La actividad minera se ha expandido en la última década por diversas regiones del país, su producción se incrementó en 60.6%, según el índice del Producto Bruto Interno (PBI). Este crecimiento económico y las millonarias utilidades de las empresas hacen contraste con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones que viven en las zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas, por ejemplo estas poblaciones no cuentan con servicios básicos, como: agua y desagüe; y pese a la exposición crítica de metales, no tienen atención médica especializada ni tratamiento alguno. Hay un Estado ausente para atender un derecho fundamental, como es el derecho a la salud ambiental de los afectados.

Según reporte de la Defensoría del Pueblo, en 21 regiones del Perú, hay alrededor de 8 616 pasivos ambientales en el sector minero, 7531 casos que carecen de responsables y estudios ambientales; mientras en el sector hidrocarburo: 156, y no se ha identificado responsabilidad en ningún caso.  Hay zonas en el país que deberían ser declaradas como invivibles, debido a la alarmante exposición de metales tóxicos  en la que se encuentran sus poblaciones, que además, están en situación de vulnerabilidad: altos indicadores de desnutrición, pobreza y exclusión. A continuación un recuento de solo cuatro casos de las decenas que hay en el país.

“Hay un Estado ausente para atender un derecho fundamental, como es el derecho a la salud ambiental de los afectados“

En Andoas, Loreto, se encuentra uno de los lotes petroleros más importantes del país, el Lote 192, ubicado en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, donde viven más de 20 comunidades indígenas. Desde hace más de cuatro décadas estas poblaciones indígenas conviven con el lastre de la contaminación petrolera. Tanto la empresa Occidental Petroleum Corporation- OXY (EE.UU), que administró el lote desde 1971 hasta el año 2000, como la empresa argentina Pluspetrol (2000-2015) no han remediado los 2014 pasivos ambientales que han impactado los suelos, el aire y el agua.

La nueva administradora temporal (2015-2017), la candiense Pacific Exploration &  Production -pero que además está interesada en extender la operación del Lote 192- remarcó en su contrato con el Estado que no se haría cargo del desastre ambiental heredado por su antecesora, según el portal Ojo Público.

Son 46 años de explotación petrolera y las poblaciones indígenas y amazónicas no conocen de crecimiento económico ni de progreso. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, la tasa de pobreza monetaria en Andoas está por encima del 80% y la pobreza extrema en 56%.  El 80% de su población no recibe atención en salud ni educación. 46 años después,  frente a las presiones y demandas, este año recién se aprobó el Plan de Desarrollo e Inversión Integral para las comunidades indígenas de Loreto, que contempla obras  de agua y desagüe.

En los últimos 10 años, la alerta del conflicto y el recorrido de los líderes indígenas demandando atención a las autoridades de turno -últimos tres gobiernos- ha movilizado hasta la zona a ministros, congresistas y diversos funcionarios, llegándose a acuerdos con firmas de actas y compromisos que no se han concretado. El mes pasado (1 de noviembre), se firmó el último acuerdo entre una comisión de alto nivel del Ejecutivo y representantes de las comunidades indígenas en Nuevo Andoas, entre las promesas gubernamentales destacan el derecho a la consulta previa, la remediación ambiental y la atención en salud. Cabe precisar que este último compromiso permitirá a las autoridades competentes suscribir un nuevo contrato de exploración y explotación en el Lote 192 por 30 años más.

En Espinar, Cusco,  está la operación minera cuprífera Tintaya, compuesta por una concentradora de cobre y una planta de extracción por solventes y electro obtención. Tras 35 años de explotación minera, servicios básicos, como: suministro de agua potable y desagüe no se encuentran debidamente garantizados. El 65% de la población de la provincia viven en situación de pobreza. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI (2009), de toda la provincia, el distrito de Espinar es el que tiene la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica (1,547), lo que representa el 45%.

