¿Qué es la paz?, se preguntan hoy millones de colombianos, desilusionados, conscientes de que la paz no debe ser reducida a la ausencia de guerra como supone el poder fáctico y las elites, sino que debe significar la posibilidad de vivir y ejercer dignidad, solidaridad y emancipación. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), el avance del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, es de apenas el 18%.

El presidente Juan Manuel Santos encabezó el jueves 4 de enero una reunión con la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la internacional Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que integran los expresidentes de España y Uruguay, Felipe González y Pepe Mujica verificadores internacionales desde marzo del año pasado.

La reunión sirvió para tratar varios temas pendientes como la reincorporación social y económica de los excombatientes, la creación de infraestructura para los municipios más afectados por el conflicto, el avance del otorgamiento de las amnistías a los exguerrilleros que permanecen en las cárceles y se analizaron los alcances del Decreto 2199 de 2017, del 26 de diciembre último y que permite el tránsito de exguerrilleros de la Ley de Justicia y Paz hacia la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), quienes serían beneficiados con la libertad condicional aplicable a los delitos políticos y conexos.

Todo ello con la intención primaria de que se puedan acoger a los procesos de reintegración que se desarrollan desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). La idea es definir un demorado procedimiento para conocer los casos de los excombatientes que deseen hacer el paso y someterse a la JEP.

Sobre la mesa también estuvo el informe “La paz en deuda”, del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), un control en tiempo real de la implementación, en lo que tuvo que ver con la adopción de leyes, decretos, actos legislativos, directivas y otras normas por parte del Estado, donde se señala que los avances “son más contundentes cuando tienen relación con la terminación del conflicto armado que con la construcción de una paz estable y duradera”.

El informe resalta que una de las principales dificultades de la implementación se concentró en la resistencia del Congreso para cambiar la Constitución. “La implementación normativa e institucional del 18,3 % en el primer año es importante, pero insuficiente y pone en evidencia la falta de voluntad política y los múltiples obstáculos que enfrenta el Acuerdo Final”, y considera que lo que resta de la misma estará ligada a los resultados de las elecciones al Congreso y Presidencia, y que con éstas el Acuerdo de Paz se somete “a otra refrendación”.

El documento, de 67 páginas, por ejemplo, señala al gobierno que la construcción de paz estable y duradera no será posible si no se desarrollan los puntos de reforma rural integral y de solución al problema de las drogas ilícitas. “Un año después de la firma no hay avances legislativos en asuntos como el acceso y la formalización de la tierra, es débil la implementación de los planes nacionales y es muy precaria la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concebidos para hacer realidad la transformación del campo colombiano”.

Tras el encuentro, las FARC, como nuevo movimiento político, exigió a Santos ejercer potestades constitucionales extraordinarias para hacer respetar los acuerdos. “Solicitaremos al Consejo de Seguridad elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz”, señalaron.

Por su parte, y pese a los 'peros' presentados por la Farc, en el balance presentado por el Gobierno, se prefiere ver más el vaso medio lleno y no medio vacío: “"Los avances son muy claros: pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz", dijo Santos a la prensa.

En un tuit, el ex presidente Álvaro Uribe preguntó por qué “Felipe González y Mujica insisten en apoyar la impunidad al narcoterrorismo de Farc, el robo del Plebiscito por parte de Santos (sobornado por Odebrecht), el camino castro-chavista para Colombia”, a lo que el primero le recordó que él lo intentó lograr un acuerdo paz: “soy testigo, en Cartagena participé en una conversación con un dirigente de las Farc para iniciar un proceso de diálogo”.

González habló de una “devaluación” del proceso de paz que podría ser fruto de la campaña electoral que hay en el país. Señaló que cuando la contienda acabe “habrá un Congreso nuevo, un Gobierno nuevo, y, si el compromiso acompaña a su propia constitucionalidad, la paz habrá ganado”.

El consejo político nacional de las FARC aún mantiene las precauciones de seguridad propias del proceso de reincorporación, y recomienda mantener el “espíritu conspirativo” no contra el Estado, sino para evitar “que nos aniquilen”. En ese mismo sentido, pidió a los militantes tener disciplina en los desplazamientos, no frecuentar sitios riesgosos y cuidar las comunicaciones.

La locomotora de la paz

Con la idea de la paz como una locomotora, impuesta desde el gobierno y los medios hegemónicos, se trataba de relacionar la dinámica de la paz con un tren por la dificultad de hacer irreversible su marcha, y con ello llegar al fin de las FARC, y enlazarla con la metáfora de Juan Manual Santos de lo que llamó las locomotoras de la inversión. Una paz ligada a las posibilidades de inversión extranjera, como oportunidad de negocios entre sectores empresariales.

Pero el camino a la paz que comenzara con los Acuerdo de La Habana de mediados de 2016 se enfrentó a varias montañas y trochas espinosas difíciles de franquear. La locomotora comenzó a perder potencia el 2 de octubre de 2016, cuando ganó el NO en un plebiscito para consultarle al pueblo colombiano si aprobaba los acuerdos a los que habían llegado el gobierno y las FARC.

El segundo acto de esta labor de ponerle palos a la rueda de la paz la protagonizó el poder fáctico: las élites empezaron a modificar sustancialmente los acuerdos y a imprimir intencionalmente dos dinámicas en el proceso, como la renegociación de los acuerdos, y los incumplimientos a la implementación.

Para legitimar la renegociación los grades medios señalaron una supuesta ideología de género en los acuerdos, de que los acuerdos blindaban jurídicamente a los guerrilleros y se generaba una amplia impunidad para las FARC sobre hechos del conflicto, y se planteó la negativa a otorgar participación política a cualquier miembro de esa organización.

Para los analistas colombianos, la renegociación vino en varios actos: cuando el uribismo logró quitarle política y jurídicamente a los acuerdos como principal abanderado del NO y cuando los acuerdos fueron renegociados porque fueron aprobados parcialmente por medio de actos legislativos gracias a una figura llamada decisión ejecutiva (fast track) donde el Congreso modificó elementos de lo pactado y se abstuvo de aprobar la totalidad de leyes que agrupaban todo lo que estaba en los acuerdos.

Todo esto queda fielmente reflejado en el drama humanitario que padecen cientos de ex combatientes a los que no se les garantizó condiciones de vida acordadas en los acuerdos, ni mucho menos tienen certeza alguna de futuro. Según un informe de la ONU, en las zonas veredales solo queda el 49% de los guerrilleros inicialmente cansados para la reincorporación.

Un reciente informe de la Agencia de Renovación del Territorio señaló que, dentro del plan de vías terciarias para el posconflicto, al cierre de 2017 se habían construido 1.780 kilómetros de 2.406 que estaban planeados para intervenir (74 %).

También hay incumplimientos verificados: en el avance real de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que beneficiarán a más de siete millones de personas afectadas por la violencia, son la columna vertebral de la construcción de la paz, al revisar las estrategias y los alcances en los territorios de la política de sustitución de cultivos de uso ilícito, y en la notoria ausencia de las élites a los ejercicios de verdad que se darán en el marco de la denominada JEP por su nuevo carácter de voluntariedad.

El panorama y futuro de las FARC, convertido ahora en partido político, es por demás incierto, lo que clausura al menos una de las válvulas que alimenta el motor del tren de la paz. Si el proceso de implementación sigue marcado por los incumplimientos por parte del gobierno y por una estrategia de las élites de renegociar y recortar las cosas que puedan beneficiar a las mayorías, con ello harán simplemente inviable este proceso y se esfumará la esperanza de pacificación.

La situación de los asesinatos de líderes populares, campesinos, sociales sigue siendo preocupante y de proporciones enormes: en los últimos seis años fueron asesinados 450 dirigentes, entre ellos reclamantes de tierras, defensoras de derechos ambientales y opositores a proyectos de minería e hidrocarburos, defensores de derechos colectivos de comunidades indígenas, afro, y campesinas. Indigna que el ministro de Defensa de Santos diga que esos asesinatos se debían a líos de faldas.

Lo cierto que, más allá de acuerdos, persisten en Colombia los mecanismos de violencia privada, paramilitar y semioficial, apadrinada en sus ocho años de gobierno por el expresidente Álvaro Uribe, motivada por intereses de grupos políticos y económicos que usufructuaron durante seis décadas el conflicto, quienes propician y mantienen dinámicas de poder para asesinar y amenazar a líderes sociales y populares en los territorios.

