Si uno observa atentamente el escudo del Estado Plurinacional de Bolivia, verá en el fondo de su óvalo una montaña. Pero no cualquier montaña: es el Sumaj Orcko, cerro magnífico, lugar sagrado para quienes habitaban en su vecindad. Hacia mitad del siglo XVI llegarían al lugar los conquistadores y el cerro cambiaría de nombre y de función, pasando a llamarse Cerro Rico. A su vera crecería Potosí, una de las ciudades más populosas y ricas de aquel mundo. El enorme flujo de plata extraído del cerro adornaba y proveía la platería de cientos de iglesias y las mesas señoriales de los que concurrían a ellas. Pero sobre todo -cuenta Galeano en sus “Venas abiertas”- financiaba las deudas de la Corona española con banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. Deudas que costeaban nuevas guerras, nuevas conquistas, nuevas muertes. Hay cosas que permanecen, según parece.

Nada quedaba para los millones de indígenas mitayos y esclavos africanos que murieron en aquellas minas. Nada, salvo dieciséis horas de trabajo diario e insalubre en un frío inclemente a más de cuatro mil metros de altura. Nada, salvo una esperanza de vida por debajo de los 35 años, tuberculosis y silicosis crónicas, castigo por desobediencia o mutilaciones y muertes por accidentes.

Un siglo después decayó el precio de plata y con ello comenzó la decadencia de la fiebre por ella. Pero el suelo boliviano guardaba todavía una enorme riqueza mineral. Fue el turno del estaño.

Ya era otro siglo y otro cerro – Llallagua - con cuyas entrañas comenzó a edificar su imperio económico Simón Patiño. Para entonces, también el mundo había cambiado de imperio y de idioma. Pero el dinero continuaría siendo idioma universal.

Patiño se haría de muchas minas más, construiría el Ferrocarril Machacamarca-Uncía, fundaría el Banco Mercantil y se transformaría en un inversionista mundial. Nuevamente una guerra, la primera guerra mundial, haría subir los precios del metal y con ello, el poderío de los consorcios mineral capitalistas. Consorcios que manejaron la política boliviana y financiaron sucesivas dictaduras. De esas enormes fortunas, poco quedaba para el erario nacional y el desarrollo al servicio del pueblo. “Para eludir los impuestos”, señala Decio Machado (fundación ALDHEA), Patiño “transfirió en mayo de 1924 la sede de sus negocios a los EEUU, constituyendo en julio del mismo año, la Patiño Mines & Enterprise Consolidated Inc., que registró en el estado de Delaware.” Hay cosas que permanecen, según parece.

El excremento de la guerra

El guano es el excremento de aves de zonas costeras, cormoranes llamados guanay. Grandes cantidades de él se hallaban en el litoral boliviano, que junto a la desértica región de Atacama albergaban copiosos depósitos de salitre, un excelente fertilizante como el guano, pero también importante en la fabricación de pólvora. Pólvora que explotó en la Guerra del Pacífico, en la cual Chile se apropió de la costa y el mar pertenecientes a Bolivia.

Pero esa guerra no fue la única en la continuada extirpación de riqueza y territorio boliviano. Pocos años después, en 1899, se desató la Guerra del Acre, en la que Brasil arrebató a Bolivia territorio rico en árboles de caucho y yacimientos auríferos.

Entre 1932 y 1935, en la zona del Chaco, más de cien mil soldados bolivianos y paraguayos morirían en una contienda por el control de supuestos yacimientos petrolíferos bajo su subsuelo. Entre las fuerzas instigadoras de la guerra, la avidez petrolífera de la Standard Oil de Nueva Jersey y de la anglo holandesa Shell.   

Nacionalizaciones contra el saqueo

Las sublevaciones siguieron al despojo y a ellas la cruenta represión de los sublevados en un ciclo amargo y continuo. Pero también triunfaría la justicia. La revolución de 1952, liderada por Víctor Paz Estenssoro (MNR), nacionalizó los recursos mineros, emprendiendo un programa de profundas reformas sociales, entre ellas la reforma agraria y la institución del voto universal. Doce años después sería derrocado por el golpe militar encabezado por René Barrientos y diseñado en Washington.

