Si es por su legalidad de origen no se podría acusar a Mauricio Macri de presidir una dictadura. Sin embargo, sus políticas de beneficio a los monopolios y bancos, y la creciente represión, autorizan a algunas comparaciones desagradables.

Desde el punto de vista práctico y doctrinario, hay corrientes de pensamiento que aseguran que todo Estado es una máquina de opresión de una clase sobre otra. En ese sentido todos los Estados serían dictaduras de clase, por supuesto de contenidos muy diferentes porque -por ejemplo– Estados Unidos y Cuba son dos modelos contrapuestos.

En Latinoamérica, tan azotada por el golpismo desde el putch de 1964 en Brasil, se considera dictadura al régimen impuesto por golpes militares. Los argentinos los sufrieron en carne propia, desde antes de aquella fecha brasileña, con el ciclo inaugurado contra Hipólito Yrigoyen en 1930.

Como lo más reciente es lo que más se recuerda, acá hablar de dictadura remite a 1976 y el baño de sangre piloteado por las Fuerzas Armadas del general Jorge R. Videla, el almirante Emilio E. Massera y el brigadier Orlando R. Agosti.

De todos modos, comprobando que es necesaria cierta flexibilidad histórica que no tiene el calendario, en los juicios por violaciones a los derechos humanos se ha establecido que el terrorismo de Estado comenzó antes de aquel golpe, con la Triple A de Isabel Perón y José López Rega.

Atento a las consideraciones de la política local, el gobierno de Macri no puede ser catalogado de dictadura. Ganó las elecciones de noviembre de 2015 con el 51,34 por ciento de los votos, obteniendo una ventaja de 680.000 votos sobre Scioli-Zannini.

Eso le dio una fuerte legitimidad de origen, en principio hasta diciembre de 2019, cuando incluso podría candidatearse a un nuevo mandato.

Sin embargo, también hay que recordar que hubo gobiernos civiles con esa legitimidad, como el de Fernando de la Rúa en 1999, llegado a la Casa Rosada con 9 millones de votos, y que terminó huyendo como una rata en helicóptero. Es que su política económica y social de súper endeudamiento, ajustes y recortes de los salarios y jubilaciones del 13 por ciento, la contrarreforma laboral abonada con coimas de la Banelco, el corralito bancario, el Estado de Sitio y la represión que dejó 39 muertos en diciembre de 2001, etc, lo eyectaron del poder.

Con la legalidad de origen no basta para llegar al final del mandato. También se debe mantener legitimidad política, respeto por los valores democráticos y las conquistas sociales que las mayorías. De lo contrario, como ocurrió en 2001, el presidente puede volar por los aires, echado por una parte de sus votantes.

Diferente pero parecido…

Por el nivel de endeudamiento, el gobierno actual no tiene nada que envidiarle a la dictadura militar-cívica, que llevó de 7.000 millones a 45.000 millones de dólares la deuda externa, entre 1976 y 1983.

Macri aumentó esa cuenta a 284.000 millones de dólares y en octubre pasado la agencia Bloomberg informó que Argentina es el país emergente que más deuda emitió en el mundo en los últimos dos años. Otras fuentes la consideran entre los tres países que más se endeudaron. O sea, está en el podio internacional de quienes toman más deuda y más comprometen los recursos actuales y de varias generaciones. El dineral no tiene destino productivo ni de obras necesarias para el desarrollo nacional sino en todo caso sólo una parte va a obras de impacto electoral, sobre todo en Buenos Aires por obvias razones reeleccionistas.

La coincidencia con aquellos tiempos dictatoriales aumenta porque el capital ingresado es básicamente “golondrina” y aprovecha negocios propios de la “bicicleta financiera” (hoy las Lebac) y parte afuera otra vez con altos intereses, aumentando la fuga de capitales.

Domingo Cavallo junto a Martínez de Hoz en la dictadura, Cavallo con Carlos Menem, Cavallo y Federico Sturzenegger con De la Rúa, Sturzenegger con Nicolás Dujovne y Luis Caputo con Macri, son nombres que se alternan, cambian o repiten. Son operatorias que dejan un agujero fiscal y social al país y grandes ganancias a los especuladores nacionales y foráneos.

Parte de esas fortunas luego se radican en guaridas fiscales, eludiendo impuestos y completando un ciclo semi delincuencial aún revestido de legalidad por el BCRA y los blanqueos. Muchos de aquellos apellidos, incluyendo al presidente, están salpicados en expedientes de esta índole: Panamá Papers, blanqueo 2016, Paradise Papers, etc.

Los CEOs

Años atrás se los llamaba ejecutivos de grandes empresas; recientemente se los norteamericanizó como CEO (Chief Executive Officer), Oficial Ejecutivo en Jefe.