Pese a la Colombia color rosa, edulcorada, que muestra la prensa hegemónica nacional e internacional, después de Haití, Colombia es el segundo país más desigual del hemisferio, donde persiste una fuerte dinámica de concentración de la propiedad rural, lo cual impide a miles y miles de campesinos acceder a suelos adecuados para cultivar. A inicios del milenio, durante el gobierno de Uribe, se despojó a millones de campesinos de sus tierras y se propició con ello la consolidación de amplios latifundios de ganadería y monocultivo.

Mientras ocurren a diario asesinatos de líderes populares, la respuesta sistemática del gobierno es la de negar las dinámicas del terrorismo de Estado a reexponer la hipótesis de las manzanas podrida, mientras niega públicamente la comprobada existencia del paramilitarismo. Santos vive su peor momento en el gobierno, con poca credibilidad, pero sigue llenándose la boca con la palabra paz, y alimentando los bolsillos de las élites con los recursos de la inversión y cooperación internacional para el “posconflicto”.

Difícil negociación con el ELN

La fase pública de negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con menos de un año de instalada ha estado marcado por el carácter de la agenda de negociación, por las reflexiones que ha generado al ELN la dinámica de incumplimientos del gobierno con las FARC, y por la concreción del primer cese bilateral acordado en la historia entre las partes.

El primer punto de la agenda de negociación -“participación de la sociedad”- es una vieja reivindicación asamblearia de participación de la sociedad del ELN que disgusta al gobierno, ya que deja en evidencia la ausencia de un proyecto de nación como principal problema de Colombia, ya que hay formas de representación política excluyentes y desiguales.

Por ende, señalan, es necesario crear un ejercicio asambleario denominado convención o gran diálogo nacional, para que allí se pueden establecer consensos y rutas para definir un proyecto de nación que permitan superar el conflicto social y armado que ha vivido Colombia desde su origen. Para el gobierno y la oligarquía no es estratégico abrir escenarios de participación a la sociedad dado que la única forma de participación reconocida –la electoral- ya está cooptada por sus intereses y maquinarias.

A principios de noviembre de 2017 tuvieron lugar los primeros ejercicios de participación - “audiencias preparatorias”- donde delegados del ELN y del gobierno tuvieron oportunidad de escuchar a más de 200 representantes de la sociedad, con sus propuestas y recomendaciones.

Quedan en medio del cese de fuego algunos asuntos que pueden hacen más complejo concretar una prórroga del mismo, ya que se registraron tres situaciones en las que las fuerzas militares atacaron unidades del ELN (dos veces en Chocó y una en Norte de Santander). En los próximos días se sabrá si se renueva el cese bilateral y los términos en los que se concretaría.

El panorama de la continuidad del diálogo es por demás incierto por la proximidad de una nueva coyuntura presidencial y por la reciente renuncia de Juan Camilo Restrepo como jefe del equipo negociador del gobierno y el nombramiento de Gustavo Bell como su reemplazo.

La división de la izquierda

5Aun cuando son evidentes las diferencias y tensiones al interior del bloque hegemónico del poder político entre el santismo y el uribismo, en el campo contrahegemónico sucede algo similar, partiendo de la base que la izquierda y el campo alternativo (en su mayoría) coincidieron en abrazar la consigna de la paz con justicia social como la principal bandera política.

Quizá por la diversidad de actores, de territorios y de perspectivas de resistencia no ha sido posible generar una propuesta práctica de consenso y articulación real (un proyecto político común) sobre lo que implicaría esa consiga de la paz con justicia social en la realidad de Colombia, un país que reclama propuestas concretas y salidas urgentes a problemas estructurales.

La paz más que un discurso o una posibilidad, es un anhelo y una necesidad del pueblo, pero junto a ella está la necesidad de conquistar escenarios de derechos, de garantías y condiciones de dignidad para las grandes mayorías que han estado excluidas y no aguantan más una realidad tan desigual e injusta como la que vive Colombia.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)