El verano uruguayo se vio sacudido por la extensión de una serie de protestas de productores rurales reclamando al Gobierno medidas urgentes para enfrentar lo que entienden como una crisis de rentabilidad en el sector[1]. El movimiento de los “productores autoconvocados”, tuvo su origen por fuera de las gremiales patronales agropecuarias tradicionales. Si bien inicialmente expresó el malestar de pequeños y medianos productores de diversos rubros, rápidamente fue apadrinado por los grandes capitales agrarios y cuenta con el apoyo de todo el arco político de la oposición, las principales cámaras empresariales, las gremiales patronales rurales y la asociación de dueños de medios de comunicación. Estos últimos convocaron y realizaron una extensa cobertura de lo que fue la primera demostración de fuerzas de este movimiento: una concentración en una localidad en el interior del país el pasado 23 de enero, a la que asistieron cerca de 6.000 personas[2].

Entre las medidas exigidas destacan la devaluación de la moneda, el abaratamiento de costos (energético, impositivo) y la atención al problema del endeudamiento del sector. Su principal planteamiento es que el “campo” está cargando con un Estado “ineficiente” y “gigantesco”, que debe ajustarse[3].

La economía política del malestar neo-ruralista

La clave general para entender la “crisis” del agro radica en el descenso de la renta agraria como consecuencia del fin del boom de precios de las materias primas a mediados de 2014. El peso sobrevaluado permitió capturar indirectamente la renta agraria y sostener el poder de compra externa del conjunto de la economía a costa de los márgenes del negocio agroexportador, debido a que el peso alto disminuye los ingresos en pesos de quienes reciben dólares por sus exportaciones [4].

La disyuntiva no es nueva y la enfrentan todos los países exportadores de materias primas. Por un lado, la sobrevaluación del peso ante una oscilación abrupta de los ingresos externos, permite contener la inflación y sostener el salario real, aunque a costa de un deterioro de la rentabilidad agrícola.

Esta presión sobre la rentabilidad del sector agropecuario lo impacta por lo menos de tres maneras:

1. Como un problema de rentabilidad y sobrevivencia en las capas de productores pequeños, que ya sea por su escala o por ubicarse en rubros particularmente afectados, conviven con el riesgo de no poder continuar reproduciéndose a partir de su trabajo y el de su familia.

2. Como un problema de achicamiento de márgenes de rentabilidad en aquellos capitales más dinámicos y/o de mayor escala y en los propietarios de grandes extensiones de tierra, manifestando una puja de carácter distributivo y no de crisis abierta.

3. Como una baja en los niveles de actividad de otro conjunto de capitales que funcionan de forma adyacente a los capitales agrarios (transportistas, comerciantes, rematadores, veterinarias), lo que incluye un conjunto de capitales y por ende trabajadores de varias ciudades del interior del país cuyo dinamismo depende directamente de la actividad de los enclaves agropecuarios.

El capital acaricia su “movimiento de indignados”

Lo anterior es la base que permite entender la potencia de esta “revuelta”. Expresa el malestar de todo un entramado social, compuesto por el pequeño y medio capital que representa un sujeto dinámico e influyente en el interior del país, que consiguen un poder de movilización más que relevante sobre todo cuando se articula con el agro-negocio y los grandes terratenientes.

De esta manera, llegamos a un punto en el que se está coagulando la transformación de un malestar derivado de la crisis y del descenso de la rentabilidad de pequeños y medianos capitales rurales, en la rearticulación de la agenda del capital. Reclamos legítimos de las capas más afectadas de productores acaban siendo capturados por propuestas de reconfiguración regresiva del proceso social y sirven de punta de lanza en la disputa distributiva por la renta agraria de los capitales en general. Están confluyendo poder económico, político y mediático, con gente; lo que le brinda a la derecha su propio movimiento de masas.

Ya instalado el conflicto a escala nacional, el clivaje que va cobrando forma es el de productores vs. Gobierno. De un lado, el trabajo, el esfuerzo y la producción. Por el otro, el gasto, la comodidad y la mala administración. Una suerte de regreso al mito liberal originario que opone a las “fuerzas vivas de la producción” con el Gobierno que malgasta su esfuerzo productivo. Por primera vez desde que gobierna el Frente Amplio hay una base social genuina que se coloca en el centro de la escena y se moviliza activamente detrás de una plataforma derechista y con un discurso que busca erosionar la legitimidad del Gobierno.

Son fuertes las similitudes con lo ocurrido en Argentina en ocasión de las movilizaciones del capital agropecuario contra las retenciones a las exportaciones en el año 2008. La diferencia es que en el caso argentino la disputa estaba planteada fundamentalmente en el plano impositivo, mientras que en Uruguay, la vía por la cual los capitales agrarios ven su rentabilidad disminuida es la cambiaria.