La población espiranense vive con exceso de metales en sus cuerpos porque sus casas y sus animales están al pie de los depósitos de desechos mineros de la antigua Xstrata-Tintaya (controlada hoy por la suiza Glencore). Las comunidades campesinas de Espinar, Alto Huancané y Huisa fueron  sometidas a diversos estudios científicos a través de los cuales se comprobó la exposición de metales pesados (cadmio, arsénico, plomo y otros), muchos tienen en sus organismos hasta 17 metales, así lo confirman dos estudios realizados en los años 2010 y 2013, por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), organismo ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), que en vez de hacer público los resultados ocultó información poniendo en riesgo la salud de las personas por la falta de atención y tratamiento oportuno.

“La situación de Espinar incrementa claramente el riesgo de toxicidad aguda y crónica por exposición continuada a metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio, esta contaminación viene deteriorando la salud de las personas”, alerta un último informe “Metales pesados  tóxicos y salud pública: El caso de Espinar”, elaborado por CooperAcción.

“Seis años después de los primeros resultados del Censopas y cuatro años después de la Mesa de Diálogo de Espinar, todavía no existen medidas concretas implementadas, ni el presupuesto necesario para afrontar la grave situación existente en la provincia de Espinar. Mientras tanto, la población sigue expuesta a los metales y aumentando su situación de riesgo”, sostiene el informe.

Cerro de Pasco, Pasco, es la ciudad minera más alta del mundo, nació como un asentamiento minero a finales del siglo XVI, en 1960 recibió el título de capital minera del Perú. Desde 1902 Cerro de Pasco Cooper Corporation operaba en la zona, en 1976 pasó a manos de la estatal Centromín,  y desde los años 90 la administra la peruana Volcán compañía minera, actualmente la empresa Glencore ha tomado el control de la mina.

Pasco es una ciudad carcomida por la extracción minera, las casas han sido literalmente devoradas por el tajo abierto. Las toneladas de desmontes y relaves mineros han minado la zona.  Su población está expuesta a alarmantes índices de contaminación ambiental en todos sus niveles: agua, suelo y aire.

Desde el 2012 el distrito de Simón Bolívar, el distrito más afectado, ha sido declarado en emergencia ambiental, y este año el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declaró en emergencia los distritos de Simón Bolivar y Chaupimarca. Para calmar las aguas del conflicto, en julio pasado, el Minsa transfirió un millón doscientos mil soles al Gobierno Regional de Pasco para atender la emergencia sanitaria.

En ese marco el Ejecutivo afirmó que hay informes de varias áreas del Minsa, donde se advierte sobre el riesgo elevado de brotes o epidemias de enfermedades agudas, debido a la presencia de contaminantes en el agua para consumo humano (arsénico, aluminio, plomo, coliformes fecales) que superan los límites máximos permisibles, además de la presencia de metales pesados en el suelo de las residencias y los parques, como: arsénico, plomo, cadmio y mercurio.

Un estudio de análisis de situación de Pasco (2015), del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, da cuenta que el  cáncer (tumores neoplasias malignos) y la neumonía son las primeras causas de mortalidad en la región.

“Tenemos una problemática ambiental y de salud pública muy seria, se han identificado más de dos mil niños con metales pesados, hasta 15 metales en sus organismo, que están afectando severamente la salud de toda la población. Nosotros exigimos al Estado que se concrete políticas de salud pública  para los miles de afectados. Además se debe de aprobar las guías y protocolos de atención médica para la atención de los pacientes graves con metales pesados”, sostiene Jaime Luis Silva Ponce, del Centro Labor Pasco.

Las cifras sociales de esta región también son lamentables,  el 45% de los hogares no tiene acceso a servicios de agua, los distritos con mayor densidad poblacional como es el caso de Chaupimarca y Yanacancha tienen acceso a agua solo tres veces por semana, una hora cada vez.  La calidad de agua que consume la población en la región supera los límites permisibles en contaminación biológica.  El 53% no está conectado a la red pública de alcantarillado.

En el año 2013 se ubicaba como uno de los departamentos más pobres del país, con una incidencia de pobreza que oscilaba entre 48 y  53 %; es decir una de cada dos personas era pobre. Es también una de las regiones con más población analfabeta.