En la dictadura militar-cívica, entre varios popes empresarios insertos en el poder estaba José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la siderúrgica Acindar, terrateniente y representante de capitales suizos y norteamericanos. Había varios más, como el secretario de Agricultura, Jorge Zorreguieta. Fueron presidente y dirigente respectivamente de la Sociedad Rural Argentina, donde por esa pertenencia y las medidas de favoritismo adoptadas, se los ovacionaba junto a Videla en las citas palermitanas.

Macri no es igual a la dictadura militar. Pero se le parece, porque llegó a la presidencia con el apoyo militante de la Rural y la Mesa de Enlace, redoblado cuando eliminó las retenciones a las exportaciones del campo y disminuyó las de la soja. Esas medidas, también referidas a la minería, supusieron un beneficio tangible para estos sectores de 70.000 millones de pesos anuales. La devaluación, subiendo el dólar de 9 a 16 pesos, completó el negocio de la entidad presidida por Luis M. Etchevehere.

Como el ojo del amo engorda el ganado, tanto Etchevehere como antes Ricardo Buryaile, de Confederaciones Rurales, fueron elevados a ministros de Agroindustria en el gabinete macrista. Cualquier parecido con Martínez de Hoz y Zorreguieta no fue mera coincidencia.

Los ministros y secretarios provienen de pulpos como Shell, Techint, Socma, LAN, JP Morgan, HSBC, Axion, La Nación, Newsan, Pan American Energy, Deutsche Bank, Farmacity, ICBC y Consultatio. Es posible que por cantidad y “calidad”, esta concentración de CEOs haya superado la marca del videlismo.

A su vez estos funcionarios tienen la mayor parte de sus fortunas en el exterior, lo que les genera una contradicción extra cuando piden inversiones extranjeras. No lo documenta la izquierda sino la oligárquica “La Nación” del 22 de agosto pasado: “el 43% de los bienes declarados por los ministros está en el exterior. Arribas, Aranguren y Dujovne son los funcionarios que tienen más activos radicados fuera del país; Macri repatrió fondos y figura en el décimo lugar”.

Ajustan a los que menos tienen

El macrismo quiso argumentar la “reforma previsional” (léase latrocinio contra los mayores de edad) diciendo que el sistema previsional no es sustentable. Así idearon este ajuste contra los abuelos por 100.000 millones de pesos anuales, cuya mayor parte irá a la caja de la gobernadora María E. Vidal, que es como decir al proyecto Macri 2019.

¿No tenían otras partidas a las que recurrir? Horacio Verbitsky documentó que Alfredo Coto, Paolo Rocca, Marcelo Midlin y Gianfranco Macri blanquearon 15.000 millones de pesos… La minoría privilegiada podría perfectamente, vía impuestos, aportar recursos a la previsión social, en vez de recibir más favores del Estado como el blanqueo del PRO-Cambiemos que ni siquiera incluyó la repatriación de esos fondos.

Ajustar a los que menos tienen es de una patente compartida, entre el gobierno local y la gerencia del Fondo Monetario Internacional, que repite como el loro ese dogma y libreto fracasado.

Como es obvio, los afectados en carne propia se levantan, tarde o más temprano, para defender sus derechos. El 29 de noviembre pasado una multitud de cuarto de millón de argentinos realizó un acto ante el Congreso rechazando el ajuste laboral, previsional e impositivo.

Al gobierno no le importó, porque total contaba los porotos y aliados como Miguel Pichetto; las cuentas le daban en el Senado. Y envalentonado por la media sanción, fue el martes 12 a la comisión de Previsión en Diputados y logró dictamen, con represión de Gendarmería a desocupados y cooperativistas, golpes a varios diputados. Lejos de reflexionar, con la lógica del militar que cree ir ganando la guerra, Macri ordenó a sus diputados votar de urgencia el proyecto el jueves 14.

Y allí tuvo una gran derrota política, más que parlamentaria. Debió levantarse esa sesión por falta de quórum y una escandalosa represión de 1.200 gendarmes, policías federales, prefectos y de la policía aeroportuaria, pese a que allí no había fronteras, lagos, ríos, aeropuertos ni aduanas. Sólo gente reclamando lo suyo.

Según CEPA, desde enero 2016 a noviembre 2017 Macri fue responsable de 111 hechos represivos. El jueves ocurrió uno de los más graves. La parafernalia represiva, con efectivos pertrechados para una guerra, con armas de todo tipo, puestos fijos y fuerzas móviles de represión, dejó 40 presos y mucha gente herida, incluso periodistas y diputados, afuera y adentro del recinto. La “revolución de la alegría” tomó la forma de balas de goma, palos, gases, gas pimienta, golpes y agua con colorante de Neptuno para jóvenes y viejos.

El cronista reitera: el gobierno de Macri no es la dictadura, pero cómo se parece.

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