 de octubre, sin embargo los jueces absolvieron a Godoy y Cabrera. Los familiares de Myrna no están satisfechos con esta resolución y han anunciado que apelarán a instancias superiores, pues han dejado probado que “ellos idearon y ordenaron un plan de vigilancia y seguimiento” de Myrna así como su eliminación física.

Encubrimiento

“La búsqueda de la justicia es inherente al ser humano, sin embargo en Guatemala a pesar de todas las injusticias no se han perseguido en el ámbito legal a los autores de los crímenes, porque siempre ha existido miedo para buscar la justicia. En estos 12 años nosotros hemos estado recibiendo anónimos, mensajes amenazantes, llamadas por teléfono, han golpeado a personas. La búsqueda de la justicia es un proceso en donde hay amenazas, riesgos, y uno comprende perfectamente bien porque otras personas no se han dedicado a buscar justicia a través del sistema legal, porque es realmente muy difícil, requiere recursos, tiempo, paciencia, es muy fácil de frustrarse”, dice Lucrecia.

La hija de la antropóloga asesinada agrega que el policía Mario Mérida Escobar que realizo el informe que planteaba el móvil político del crimen e identificaba al presunto autor material de su madre fue asesinado. Recuerda que cuando firmo el informe este policía dijo: “estoy firmando mi sentencia de muerte”. Pocos días después fue abaleado a una cuadra del palacio de la Policía Nacional.

En los últimos meses ha habido una mayor intimidación contra los dos abogados que actuaban en la parte acusadora. La abogada Claudia González sufrió constantes seguimientos y al abogado Roberto Romero fue intimidado con una balacera al frente de su casa y con llamadas telefónicas en donde se lo amenazaba de muerte si “sigue cantando”.

Los militares han hecho un frente común en el caso Myrna Mack con un malentendido “espíritu de cuerpo”. La Asociación de Militares Veteranos emitió un comunicado apoyando a los tres militares acusados. Los militares jóvenes y no tan jóvenes asistían al juicio a respaldar a sus colegas. Hasta escribieron un libro y elaboraron un sitio web para defender a los acusados. En todo momento trataron de que el juicio se convirtiera en un campo de confrontación, planteando que esta es “una batalla entre el ejército y los comunistas”. “Se han presentado como héroes de la patria y han dicho que lo que no se ha ganado en el campo de batalla se está tratando de ganar en un juzgado. Otra vez se están aplicando la doctrina de seguridad nacional: antes, era guerrillero visto, guerrillero muerto, hoy es activista visto, activista muerto”, dice Lucrecia Hernández Mack.

El desenlace del caso Mack se dio en un clima de represión e intimidación a los organismos de defensa de derechos humanos en Guatemala. Varios defensores han recibido intimidaciones, se ha amenazado a los abogados forenses encargados de las exhumaciones en las zonas de conflicto, se ha quemado incluso archivos de una iglesia en Quiché que contenían testimonios de las víctimas del conflicto, 6 integrantes de organizaciones campesinas han sido asesinados. La situación es aún más preocupante cuando los ex miembros de las Patrullas de Defensa Civil (PAC), organizadas por el ejército para la lucha contrainsurgente, se movilizan para reclamar compensaciones por el “trabajo realizado”. Según Amnistía Internacional, los ex miembros de las PAC son “responsables de violaciones masivas de derechos humanos durante el prolongado conflicto interno de Guatemala”.

No está dicha la última palabra en el caso Mack. El coronel Valencia va a apelar la sentencia a los tribunales superiores. Si el poder judicial se demoró ocho años para llevar a juicio a los presuntos responsables del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, cualquier cosa puede pasar. Por eso, Lucrecia Hernández recomienda estar alertas y vigilantes. Especialmente porque en otro juicio muy sonado, el de Monseñor Juan José Gerardi, la Sala Cuarta de Apelaciones, el pasado 8 de octubre, anuló la sentencia emitida en junio de 2001 condenando a tres militares y un sacerdote involucrados en la ejecución extra-judicial del sacerdote.

En Guatemala miles han sido los muertos. Miles los desaparecidos y torturados. La mayoría indios y pobres. Si no hay justicia ni los muertos descansaran en paz ni los vivos se reconciliaran. El caso de Myrna Mack es una gota de agua en un mar de impunidad. Pero una gota al fin. Y es ahora cuando hay que recordar las palabras de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de la Paz guatemalteco: “Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no los cerrarán”.

Publicado en América Latina en Movimiento # 360 (ALAI), p. 9, 23-10-2002, Quito