El Tardofranquismo sería hijo del Tejerazo o golpe blando de 1.981 en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el establishment asociado al sistema monárquico, al sistema político bipartidista y a la “unidad indisoluble de la nación española” y estaría plasmado en la todavía vigente Constitución de 1.978, Carta Magna que estaría blindada ante cualquier cambio institucional que se pueda producir en el Estado español con lo que se cumpliría una vez más el testamento de Franco : “Todo está atado y bien atado”.

El Tardofranquismo sería un anacronismo político que bebería de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y que incluirá en su cartografía la llamada “Doctrina Aznar”, distopía que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España “, lo que se traducirá en la aparición de “presos políticos “ en la sui generis democracia española, de los que serían paradigma los 3 jóvenes de Alsasua y los Presidentes de Omnium y Assemblea Nacional Catalana (ANC) junto con Oriol Junqueras y Forn.

¿Existen presos políticos en España?

Si atendemos a la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (resolución de 1.900) podemos deducir que existen en estos momentos en el Estado español los presos políticos. Así, el supuesto III de dicha resolución, afirma que “se considerará que existen presos políticos en el caso de que “por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha”, supuestos que se pueden aplicar con total exactitud en el caso de los 3 jóvenes de Alsasua que llevan más de 1 año en prisión incondicional y con total ausencia de seguridad jurídica al ser rechazados todos los argumentos de sus abogados defensores por la Juez Lamela y por la Fiscalía del Estado , cuya primera misión es “ velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos de España”.

En el caso de Oriol Junqueras, los Jordis y los consellers del Govern Catalán condenados a prisión incondicional, se cumpliría el supuesto IV de la citada resolución 1900 del Consejo de Europa, que señala que existirían presos políticos si “por motivos políticos, la detención e ingreso en prisión se produzca de manera discriminatoria en comparación contras personas”. Así, la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell y 3 miembros de la Mesa de dicho Parlament, a pesar de haber sido acusado de los mismo delitos que Oriol Junqueras y los 7 consellers (rebelión, sedición y malversación de fondos) habrían sido puestos en libertad con medidas cautelares por el Tribunal Supremo a diferencia de los anteriores juzgados por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional.

La juez Lamela como brazo ejecutor de la Doctrina Aznar

Para entender el proceder de la juez Lamela y la deriva involucionista del Estado español, habría que recurrir a la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la "derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa" y el mantenimiento de la "unidad indisoluble de España " con el objetivo último de criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos todos ellos constituyentes de la llamada “perfección negativa”. Dicho término fue empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y que tendría a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela como brazo ejecutor. Así, dicha juez sería la encargada del llamado “affaire Alsasua”, en el que ocho jóvenes de la localidad navarra de Alsasua podrían ser condenados a penas estratosféricas de 52 años de prisión al ser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”. Asimismo, Lamela sería la responsable de ordenar el ingreso en prisión incondicional del Vicepresidente Oriol Junqueras y ocho Consellers de la Generalitat por presunto delito de rebelión que podría acarrearles penas estratosféricas de 30 años para cada uno de ellos, todo lo cual representaría un auténtico ejercicio de “terrorismo jurídico” que generará una inmediata reacción de repulsa popular e institucional y que será un proceso judicial de largo recorrido que terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

La espiral de silencio de los medios de comunicación españoles

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa Unidad de España y a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del Estado español plasmada en la instauración de la Ley Antiterrorista, la persistencia de la tortura, la Ley Mordaza y la unidad indisoluble del Reino de España, elementos constituyentes de la llamada “ perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.

La mencionada deriva totalitaria del Estado español estaría amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977). Dicha teoría simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva.

El informe anual de Amnistía Internacional certifica la deriva autocrática del Gobierno de Rajoy

En este contexto, el reciente informe anual de Amnistía Internacional sobre las libertades en España, ha vuelto a levantar ampollas en el establishment del Estado español al certificar meridianamente “la deriva autocrática” del Gobierno de Rajoy que contaría con la complicidad de Ciudadanos y PSOE como garantes del caduco Régimen del 78.

Así, vuelve a condenar la aplicación de la legislación antiterrorista a los detenidos por los incidentes de Alsasua al señalar que “el poder judicial continuó aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista. Tres de las siete personas detenidas y acusadas de delitos de terrorismo por su presunta participación en una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 permanecían en prisión preventiva, pendientes de una vista prevista para abril de 2018”. Asimismo, la organización ha constatado ataques al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como en la práctica policial (uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre en Catalunya) así como la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Respecto a la libertad de expresión, la nueva ofensiva represora del Gobierno de Rajoy basada en la aplicación de los llamados “delito de odio” y “de enaltecimiento del terrorismo” estaría constriñiendo hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas y condenas de prisión para incontables tuiteros como Boro o raperos como Valtonyc, por lo que AI constata que el ejercicio de la libre expresión en las redes sociales “se ha vuelto cada vez más peligroso debido a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información” .

Germán Gorraiz López

Analista