“Los Estados Unidos parecen destinados para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad” Libertador Simón Bolívar.

La intervención que EEUU está promoviendo contra Venezuela con la complicidad del llamado “Grupo de Lima”, integrado por doce países (menos de la mitad de la OEA) entre los cuales aparece vergonzosamente Panamá, es una empresa ilegítima e imposible porque viola escandalosamente la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

La violación colectiva del Derecho Internacional cubre décadas de acciones ilícitas desde que Hugo Chávez llegó al poder y EEUU empezó a perder sus ventajas, canonjías y subsidios petroleros.

Pese a su insuperable desprestigio, la Carta de la OEA consagra principios de Derecho Internacional que imposibilitan la intervención individual o colectiva de sus miembros en los asuntos internos y externos de otros Estados y que son, mutatis mutandi, los mismos principios de la Carta de la ONU, entre otros:

1. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga (Artículo 3, literal e).

2. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos (Art. 3, literal i).

3. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Art. 19).

4. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza (Art. 20).

5. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. (Art. 21).

6. Los Estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados (Art. 22).

7. Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 131).

La llamada “Carta Democrática” de la OEA no es aplicable contra Venezuela porque la llamada “democracia representativa” que intenta sacralizar está en conflicto con el Artículo 103 de la ONU, que prevalece sobre la OEA: “En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”.

La Carta de la ONU no menciona la “democracia representativa” como un modelo o sistema político obligatorio para sus miembros porque reconoce que en el mundo existen diversas formas de organización política o de gobierno, entre ellos las repúblicas y las monarquías (democráticas o no, presidencialistas o parlamentarias), los principados, etc.

Pero la República Bolivariana de Venezuela supera con creces a las llamadas “democracias representativas” de la región (es de democracia participativa) y es uno de los países más democráticos del mundo, como lo constata su historia y su experiencia actual, constatadas por la ONU, organismos internacionales de derechos humanos y personalidades de prestigio (Fundación Carter), entre otros.

Sin embargo, EEUU y sus adláteres, secuaces y cipayos del Grupo de Lima perseveran para violar el Derecho Internacional pese a que en la OEA ni siquiera lograron el respaldo del organismo para esta aventura imperialista (los países independientes del Caribe y otros lo impidieron) y casi la totalidad del Grupo de Lima viola y está lejos de normas que garantizan mínimos requerimientos siquiera de una elemental gobernanza democrática.

¿Qué derecho tiene EEUU para depredar a Venezuela, si es el mayor violador de la Carta de la ONU y el principal negador absoluto del Derecho Internacional; si EE.UU. es el Estado que más tratados de derechos humanos ha rechazado o no ha ratificado a nivel mundial; si EEUU es el país con el mayor número de penas de muerte en el planeta; si EEUU es el Estado cuyo presupuesto de “defensa” es mayor que el presupuesto total de los siguientes seis Estados; si EEUU es el Estado con mayor cantidad de bases militares en el mundo (más de mil); si EEUU ha dividido al planeta en diez comandos militares, sin autorización o el consentimiento de ningún país; si EEUU es el Estado que acapara la mayor parte de la riqueza mundial; si solamente, según la FAO, se requieren 1,060 millones de dólares para acabar con el hambre del mundo, mientras que EEUU gasta un billón de dólares (más de mil millones) en guerras? ¿Qué derecho tiene ese país delincuente de negar el derecho a la existencia del pueblo venezolano?

¿Qué derecho tiene Colombia para encabezar la agresión contra Venezuela, si a lo externo es un país ocupado por EE.UU. (siete bases militares) y carece de independencia; y, a lo interno, es un narcoestado que mantiene a uno de cada diez habitantes en el extranjero, seguido por Brasil y Perú; si Colombia ha traicionado los Acuerdos de Paz con la guerrilla y asesina y permite a paramilitares liquidar sistemáticamente a defensores sociales y de derechos humanos; si Colombia tolera que se hostiguen y agredan a movimientos políticos que participan en la política nacional (FARC), y si Colombia es cómplice de las sanciones y será punta de lanza de la invasión a Venezuela?

¿Qué derecho tiene el Perú para alegar falta de democracia en Venezuela, si su presidente, Pedro Pablo Kuczynski fue casi destituido por el Congreso por “incapacidad moral” para gobernar por recibir sobornos de Odebrecht, por indultar ilegalmente a Alberto Fujimori, genocida confeso; y si su gobierno está sitiado permanentemente por reclamaciones de trabajadores de la salud y la educación?

¿Qué derecho tiene Argentina para cuestionar la transparencia en Venezuela, si su presidente, Mauricio Macri, está embarrado con Odebrecht y en los “Panama Papers” hasta los tuétanos y su gobierno está cotidianamente acosado por reclamaciones de su pueblo (y por Mapuches), de jubilados y las clases medias, que han visto estancar su progreso bajo Cristina Kirchner?

¿Qué derecho tiene Brasil para prestar su territorio como trampolín intervencionista y denunciar a Venezuela como “dictadura”, si su presidente no electo, Michel Temer, llegó al cargo a raíz de un “golpe suave” contra Dilma Rousseff y fue acusado por el Fiscal General del Estado de "corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y organización criminal", mientras bloquea antidemocráticamente la candidatura de Luis Inacio Lula da Silva a la presidencia?

¿Qué derecho tiene México, para denunciar a Venezuela por “crisis humanitaria”, si su presidente, Enrique Peña Nieto, preside un gobierno corrupto y sustentado por el narcotráfico y el crimen organizado, que ha entregado las riquezas de México a las transnacionales de EE.UU. y ostenta el mayor número de periodistas asesinados y desaparecidos a nivel mundial?

¿Qué derecho tiene Honduras (¡por favor!) para cuestionar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, si su “presidente”, inconstitucional y no electo, producto de un fraude de carácter cósmico, José O. Hernández, se aferra al poder sentado en las bayonetas del Comando Sur y mata sin asco a su pueblo?

¿Qué derecho tiene Panamá para cuestionar la independencia y la democracia de Venezuela, si el Partido Panameñista (del presidente Juan Carlos Varela) llegó al poder en brazos de los invasores (que lo juramentaron en un base militar extranjera) a raíz de la invasión de 1989, motivo por el cual los acuerdos firmados bajo ocupación son ipso facto, nulos?

¿Qué moral tiene Panamá para destruir el derecho a la autodeterminación de Venezuela, si su primer presidente títere posinvasión y presidente del Partido Panameñista (de Guillermo Endara y Juan Carlos Varela), suscribió el Acuerdo Arias Calderón-Hinton (1991), base de los tratados Salas-Becker 2002, que entregan el país a 16 agencias federales de EE.UU. (incluidos el Pentágono, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y el Servicio de Guardacostas), que pueden convertir nuevamente a Panamá en plataforma de agresión del Comando Sur?

¿Qué derechos tiene Panamá para inmiscuirse en Venezuela, si sus gobiernos han tolerado sin chistar las MANIOBRAS PANAMAX (2003-2018) anualmente entre países de la región y de la OTAN en base a un tratado entre Chile y EE.UU. (2003) que viola el Tratado de Neutralidad y la Constitución Nacional, y que Panamá desconoce y no ha suscrito?

¿Qué derecho tiene el presidente Juan Carlos Varela, para suscribir el Acuerdo Nuevos Horizontes 2018, que puede instrumentarse para encubrir una intervención contra Venezuela, si el mismo es violatorio del Tratado de Neutralidad, de la Constitución Nacional y del Derecho Internacional?

¿Qué derecho tiene el presidente de Panamá para actuar contra Venezuela, si los Tratados Salas-Becker de los cuales “Nuevos Horizontes” forma parte, jamás fueron sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa o Nacional y, por lo tanto, no existe obligación constitucional de cumplirlos?

La expresidente de Panamá Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, tiene el deshonor de haber suscrito la totalidad de los Tratados Salas-Becker (entre 2001 y 2004, salvo el de 1991) y de indultar ilegalmente, a petición de Colin Powell (“el carnicero de Panamá”), a Luis Posada Carriles, el terrorista confeso que intentó asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro, en 2002. El indulto fue anulado por la Corte Suprema de Justicia después que el pájaro se echara a volar.

La expresidente Moscoso autorizó el Tratado Alemán Zubieta-Becker (1 de abril de 2002), firmado por el Administrador de la Autoridad del Canal, Alberto Alemán Zubieta, que no estaba facultado para suscribir tratados y quien, para colmo, lo aceptó y firmó en inglés, aunque la Constitución Nacional consagra el español como lengua oficial de Panamá: ¡extralimitación de funciones para la expresidente y el ex Administrador del Canal (CN, Art. 191)!

No obstante la ninguna capacidad moral o legal del Grupo de Lima para atacar a Venezuela, EE.UU. insiste en invadirla con la complicidad de gobiernos no representativos, anacrónicos, forajidos y enemigos del Derecho Internacional, que aprovechan los Carnavales y le hacen comparsa (hoy martes Carnaval) a su Dios Momo, EE.UU., bajo la bandera infame de una “Intervención Humanitaria”.

Se nos quiere hacer creer que en Venezuela hay una “crisis humanitaria” que exige enfrentar a pueblos contra pueblos de la región, a pobres contra pobres y a hermanos contra hermanos, para satisfacer los apetitos de Washington, malinterpretando al estratega genial chino, Sun Tzú, que aconsejaba ahorrar las propias fuerzas y usar las ajenas.

