Las imágenes resultan dantescas. Como con creciente frecuencia se verifica en la Argentina de Macri, aunque la barbarie armada no resulte exclusiva de este país austral. Represión indiscriminada, amedrentamiento, vallados y violencia física y simbólica, además de judicialización de la protesta. La plutocracia que ganó el poder político hace ya dos años no repara en el uso de la fuerza sobre cuerpos, conquistas sociales o derechos. Actúa como una empresa de demolición social organizada por gerencias llamadas ministerios a cargo de CEOs de grandes empresas y apellidos patricios. Nuevos y viejos ricos se apoltronan en la cúspide de un poder desde el que ordenan toda clase de esfuerzos y castigos sobre los estratos sociales más vulnerables, como señores de un feudo. La violencia del jueves pasado comenzó con el blindaje militar del Congreso ante el adelantamiento de una sesión de la cámara de diputados para discutir una ley de reforma previsional.

Reforma es el eufemismo con el que se encubre un inmenso ajuste sobre un sector de la población más necesitada e indefensa: los jubilados y pensionados, cuya desposesión tiene una larga historia que intentaré sintetizar. En 1958 el gobierno de Frondizi sanciona una ley que establece el 82% móvil para jubilaciones y pensiones, aunque sin contemplar un aumento en los aportes al sistema, lo que lo llevó a la ruina en 5 años, desatando una ola de juicios. La dictadura de Onganía declara en 1966 la inembargabilidad de los fondos haciendo inaplicables las sentencias judiciales. Un años después la misma dictadura flexibiliza el cálculo de los haberes jubilatorios hacia la baja poniendo el 82% como tope, no como piso. También el gobierno de Alfonsín, a través de un decreto suspende la ejecución de sentencias judiciales por haberes mal liquidados, además de modificar nuevamente las escalas de cálculo de las jubilaciones ordinarias.

En 1994, bajo la presidencia del también derechista Carlos Menem buena parte de los recursos pasaron a ser administrados por el sistema financiero privado de capitalización individual llamado AFJP, que además de cobrar suculentas comisiones invertían los fondos en activos dudosos en favor de las empresas receptoras. El gobierno de De la Rua que lo sucedió recortó 13% los salarios estatales además de las jubilaciones y pensiones.

Durante el kirchnerismo se logró cierta recuperación eliminando la estafa de las AFJP y declarando una moratoria que permitió incluir a tres millones de jubilados carentes de aportes suficientes. Sin embargo, cuando la oposición -buena parte de los actuales oficialistas- sancionó una ley que restituía el histórico 82% móvil del ´58 -presumiblemente por razones exclusivamente demagógicas y electorales- fue anulada por la Presidente Kirchner apelando al vergonzoso instituto del veto. De este modo las jubilaciones y pensiones se actualizan dos veces por año (la inflación en Argentina es de varias decenas porcentuales desde hace más de una década) mediante un cálculo que no guarda necesaria relación con el salario del trabajador activo.

La reforma que propone Macri consiste en una modificación del cálculo de las actualizaciones bianuales que de hecho produciría una inmensa transferencia de ingresos desde la población anciana hacia el Estado del orden de los 100.000 millones de pesos (casi 6.000 millones de dólares) anuales con el fin de reducir el déficit fiscal producto de la espiral de endeudamiento nacional e internacional que pasó a contraer el país durante los dos últimos años.

La alianza gobernante “Cambiemos” no está lejos de contar con mayoría parlamentaria propia, pero no le alcanza por sí misma. Requiere para ello apoyos extra partidarios o al menos quorum para sesionar y aprobar sus iniciativas ante una oposición fragmentada y oportunista. Para ello, utilizó en este caso diversas tácticas. Por un lado, chantajea a los gobernadores provinciales con retacearle los fondos coparticipables o eventuales créditos, lo que a la vez se traslada como presión a los legisladores de cada provincia. En otros términos continúa la dinámica de putrefacción de las prácticas políticas y la degradación institucional que todos sus antecesores, sin excepción, fueron produciendo. Por otro, recurre a la represión física de toda protesta social y hasta a la agresión a los legisladores opositores que intentaban ingresar al congreso. Por caso, a una diputada le fue lanzado gas pimienta en los ojos desde centímetros cuando, carnet en mano, intentaba que las fuerzas de seguridad le abrieran paso hacia el recinto. Hay varios legisladores lastimados por golpes y palazos de las fuerzas represivas, además de reporteros gráficos alcanzados por balas de goma. Al momento de escribir estas líneas hay 40 detenidos a disposición del mismo juez que solicitó el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta por “traición a la patria”, un delito cuyo único antecedente es el de un militar en el año 1938 en ocasión de la guerra entre Bolivia y Paraguay. El congreso fue sitiado por miles de efectivos de diversas fuerzas represivas, carros de asalto, hidrantes, patrulleros y motos. Al interior, intentó además aprovechar la confusión y el griterío, sentando un par de empleados en las bancas, táctica ya utilizada por otras fuerzas previamente, ya que el quorum se cuenta electrónicamente con sensores de peso en el asiento de cada legislador. Increíble para el mundo, pero factible para esta Argentina que había ya bautizado a los sustitutos: “diputruchos”. Ante el fracaso de la sesión, se cierne la amenaza de aplicar el recorte por decreto.

Este episodio represivo es un eslabón más en la cadena de respuestas militarizadas cada vez más violentas y amenazantes ante la protesta social que en el caso del conflicto con la comunidad mapuche ya se cobró dos muertos, uno de ellos baleado por la espalda. Sin embargo, no es único punto de apoyo de la ofensiva del capital lidera el gobierno de Macri. La represión se combina con una manipulación grotesca de la justicia apoyada por una estrategia comunicacional del oligopolio mediático privado. Las prisiones preventivas (es decir sin proceso y sentencia) se dictan a discreción y se apoyan y justifican en el sensacionalismo mediático. La corte suprema de justicia intentó ser ampliada por decreto al iniciar el mandato y como si esto no bastara para sospechar de la maniobra, los mismos jueces fueron ratificados meses después por el senado. Hasta la Procuración General de la Nación fue desarticulada.

¿Cómo explicar entonces el éxito electoral que acaba de cosechar hace tan solo un par de meses? Siendo multicausal es ineludible incorporar el análisis de la degradación institucional y la corrupción del gobierno precedente, suficientemente difundidos y amplificados mediáticamente, que le otorgan una cierta verosimilitud a la discursividad judicializante. La recurrente imposibilidad argentina de construir una fuerza de izquierda y progresista honesta y distante de oportunismos, personalismos y fragmentaciones es la principal causante de la entronización de esta nueva derecha en el poder. La utilización kirchnerista de proporcionales metodologías e intenciones, aunque en una dirección algo más sensible ante los padecimientos populares y la contención de la voracidad del capital, contribuye a naturalizar una concepción de la política como lodazal donde todos se revuelcan por igual. Más allá de los lineamientos económico-sociales de cada gobierno, cuya valoración no pretendo minimizar, es la esfera institucional la que viene sufriendo desde hace décadas una creciente descomposición que el macrismo no hace sino profundizar.

Para agravar aún más la situación, a su avidez por las desigualdades, su racismo y desprecio institucional, incorporó un nuevo anhelo: sangre.

Emilio Cafassi
Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en La República 17/12/2017