El incremento hiperinflacionario y los niveles de desabastecimiento crónico, unidos a la ineficiencia y la corrupción institucional presentes en cuanto a lo que debiera ser la efectividad de los canales de distribución de productos, obligan a plantear como una alternativa necesaria que el pueblo organizado, ya sea a través de los consejos comunales, de las comunas o de los comités de usuarios y consumidores que se lleguen a constituir, tenga una participación real y vinculante en el control de la grave situación económica que está confrontando Venezuela.

Si nos hallamos en una guerra económica, como lo manifiestan a cada rato los personeros del gobierno, lo lógico es pensar que se tomen medidas excepcionales (entendiendo lo que es una economía de guerra) que permitan derrotar al enemigo, en este caso, a los comerciantes inescrupulosos, a los bachaqueros y a los funcionarios públicos que han hecho de la corrupción un negocio muy lucrativo, a tal punto que ninguno de ellos se queja de la crisis en que se halla la generalidad de los venezolanos. En tal caso, debiera activarse una contraloría social de forma permanente, incluso entre los mismos organismos públicos a los cuales se les encomiende esta tarea, puesto que el burocratismo es uno de los principales resguardos de la corrupción y demás delitos que se cometen, al ocultar, obviar e impedir cualquier procedimiento legal que se inicie en su contra.   

Por otra parte, hay que advertir que la extensión del rentismo petrolero y la profundización del extractivismo, sobre todo con la explotación del Arco Minero del Orinoco y la implementación de la criptomoneda del Petro, estarían beneficiando, básicamente, al capital financiero, nacional o extranjero, lo que a la larga significaría desmantelar, de una u otra forma, lo que pudo ser la construcción de un sistema económico distinto en manos de los trabajadores y de los sectores populares, en el cual predominara el valor de uso por encima del habitual valor de cambio del capitalismo. Respecto a ello, se entiende la necesidad de obtener recursos y tratar de levantar la economía nacional, pero debe evitarse, en lo más que se pueda, recurrir a las fórmulas del neoliberalismo capitalista como única y última opción, lo que complacería grandemente a quienes, abierta y encubiertamente, desde adentro y desde afuera, se han opuesto a la alternativa democrática del poder popular soberano, esta vez con mayor empeño que cuando gobernaba Hugo Chávez.

La situación presente de Venezuela, con todo el diagnóstico negativo que se pueda hacer a diario en cualquier parte del territorio nacional, exige la construcción colectiva y democrática inmediata de nuevos espacios de participación, así como de nuevos liderazgos, sin reciclajes, que estén verdaderamente comprometidos con la ampliación y la consolidación efectiva de una democracia participativa que rebase y elimine, al mismo tiempo, los límites impuestos por la demagogia y el clientelismo político.

El bloqueo o estado de sitio económico que padece Venezuela pudiera superarse si se trabajara ciertamente por hacer realidad el poder popular soberano, con suficiente independencia económica y política, lo que podría incidir, siendo optimistas, en la generación de los cambios estructurales que fueron postergados desde los tiempos de Chávez y que ahora son harto necesarios, aún más que antes, puesto que el viejo modelo político implantado por el puntofijismo ya caducó y se requiere uno más ajustado a los nuevos tiempos que vive el país. Esto debiera bastar para unificar a todos los sectores sociales y políticos alternativos en la puesta en marcha de una amplia propuesta de transformación estructural del Estado, como lo plantea, por ejemplo, el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), de modo que exista esa posibilidad no lejana, ni quimérica, de regenerar el país con hombres y mujeres realmente patriotas, dispuestos a defender los intereses nacionales por encima de cualquier interés particular, ya sea éste partidista o económico.