Lo que está en juego

Desde que comienzan a desaparecer los fundamentos que facilitaron la implementación de una economía política progresista y su pacto distributivo implícito (altos precios de exportación e ingresos de capitales externos), lo que empieza a perfilarse en el horizonte es cómo y sobre quién se va a procesar el ajuste. En este sentido, la derecha (social y política) como expresión directa del capital, logra impulso y gana la iniciativa de cara a un año donde se concentran las negociaciones de todos los grupos salariales, y donde posiblemente estará de fondo el debate respecto a reformas laborales regresivas.

Comienza a rearticularse una mirada más estratégica detrás de los grandes ejes de una plataforma neoliberal o de gestión de un capitalismo uruguayo sin altos flujos de renta. El ajuste basado en el abaratamiento de los salarios y la reducción del gasto estatal, sobre todo el vinculado con los servicios sociales (educación, salud, seguridad) y al sostén a base de planes sociales de la población excluida, cobra fuerza.

Por tanto, lo que empieza a jugarse cada vez con mayor claridad no es solo la elección de 2019 sino, sobre todo, la salida por derecha al cruce de caminos que se abre luego de la crisis del modelo de gestión progresista del capitalismo uruguayo.

Por el momento, la reacción del Gobierno es intentar quebrar la unidad de los capitales agrarios y separar el problema por sectores, de modo que las compensaciones necesarias a ofrecer para desarticular el foco de tensión sean menos costosas y no le impliquen desarmar el conjunto de finos equilibrios en los que se mueve a nivel de la sociedad en general, en particular en un año de negociación salarial. El Poder Ejecutivo ya realizó una serie de medidas (subsidios a los sectores más afectados, baja en los costos de la energía eléctrica y gasolinas y refinanciación de deudas)[5], que las cámaras empresariales rurales y el movimiento de “autoconvocados” ya juzgaron como insuficientes.

El problema de fondo es que el entramado de capitales agrarios no puede resolver su crisis de rentabilidad sin avanzar sobre el Estado y el precio de la fuerza de trabajo, por tanto, hay allí razones de índole orgánica que obligan a estos capitales a emprender el camino del activismo político para resolver sus problemas de reproducción.

Por su parte, el Gobierno requiere recursos para ofrecer un programa creíble para el pequeño y mediano capital capaz de evitar su crisis. Una parte de ellos puede conseguirlos con emisión de deuda para seguir ganando tiempo. Pero tarde o temprano la disyuntiva se instalará y, o bien cede a las presiones y descarga el ajuste sobre su base asalariada, o bien avanza sobre el único lugar posible del cual extraer plusvalor para redistribuir y ganar aliados en la pequeña producción: la renta del suelo o renta agraria. Situar este último aspecto en el foco del debate, resulta clave para fisurar la unidad entre los capitales arrendatarios y los terratenientes.

Entre los años 2000 y 2015, a partir del empuje de los precios de exportación, la masa de renta agraria pasó de casi 350 millones de dólares anuales a 1.650 millones (ver gráfica)[6]. Esto representó un incremento sustancial de los ingresos de los dueños de tierras, muchos de los cuales ni siquiera operan en sus propiedades y solamente viven de las rentas, y de un incremento en las ganancias extraordinarias de aquellos empresarios que son a la vez productores y dueños del suelo. El Estado se apropia de apenas el 8 % de esta masa de ingresos, fundamentalmente a través de impuestos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por Oyhantcabal-Sanguinetti, 2017 en base a estadísticas oficiales.

En la construcción de condiciones políticas para avanzar sobre esta riqueza desde una perspectiva redistributiva se juega la suerte de las fuerzas políticas que postulan un modelo de desarrollo inclusivo. Este movimiento puso en evidencia la importancia de discutir seriamente quién se apropia y para qué se utiliza la renta agraria en Uruguay.

Notas

1. Ver: https://brecha.com.uy/campo-la-patria/

[2]              Ver https://www.elobservador.com.uy/las-mejores-imagenes-la-concentracion-pr...

[3]              Ver https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/1/productores-detallaron-propuesta...)

[4]              El Tipo de cambio real de Uruguay respecto a Estados Unidos se encuentra un 30% por debajo de la media histórica. Ver https://www.objetiva.com.uy/node/4918

[5]              Ver http://www.lr21.com.uy/economia/1358341-medidas-gremiales-rurales-campo-...

[6]              Por un desarrollo más extenso de esta temática ver: EL AGRO EN URUGUAY: RENTA DEL SUELO, INGRESO LABORAL Y GANANCIAS de Gabriel Oyhantcabal y Martín Sanguinetti, en Problemas del desarrollo. Volumen 48, Edición 189, Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado por Elsevier España, 2017. Disponible en ScienceDirect.

Rodrigo Alonso 

Investigador de CELAG

http://www.celag.org/conflicto-agro-uruguayo-capital-la-ofensiva/