Pero las intervenciones humanitarias, que responden a la necesidad de proteger a víctimas de las guerras cuando no existe la voluntad o la capacidad del soberano para asumir esa responsabilidad, han sido desnaturalizadas por los poderes hegemónicos para encubrir sus fechorías depredatorias. Pero, ¡ojo!, la intervención humanitaria es un concepto polémico aún bajo debate.

Personalmente me opuse, como presidente de SERPAJ-Panamá, a su adopción indiscriminada en reunión de la ONU en Centroamérica (San José, 2005), convocada por la Fundación Arias. A veces se le confiere el “derecho a proteger” --inherente a la “intervención humanitaria”- al Consejo de Seguridad de la ONU, a un acuerdo regional (OTAN, por ejemplo), o a un grupo de Estados.

No obstante, en Yugoslavia se implementó la “intervención humanitaria” para impedir supuestamente una limpieza étnica que Slobodam Milosevic llevaba a cabo en Bosnia, pero la OTAN (léase EE.UU.) invadió a Yugoslavia, el único país europeo que no era miembro de esa organización bélica, lo desmembró por intereses geopolíticos del imperio y la sumió en la ruina.

Sin embargo, la verdad llegó tarde: “Diez años después de que Slobodan Milosevic, ex presidente de la desaparecida Yugoslavia, muriera en extrañas circunstancias (bajo arresto), el Tribunal Penal Internacional ha exonerado al político servio de la responsabilidad en supuestos crímenes de guerra cometidos en Bosnia…

“Slobodan Milosevic fue vilipendiado de manera sistemática por toda la prensa occidental y por los políticos de los países de la OTAN. Los medios de comunicación de la época lo calificaron como el ‘carnicero de los Balcanes’, y lo compararon con Hitler. Fue acusado igualmente de ‘genocida’ y de ser ‘un monstruo sediento de sangre’, según rezaban los titulares de los grandes rotativos europeos y estadounidenses de entonces.

“Con la utilización de ese cliché falsificado se trató de justificar no sólo las sanciones económicas contra Serbia, sino también los bombardeos de la OTAN en 1999 sobre Serbia, así como la encarnizada guerra de Kosovo (http://canarias-semanal.org/not/18794/el-tribunal-internacional-de-la-haya-reconoce-tardiamente-la-inocencia-de-slobodan-milosevic/).

En Libia, se implementó en 2011 la “intervención humanitaria” para enfrentar la violación de los derechos humanos por parte del “dictador” Muamar Gadafi, pero la OTAN (EE.UU.) se hizo cargo y emprendió su “derecho a proteger” a la población “desvalida”: durante siete meses, arrojaron 40 mil bombas y misiles contra la población y, usando espías, terroristas y mercenarios extranjeros, mataron a 120 mil libios; asesinaron de manera atroz y antinatura a Gadafi; expropiaron los activos y el petróleo del país, sumiéndolo en un infierno perpetuo, y eliminaron del gobierno a los libios “de piel oscura” a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había encomiado ese mismo año de 2011 a Gadafi justamente por el progreso de Libia en ese rubro. Después se supo que una de las razones de la “intervención humanitaria” era el intento de Gadafi de expulsar y reemplazar el dólar con monedas propias.

En Panamá, EE.UU. ni siquiera se tomó el trabajo de informar a la OEA ni a la ONU, como tampoco a su Senado, que debía aprobar la invasión de 1989, pero sí mintió y satanizó al General Manuel Antonio Noriega, como se evidencia en documentos “Secretos-Sensitivos” del Consejo de Seguridad Nacional, los cuales fijaron el objetivo de abrogar los Tratados del Canal y destruir las negociaciones entre Japón y Panamá para un nuevo Canal (de próxima aparición: Julio Yao, El Monopolio del Canal y la Invasión a Panamá, EUPAN, 2018).

Pero en Venezuela no hay crisis humanitaria ni guerra civil (tampoco en Panamá): hay una masiva intervención externa en los asuntos propios, internos y externos, de su pueblo, que se manifiesta en guerras ultramodernas y multiformes, con apoyo transnacional de países, organizaciones no gubernamentales y personalidades que intentan destruir el país, matar su revolución y robarle a Venezuela sus prodigiosas riquezas naturales.

La intervención en Venezuela sería una agresión contra América Latina y el Caribe, un retroceso temporal de la Unidad Latinoamericana, un golpe a la memoria de los libertadores de Nuestra América, y por lo mismo, esa intervención es imposible ¡y no puede triunfar!

-Julio Yao es analista internacional y Diplomático de Carrera; fue profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, asesor del General Omar Torrijos, vicepresidente del Movimiento Unidad Latinoamericana y Agente de la República de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.