La provincia de Hualgayoc, Bambamarca, ubicado en Cajamarca, región que lidera la producción nacional de oro y posee la mayor cantidad de reserva de este metal de todo el territorio nacional, igualmente es la región con mayores índices de pobreza y de pasivos ambientales de todo el país. La provincia de Hualgayoc, es otra ciudad declarada en emergencia ambiental desde el año pasado, tiene 973 pasivos mineros. Un informe de 2015 de la Autoridad Nacional del Agua (Ana), indica que cerca del 100% de la contaminación en la zona se debe a los pasivos ambientales mineros  y que el agua de la cuenca del Río Llaucano de la provincia de Hualgayoc tiene metales pesados como cadmio, cobre, fierro, plomo, sulfato, arsénico, entre otros, por encima de los límites máximos permisibles.

Crédito: Andina

Dos estudios gubernamentales también confirmaron que las poblaciones tienen metales en sus organismos, un reciente estudio donde sacaron la muestra a 372 personas, todos arrojaron que tienen metales en su organismo. En el 2012 Censopas también evaluó a un promedio de 300 personas, que determinó la presencia de plomo en la sangre de los habitantes de la zona,  los resultados del estudio fue oculto durante tres años, un patrón que repite este organismo del Estado.

En Bambamarca, la explotación minera data del tiempo de la colonia que se extiende hasta la fecha, actualmente en la zona operan las minas San Nicolás, Coimolache y la sudamericana Gold Fields, ésta última desde el 2008 extrae oro y cobre,  su planta procesadora ubicada en el distrito de Hualgayoc procesa 775 toneladas de minerales por hora.  Desde ese mismo distrito donde sale el metal más preciado la pobreza bordea el 73%, y la pobreza extrema está en 42%,  así lo reporta el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital elaborado por el INEI y el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA.

Estado ausente

Los expertos afirman que en el país hay una ausencia de políticas pública en salud de las personas impactadas por los metales pesados en sus tres niveles: nacional, regional y local. “En el Perú hay diversos planes de salud, a nivel nacional y regional que no se implementan (…) no se está gestionando el riesgo y tampoco se está solucionando la causa del problema”, advierte América Arias, especialista en salud pública internacional de la Ong Perú EQUIDAD.

Crédito: LO Anna Cederstav

“Estamos  ante problemas de larga data, un plan de salud no se hace para un año, y mucho menos en un tema sanitario que va a generar problemas y  consecuencias dentro de 10 y 15 años, porque el cáncer aparecerá en los niños que se están contaminando ahora. Para un problema sanitario relacionado a contaminación con metales pesados un plan de salud anual no sirve”, enfatiza Arias.

Para el médico e investigador Fernando Osores, el sistema de salud necesita una reestructuración porque no  existe una estrategia nacional unificada (transversal). “Necesitamos que los estudios de impacto ambiental no solo mida el futuro daño ambiental, sino también el futuro daño sobre la salud de las personas ¿Dónde está la  voluntad política para ejercer acciones públicas de prevención, protección, mapas de riesgo, alertas tempranas de contaminación, los centros de atención especializada de pacientes?”, se pregunta Osores.

“Hay un Estado ausente que no responde con transparencia frente a la magnitud del problema. Necesitamos un gobierno transparente y  abierto, que responda a las necesidades de los afectados de manera transversal, porque se están vulnerando derechos, como el acceso al agua, el derecho a un ambiente equilibrado, el derecho a la seguridad alimentaria, a la educación (…). No se están articulando los programas sociales como es el caso de los programas de desnutrición crónica con los organismos que ven el tema de contaminación. Está comprobado que un niño o una persona desnutrida es varias veces más susceptible a los efectos del plomo, arsénico u otro metal que una persona nutrida”, dice el experto.

“El Estado debe de tener un protocolo de respuesta ante riesgos, que no implica mayor coste, es cambiar el modelo de gestión del paciente y el modelo sanitario, lo que implica que el Estado asuma su rol, algo que no está haciendo”, sostiene Arias.

http://elgranangular.com/blog/reportaje/mineria-y-petroleo-en-peru-son-los-principales-contaminantes-de-las-poblaciones-indigenas-y-andinas/