Los hidrocarburos, a su vez, fueron nacionalizados tres veces. En 1936, a la finalización del conflicto con Paraguay, fue el turno de los pozos de la Standard. En 1969, Ovando Candia nacionalizó los de la Gulf Oil.   Finalmente, en 2006, a poco de llegado a la presidencia Evo Morales Ayma, el decreto 'Héroes del Chaco' otorgó al Estado el control absoluto de los importantes yacimientos de gas y petróleo del país.

El Proceso de Cambio

En el transcurso del Proceso de Cambio puesto en marcha por los movimientos sociales junto al gobierno de Evo Morales, el Estado recuperó sus principales recursos soberanos y convirtió en estatales a las principales empresas de servicios públicos, gestionadas hasta entonces por multinacionales, principalmente españolas y francesas.

En términos monetarios, esto ha significado el mayor crecimiento económico de los últimos años en América Latina y un exponencial crecimiento de las reservas internacionales del país. Es decir, disponibilidad de recursos para emprender un mejoramiento radical de la calidad de vida de los bolivianos.

Reducir la pobreza extrema de 34 a 15%, una amplia red de más de 3000 centros públicos de salud incluyendo regiones de difícil acceso, 85% de la población disponiendo de agua potable, la entrega de títulos de propiedad de la tierra a más de un millón y medio de campesinos, diversos programas universales de transferencia directa como la Renta Dignidad o el Bono Juancito Pinto, destinar hasta 14% del presupuesto del Estado a fines educativos, construir miles de viviendas sociales o incrementar los salarios, son realizaciones que hablan por sí solas… aunque los medios privados poco hablen de ello.

Una novela televisiva urdida por la restauración conservadora

De lo que sí hablaron los medios hasta el hartazgo hace dos años fue de Gabriela Zapata, una antigua novia de Morales, relación de la cual - según un periodista con dudosas vinculaciones - habría nacido un niño ocultado a la opinión pública. Además, la señora habría utilizado influencia y contactos a fin de conseguir contratos del Estado para la compañía china CAMC, de la que era ejecutiva. Una trama novelesca, como toda ficción con algún trozo verdadero.

El niño era por supuesto inexistente, pero la empresaria Zapata sí fue condenada a diez años de prisión por los contratos obtenidos, aunque el presidente o sus colaboradores no tuvieran relación con ello.

El culebrón de intimidades y corrupción logró envenenar la opinión pública, cuestionando la moral presidencial y consiguió su objetivo: torcer el resultado del plebiscito de febrero de 2016. Con una participación cercana al 85% el No ganó entonces por algo más de dos puntos porcentuales.

Mirar con perspectiva histórica

Un reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia ha habilitado la posibilidad de que Evo Morales se postule en las próximas elecciones presidenciales. Con él, aumentan las posibilidades de dar continuidad a un proceso de profundas transformaciones que cumple ahora doce años.

Más allá de los aspectos materiales, el pueblo boliviano, en especial el más sometido y discriminado, ha recuperado su dignidad y protagonismo en la esfera política. Acaso eso es lo que más le duele a los sectores de la oligarquía, a las empresas transnacionales y a cierta clase media urbana temerosa del ascenso de los sectores populares.

Los grupos de poder, resueltos a impedir los cambios, han organizado y financiado “comités cívicos”, herederos del golpismo mediolunático de 2008, los que impulsados por los EEUU y alentados por aires de restauración neocolonial protestan el supuesto irrespeto de la voluntad popular, claman una “deriva antidemocrática” y se rasgan las vestiduras por la “corrupción generalizada”. Un molde publicitario repetido en distintos lugares de América Latina pero no por eso menos efectivo.

En perspectiva histórica, la pregunta correcta no es sobre proscribir candidaturas para supuestamente preservar la democracia, como también se intenta con Rafael Correa, con Lula o con Cristina Fernández. La pregunta es sobre cómo democratizar la vida, evitando el retorno a una política controlada por el poder económico, llena de sufrimiento y violencia para el pueblo boliviano. Porque, ¿cuántos años de soberanía y dignidad son necesarios para reparar siglos de expolio y vejación? Seguramente más que doce.

Javier Tolcachier es un investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista.