La comuna (tal como se proyectara en Venezuela, si hubiera realmente esta convicción) debiera ser una forma de gobierno popular autónomo. No se trata, por ende, según la óptica del estamento gobernante, de tutelarla y/o de integrarla a las diversas instituciones del Estado, coartándole así el ejercicio de la democracia participativa y protagónica que habría de caracterizarla en todo momento. Esto quizás signifique un escándalo y una amenaza para aquellos que usufructúan el poder, sin permitir, como hecho revolucionario la construcción -valga la redundancia- de un nivel más efectivo de participación y de protagonismo por parte del pueblo.

No obstante los buenos deseos de algunos, hay que reconocer que el principal obstáculo por vencerse para la construcción de la comuna -en dicho contexto- es la inexistencia y debilidad de una conciencia revolucionaria que responda a la necesidad de no simplemente producir un cambio superficial o cosmético que termine por dejar todo igual; siendo un enorme contrasentido que se continúe con la reproducción de los mismos criterios, de la misma ideología y de las mismas estructuras burocrático-representativas que han hecho posible las tradicionales relaciones jerarquizadas de poder, legitimadoras, además, del Estado liberal burgués vigente. Dicha conciencia, en consecuencia, debiera convertirse en un instrumento inmediato del cual echar mano para este hecho revolucionario de primer orden se haga una realidad tangible, a pesar de las eventuales conspiraciones en su contra.

En este sentido, vale afirmar y reiterar que los sectores populares tienen que fijarse como su meta estratégica el control directo del Estado, generando al mismo tiempo sus propios espacios organizativos y utilizando (hasta donde sea algo aprovechable) las diferentes leyes del poder popular existentes; sin eludir el cuestionamiento de raíz de las estructuras estatales. Lo ideal, en este caso, es que la comuna fuera una consecuencia del debate y de las aspiraciones de los sectores populares, de acuerdo a la situación específica de cada región, localidad o grupo social, cuyo saldo organizativo se genere desde abajo, apuntando al afianzamiento de una democracia directa.

De esta forma, la comuna podría perfilar la edificación y la permanencia de un nuevo tipo de sociedad donde los sectores populares, mediante los trabajadores (en su doble papel de productores y de consumidores) controlen directamente los medios de producción, los que -hasta ahora- se han hallado en manos de minorías, planteándose, simultáneamente, la eliminación de todo rasgo de explotación, imposición o desigualdad engendrado, desde muchos siglos, por el sistema capitalista. Pero esto no debe confundirse -como ya ocurriera en la extinta Unión Soviética y las naciones bajo su influencia- con la promulgación de una propiedad estatizada, dirigida y “apropiada” por una burocracia corporativa gubernamental que sólo vela por sus propios intereses.

Si los medios de producción -explica Rodolfo Sanz en uno de sus artículos publicados. Son una función del Estado, es decisivo quién, qué clase o capa social detenta realmente el poder y maneja el plusproducto (o plusvalía estatizada). El problema radica en que si el poder no está en manos de la clase obrera, si es la burocracia la que se encarama en él, será esta burocracia la que tenga el Estado y, por ende, a los medios de producción como su ‘propiedad’ y maneje el trabajo excedente”. Por lo tanto, es preciso que los medidas iniciales de empoderamiento y expropiación de estos medios de producción incluyan no únicamente la definición jurídica respecto a la propiedad de los mismos sino también su posesión efectiva por parte de los sectores populares, haciéndose realidad entonces la socialización de la producción, aparte de la superación de la clásica división social del trabajo.

De todo esto se desprende, como conclusión lógica, que la propiedad y posesión efectiva de los medios de producción, el poder político y, por añadidura, la planificación, han de ser elementos constitutivos de la comuna, de modo que la transición -en beneficio de la totalidad de la población- hacia el nuevo modelo civilizatorio en construcción esté completamente asegurado.